La evaluación de las políticas públicas en el siglo XXI

Una de las diez áreas tractoras del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía española, presentado por el Presidente del Gobierno el miércoles, 7 de octubre, es Promover una Administración del siglo XXI. A ésta área se pretende asignar el 5% de los 72.000 millones de euros que se están presupuestando hasta el 2023. Si algo ha mostrado la pandemia, además de su poder destructor en vidas humanas, es la necesidad de contar con buenos protocolos para la recogida de información, buena coordinación entre diferentes instituciones, y buena capacidad de análisis para poder “adelantarnos” a la expansión en los contagios, en lugar de actuar tras la constatación de su capacidad infecciosa. Esta capacidad de análisis incluye por supuesto la necesaria evaluación sobre las decisiones e intervenciones realizadas, tan solicitada por expertos epidemiológicos y que tanto puede ayudar a redirigir intervenciones si fuera necesario.

Nuestro país lleva un retraso considerable en la capacidad de gestionar diferentes fuentes de información que permitan aprender sobre las fortalezas y debilidades de las decisiones públicas. Y no es precisamente la existencia de datos lo que provoca ese retraso, pues nuestro país dispone, tanto a nivel nacional como autonómico, de abundantes fuentes de información provenientes de registros administrativos, bien sea de renta, de tributación, de afiliación a la SS, de personas desempleadas, de salud, etc). Por otra parte, el Instituto Nacional de Estadística dispone de muchísima información, parte de la cual proviene de encuestas realizadas a amplias capas de la sociedad y que complementa la información que los registros contienen. Lo que falta, sin embargo, es un sistema que coordine toda esa información que está dispersa, segmentada y no conectada. Hasta ahora, los registros administrativos han sido utilizados sólo para gestionar. Sin embargo, promover una Administración del siglo XXI exige que esos registros, junto a la información derivada de encuestas y otras posibles fuentes de información provenientes de big data, se ponga , de modo conjunto, debidamente anonimizado para proteger la confidencialidad, a disposición de quienes tengan la misión de analizar y evaluar las decisiones e intervenciones realizadas por las Administraciones. Muchos de estos colectivos son hoy investigadores, pero en el futuro inmediato el uso de este tipo de información sin duda trascenderá al colectivo investigador, pues la buena evaluación será un ingrediente crucial para la toma de decisiones en un mundo de necesidades crecientes y recursos escasos. No en vano, cuatro instituciones de este país que creemos y trabajamos por la buena evaluación de las políticas públicas – AFI, ISEAK, IVIE y Ksnet, acabamos de crear una alianza, denominada REDEV, para apoyar a las instituciones en sus necesidades de evaluación.

La mayoría de nuestros vecinos europeos nos han tomado la delantera, como por desgracia suele suceder cuando uno analiza la implantación de sistemas de gestión y administración modernos. El modelo IDA Danés es sin duda un ejemplo de buenas prácticas para la gestión de datos individualizados de empresas e individuos que permiten evaluaciones del mercado laboral. El sistema es gestionado por el Instituto Danés de Estadística y su objetivo es facilitar a los investigadores la gestión de la recogida de toda la información necesaria, permitiendo la identificación de códigos de empresa y de individuos, una vez anonimizados. Este sistema nació de la colaboración entre investigadores y sector público de Dinamarca. Pero como bien documenta AIREF en un reciente artículo de Opinión, el IDA Danés se suma a otros sistemas, como el IAB Alemán o el CASD Francés. Este último no produce datos propios, sino que actúa como un tercero seguro frente a las distintas administraciones. A pesar de sus diferencias en cuanto a gobernanza en la gestión de la información, la mayoría de estos sistemas comparten algunas características comunes, pues (i) ponen a disposición de los analistas un repositorio de códigos que facilite las tareas más habituales, (ii) se garantiza la protección de datos mediante protocolos contractuales, y (iii) se utilizan centros seguros para el acceso a los datos, bien sea una instalación física o un acceso remoto.

Nuestro país está dando sus primeros pasos hacia un sistema moderno de la gestión de la información. No en vano, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial publicó el 27 de Agosto de 2020 en el BOE la creación de la denominada “Oficina del Dato”, dependiente de dicha secretaría. Entre sus funciones se encuentran precisamente el diseño de estrategias en materia de gestión de datos, la creación de espacios de compartición entre empresas, ciudadanos y AAPP de modo seguro, así como los procedimientos para el acceso seguro a estas plataformas. Será la Administración General del Estado quien diseñe las políticas de gobernanza para la gestión y análisis de los datos. Si bien es preciso dar un margen de confianza a una iniciativa en principio positiva que está por desarrollarse, permítanme destacar algunos elementos que considero cruciales, algunos de los cuales están desarrollados en un reciente documento escrito por miembros de EsadeEcPol y firmado por muchos investigadores, entre quienes me encuentro, así como en el artículo de Opinión de AIREF mencionado anteriormente. El primero es una coordinación ágil entre instituciones, tanto de diferentes niveles territoriales, como de diferentes áreas. El segundo es la capacitación de personal para llevar a cabo las solicitudes de cruces de información. El tercero es que los criterios de acceso a los datos sean transparentes e iguales para todos. Y el cuarto, que se posibilite el acceso remoto para evitar desigualdades territoriales de acceso.

Si en efecto, esta iniciativa resulta ser exitosa, la Administración del siglo XXI se habrá puesto en marcha, y la evaluación generalizada de las políticas públicas puede ser una realidad que servirá a las y los responsables de las mismas a dirigir su rumbo con mucho mayor conocimiento del que se tiene hasta ahora. Y de paso, se impondrá la rendición de cuentas, que tanto necesita este país.

Sara de la Rica es directora de la Fundación ISEAK.