Más acceso a los datos, mejores políticas públicas

El creciente interés por desarrollar políticas públicas basadas en evidencias se debe fundamentar, principalmente, en dos prácticas: la evaluación, para determinar su eficiencia y eficacia; y la colaboración entre administraciones públicas y comunidad científica para desarrollar metodologías rigurosas y facilitar los datos administrativos necesarios para implementar dichas evaluaciones. En este ámbito, el reciente convenio firmado por el INE, la Agencia Tributaria, la Seguridad Social, el Banco de España y el SEPE con el que se permitirá el acceso conjunto a sus bases de datos para trabajos científicos de investigación de interés público, aunque sea una noticia de carácter técnico, tiene una elevada trascendencia ciudadana, ya que puede mejorar el uso de los recursos públicos. El convenio entre estas cinco instituciones nace, además, con vocación de seguir creciendo con la adhesión de otras en el futuro.

La posibilidad que se abre a los investigadores, además de otros usos, supone dotar de una mayor potencia y profundidad a todas las evaluaciones de políticas públicas al aprovechar la riqueza y granularidad de los datos recogidos por la Administración.

Esta colaboración tiene lugar en un momento de alta demanda de datos para la evaluación, ya que se está desplegando la arquitectura administrativa que previó la ley de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado, una vez consolidados los Spendings Reviews llevados a cabo por la Airef. En este contexto, se hace aún más necesario trabajar en los cimientos de cualquier proceso de evaluación: la identificación de los datos relevantes y el acceso a estos, por lo que este convenio debería servir de referencia para todas las instituciones públicas del país, independientemente de su adscripción nacional, regional o local.

La capacidad del sector público para generar datos con los que determinar la eficacia y eficiencia de las políticas públicas es muy elevada y, por tanto, el acceso a estos de manera sencilla e interoperable nunca debería construir un obstáculo, siempre garantizando el anonimato y privacidad de los mismos.

En la coyuntura actual, donde confluyen la vuelta de las reglas fiscales y retos relevantes en materia de inversión en la transición verde y digital a la que nos enfrentamos, no podemos permitirnos como sociedad llevar a cabo políticas públicas que no resulten eficientes y eficaces en línea con la evidencia científica. Este convenio allana el camino en esa dirección y es algo que celebrar. No obstante, será la voluntad por recorrerlo de todas las administraciones la que determine su éxito, y desde luego, para ello es imprescindible que se entienda la evaluación no como una amenaza, sino como una herramienta para mejorar su gestión y, en definitiva, aumentar el bienestar de nuestra sociedad.

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