El incierto devenir de la estadística española

El jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE) anunció que la economía española creció un 5,5% en 2021, lo que supone una corrección al alza de cuatro décimas de las cifras difundidas en marzo (5,1%). No es la primera vez, ni será la última, que el organismo revisa los datos; pero en esta ocasión, por mucho que se diga que se debe a la mayor aportación de la demanda nacional y menor de la externa, llama la atención porque se produce tras el cambio en la presidencia después de que el Gobierno cuestionara los datos de contabilidad nacional e IPC difundidos por el INE.

Esos desencuentros parecen ser los “motivos personales” que llevaron a Juan Manuel Rodríguez Poo a presentar la dimisión a finales de junio. La crítica se recibió como un ataque a la independencia del instituto, que ha contado con el respaldo de los principales gabinetes de estudios, la asociación de estadísticos del Estado y de la propia Eurostat, la oficina estadística europea, que avaló la metodología del INE.

Economía, que tutela el INE, nombró a Elena Manzanera como sustituta y calificó el relevo como “un refuerzo del sistema estadístico estatal”. Al tiempo, reconoció que Poo “ha liderado la modernización de la institución desde su nombramiento en octubre de 2018″. Esta misma impresión debieron tener los colegas estadísticos europeos cuando en 2021 le eligieron presidente del Partnership Group, la comisión ejecutiva del Sistema Estadístico Europeo. Ahora, su salida ha supuesto dejar el cargo y abrir una brecha en la credibilidad del INE en el contexto europeo. Además de esa modernización de la que habla Economía, en esta etapa el Parlamento aprobó, a propuesta del INE, la reforma de la Ley de la Función Estadística Pública, que intenta adecuar la anterior de 1989 al Reglamento Europeo de Estadística, que es de 2009. La reforma, que propone herramientas de coordinación y mejora, incide sobre todo en cuatro líneas: refuerzo del papel coordinador del INE en la producción estadística estatal; equiparación de las encuestas y los registros administrativos como fuentes de estadísticas oficiales; utilización de nuevas fuentes de datos y cesión de datos estadísticos a los investigadores.

El refuerzo de los procesos de producción se refleja en la mejora de diferentes estadísticas, que no es solo IPC, PIB y la encuesta de población activa (EPA), regidas estas por la normativa europea. Es un trabajo muy poco visible que ha permitido adecentar el diseño de todas las muestras, disminuyendo en la mayoría de los casos el tamaño muestral y, en consecuencia, el coste efectivo, manteniendo o aumentando estándares de calidad, según fuentes sectoriales.

En algunas estadísticas, por otro lado, se han sustituido las encuestas por registros administrativos, como ha ocurrido en las operaciones censales llevadas a cabo en 2020 y 2021: el censo de población y vivienda y el censo agrario. Asimismo, se han creado las llamadas estadísticas experimentales (cuentan con aspectos innovadores, ya sea en las fuentes de información, los métodos estadísticos, el ámbito de estudio o la forma de difundir los resultados). Estas estadísticas (11 hasta hoy) presentan como principal novedad el uso de fuentes de datos privadas, provenientes de teléfonos móviles, scanner data o gasto con tarjetas de crédito. En cuanto a la puesta a disposición de los investigadores de datos estadísticos, sobresale la creación de un consorcio entre el INE, el Banco de España, la Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y el Servicio Estatal Público de Empleo destinado a la cesión de datos.

Esas actuaciones dejan el listón muy alto a su sustituta, que, además de continuar con la modernización, se encuentra con el reto de recuperar el prestigio en el entorno europeo. Para ello, probablemente tendría que incidir en dos aspectos de la nueva ley que la alejan del reglamento de estadística europeo. En primer lugar, la llamada excepción tributaria. Dicha excepción, que se ha conservado en la redacción original de la ley de 1989, supone de hecho la imposibilidad de acceso a las fuentes de información tributaria para la realización de estadísticas oficiales estatales. El segundo aspecto se refiere a la necesidad de imponer un mandato fijo para la presidencia del INE, como reclaman los profesionales del sector. A su juicio es la mejor manera de garantizar la independencia de la institución del ciclo político. Esta independencia se consagra en el reglamento europeo y es una garantía para preservar la neutralidad operativa y evitar presiones políticas.