Las juezas no quieren cobrar menos que ellos en Países Bajos

Las juezas ganan entre un 3,5% y un 10% menos por hora que los jueces en Países Bajos, y se han plantado. Dos togadas han denunciado este julio al Estado ante la junta neerlandesa de Derechos Humanos —el organismo que vela por su cumplimiento— por discriminación de género. Exigen el fin de la desigualdad salarial y piden una compensación por las pérdidas económicas padecidas. En estos momentos, hay cerca de 2.700 jueces en activo, de los cuales más de 1.620 son mujeres, y las diferencias afectan también a los fiscales. En su caso, los varones pueden ingresar hasta un 5,4% más que sus colegas femeninas, y el Ministerio de Justicia asegura que está trabajando para cambiar el criterio que fija ahora los sueldos en la carrera judicial.

Esta declaración ministerial sobre la brecha salarial no atiende directamente la solicitud de las juezas, que ya plantearon el problema en 2018. De ahí que la Oficina Clara Wichmann haya apoyado la denuncia. Se trata de una fundación que toma su nombre de una de las primeras abogadas de Países Bajos, nacida en 1885 y fallecida en 1922. Especializada en la igualdad de género y la mejora de la posición social y jurídica de las mujeres, afirma en un comunicado que “la política de remuneraciones aún no se ha equilibrado”. “El Estado también se ha negado a compensar a las juezas y fiscales por la pérdida de ingresos”, sigue la nota. Las denunciantes dieron un plazo de dos semanas al ministerio antes de acudir a la Junta de Derechos Humanos, argumentando que la ley prohíbe la desigualdad de retribuciones. “Se calcula que esta brecha se cerrará en 2086. Damos el paso no solo para las juezas y fiscales, sino para todas las niñas y mujeres de Países Bajos, porque 2086 es demasiado tiempo”, aseveran.

Cada año, unos 130 jueces y 80 fiscales inician su formación en Países Bajos. Después de graduarse en Derecho, para ser juez es necesario adquirir antes entre dos y seis años de experiencia laboral. Dos de estos han tenido que llevarse a cabo fuera del entorno judicial. A continuación, y superada una rigurosa selección, hay que seguir un curso especializado que debe aprobarse en el plazo de cuatro años como máximo. Durante ese tiempo, los candidatos trabajan en un tribunal. Están en prácticas y cobran una mensualidad de entre 3.264 y 4.931 euros brutos. Y ahí empiezan las diferencias. Este sueldo es calculado en función del que se ganaba en el último trabajo antes de acceder a las prácticas judiciales, y la desigualdad existente en la sociedad se traslada a la judicatura. En 2022, la diferencia de ingresos entre hombres y mujeres ajustada en función del tipo de trabajo, estudios y experiencia era de un 1,8% en el sector público, y de un 6,9% en la comunidad empresarial, según la Oficina Central de Estadística. También se puede acceder a la judicatura con más de seis años de experiencia laboral, o bien con 15 o 20 años de labor jurídica generalista.

En mayo pasado, 139 jueces, magistrados y jueces en prácticas, presentaron un manifiesto donde exigían “lo que está en la ley desde hace 50 años: que hombres y mujeres cobren igual por el mismo trabajo”. Según ellos, debería haber un pago fijo para la carrera judicial, “porque el actual método de clasificación es inconstitucional”. Superadas las prácticas, un juez en ejercicio puede ganar entre 4.000 y 10.000 euros brutos mensuales, para una semana de 36 horas y en función del puesto y su antigüedad, según el portal de la judicatura. A partir de entonces ya no existe una diferencia significativa entre los salarios de varones y mujeres, según una investigación encargada en 2023 por el Ministerio de Justicia. De todos modos, la transición hacia la retribución más alta se realiza por etapas, y los que empezaron con una muy baja durante su capacitación pueden tardar más en conseguirla, señala Advocatie, una publicación jurídica.

La Junta de Derechos Humanos es un organismo independiente que asesora al Gobierno y al Parlamento. Sus decisiones no son vinculantes, pero el peso de su influencia contribuye a garantizar que la legislación los respete.

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