Primera demanda contra el Estado por la adopción forzada de hijos en Países Bajos

Diez días después de dar a luz a su hijo en febrero de 1968, Trudy Scheele-Gertsen, una joven holandesa de 22 años, salió de la casa de acogida para madres solteras dirigida por monjas católicas donde lo había tenido. Aunque iba sin el bebé, no pensaba abandonarlo. Estudiante de enfermería, quería recogerlo en cuanto consiguiera un empleo y una casa, pero no volvió a verlo hasta pasados 48 años. Sus padres no la querían de vuelta con el niño, que llamó Willem Jan, y a pesar de sus repetidas protestas fue forzada a darlo en adopción. Trudy tiene hoy 75 años y es una de las cerca de 15.000 mujeres ―denominadas madres a distancia― que pasaron por el mismo trance en Países Bajos entre 1956 y 1984. Este viernes ha demandado por la vía civil al Estado ante los tribunales por lo ocurrido: quiere que se reconozca que fue presionada por las autoridades para que renunciara a su pequeño. La Abogacía del Estado aduce que el caso ha prescrito y la presión ejercida pudo ser también social y no solo por parte de la Administración.

“Lo ocurrido es un trauma imborrable, y el reconocimiento de que no fue culpa nuestra es una forma de sobrellevarlo”, ha dicho Trudy Scheele-Gertsen emocionada ante los jueces. “Nos descalificaron como personas por no ofrecer lo que se consideraba una familia estable al niño, y hay un sentimiento de culpa generalizado entre las que pasamos por esto. De soledad, porque la sociedad nos apartó, y es algo que sigue ocurriendo hoy. Por ejemplo, con las mujeres que son asaltadas y les culpan de lo que les ha pasado. Esto no debe prescribir”, ha añadido, hecha ya un mar de lágrimas. Ella tuvo acceso años después a su expediente completo, donde el servicio de Protección de Menores “cuenta una historia que no es la mía. Se asegura que no fui a ver al niño, y que estuve en una reunión y firmé los documentos renunciando a él desde el principio; y no es verdad”, ha puntualizado. Los firmó años después, y para saber qué pasó con su hijo debió pedirle permiso cuando era ya mayor de edad para leer las notas correspondientes a su adopción. Ella se casó y tiene otros tres hijos, y aunque se ha reencontrado con el primogénito, el dolor sigue vivo.

Su abogada, Lisa-Marie Klomp, ha alegado que el Estado es responsable de esta renuncia forzada porque “tenía la obligación de proteger a la madre, pero fue excluida por el hecho de estar soltera. Se abandonó a madre e hijo a través de Protección de Menores, que impidió que recuperase al niño con documentos y un relato que mi clienta no reconoce como suyo”, ha indicado. En 2017, la universidad holandesa de Radboud publicó un estudio a instancias del Ministerio de Justicia donde cifraba en 15.000 los niños holandeses adoptados en su propio país entre 1956 y 1984. Sus conclusiones señalaban que “la presión de los médicos, familias de las madres solteras, asistentes sociales y otras instancias del sector podía ser tan fuerte que impedía mantenerlos juntos”.

Historias no escuchadas

Las tres juezas del tribunal han invitado a otras madres presentes a que tomaran la palabra, y la sala ha enmudecido ante una historias que no se habían escuchado de esta manera en público. “Estas madres, que no fantasean, piden reconocimiento por algo que no debe prescribir”, ha dicho Will van Sebille, que tuvo a su hijo en 1967, a los 17 años, y después lo adoptaron sin que ella pudiera decidir. “Soy una de las hijas adoptadas y estoy aquí también en nombre de mi madre. Creo que puede hablarse de violencia institucional en lo ocurrido”, ha añadido Eugénie Smits van Waesberghe, adoptada en 1966 y experta en educación especial. Entre sollozos, otras madres han hecho hincapié en los errores de sus expedientes, y en que se insistía en su incapacidad para atender a unos hijos por los que pelearon sin éxito.

Mette van Asperen, abogada del Estado, ha alegado la prescripción del caso y también que no se le puede echar la culpa a la Administración porque hubo presiones de todo tipo. “Hay además una investigación ministerial en marcha sobre todas las madres en estas circunstancias, y se ha admitido que lo ocurrido es una página negra de la historia del país”. El instituto holandés Clara Wichmann ―que fue una de las primeras juristas de Países Bajos― apoya este caso y representa a otras mujeres en la misma situación que la demandante. También la secunda la Fundación de Madres a Distancia, que sostiene que en el pasado se evitaba de forma sistemática que las madres solteras pudieran tener la tutela de sus hijos. El fallo será público en diciembre.