‘Operación Triunfo’: así son los contratos que firman los concursantes y que condicionan sus carreras

Leonino. En el argot legal es el contrato, cláusula o condición que impone exigencias exorbitantes o consecuencias desproporcionadas (definición del diccionario panhispánico). La cantante Lola Índigo aprendió este concepto al salir de Operación Triunfo 2017: la artista tenía 25 años cuando, expulsada de la academia más famosa de la tele, se topó con los rudos mecanismos de la industria musical, una vorágine de contratos, cláusulas, derechos de autor y cesiones.

En una entrevista concedida hace unos meses en el podcast El Sentido de la Birra, la cantante y bailarina lamentaba que los jóvenes que acceden a este tipo de programas, excitados por la euforia de tener entre sus dedos una oportunidad de oro, no buscan consejo antes de firmar sus primeros papeles legales. “Antes de llegar al casting final ya estás sentenciado a que vas a estar con una discográfica durante tres discos”, compartía la intérprete a raíz de su experiencia. “Es bastante leonino. Esa es la palabra que me enseñaron los abogados”.

Operación Triunfo 2023, la primera edición emitida en Amazon Prime, termina el lunes. Si bien los contratos de los concursantes son confidenciales, las bases del concurso son públicas. Están colgadas en la web de Gestmusic, la productora del formato. El documento, que debe ser firmado por cualquier aspirante que quiera presentarse al casting, arroja pistas de los entresijos detrás de los contratos que en su día firmaron triunfitos como Aitana, Amaia o Miki Nuñez.

En primer lugar, los participantes se comprometen a firmar un contrato de trabajo. Tienen su sueldo y pueden cotizar a la Seguridad Social; sin embargo, no se les aplica el Estatuto de los Trabajadores, como a cualquier empleado, sino un marco legal especial para artistas. Este régimen hace posible la dinámica que permite expulsar a un participante cada semana, pues “el mundo artístico es una de las poquísimas excepciones en las que se permite una contratación temporal o por un plazo determinado”, explica Iban Diez, socio de Menta Legal, una firma enfocada al asesoramiento a artistas y al sector del entretenimiento.

Una maraña de documentos

La aventura comienza cuando el concursante pone un pie fuera de la academia. Además del contrato laboral, los artistas se comprometen, llegado el caso, a firmar otros cuatro documentos que marcarán el devenir de sus carreras. En concreto, un contrato discográfico, por el que ceden la gestión de sus futuros discos o sencillos; un contrato de edición, para la gestión de sus creaciones como compositores; un contrato de representación, para nombrar un mánager y ceder los derechos de imagen, nombre, logo y marca, así como la venta de cualquier artículo de merchandising o patrocinio; y un contrato de gira, por el que se comprometen a realizar una serie de conciertos por el país. Todo queda atado.

La remuneración para el triunfito será acorde “con la contraprestación estándar de mercado para un artista novel”, tal como rezan las bases del concurso. “Si no aceptas las bases no puedes participar en el concurso” y “no hay posibilidad de negociar esas condiciones durante el casting o al entrar en la academia”, explica Manuel López, socio de la firma de abogados especializada en la industria musical Sympathy for the Lawyer. La ecuación es simple: el formato pone una lanzadera de lujo; el precio a pagar son estas cadenas legales, un camino profesional del que es difícil apearse. “El programa ya tiene pactos con una serie de proveedores, con las principales discográficas y con una lista de agentes”, explica Julián Galindo, abogado de Carrillo Asesores Tributarios y Abogados, quien ha asesorado a más de una veintena de músicos del formato.

¿Son, entonces, contratos leoninos? Para Galindo no. El experto reconoce que estas condiciones pueden ser más duras que para otros artistas, pero pone el dedo en “la enorme visibilidad y la excelente plataforma que ofrece el programa”. Los contratos no son eternos. Tras el primer año de carrera, lo común es que la discográfica y el exconcursante se sienten y hablen. “Si se cumplen las expectativas y los objetivos, los márgenes pueden mejorar”. En los primeros cinco años el contrato puede ser revisado hasta tres o cuatro veces. Así, la joven promesa puede llevarse un porcentaje de beneficios que ronda el 12%, pero si las expectativas mejoran y la carrera se consolida, este margen puede subir hasta el 23%. El resto va a parar a los intermediarios.

Luis Trillo, abogado de derecho laboral de FILS, corrobora que es normal que las estrellas de OT confíen en estos intermediarios y acepten “cláusulas de exclusividad y cesión de derechos de producción y distribución a la discográfica”, de forma que esta “asume la propiedad de la obra musical producida por el artista”. También es común que las casas musicales pidan a los cantantes renunciar por escrito a posibles medidas judiciales cautelares que “interrumpan la explotación o distribución del material que ya se haya grabado o producido”, agrega el letrado.

Para evitar sorpresas, los expertos coinciden en que, una vez en la academia, “el participante cuente con asesoramiento legal y estratégico”. Y es importante que este venga de alguien que “conozca muy bien el negocio musical”, resume Manuel López. En su entrevista, concedida en septiembre, Lola Índigo contó que o firmaba un primer precontrato o no entraba en el casting final. “En este documento es habitual la cláusula en la que el artista declara que ha contado con consejo experto previo a la firma”, apunta López. La artista andaluza corroboró que en su primer contrato había una frase así. Y luego apostilló: “Eso no lo revisó nadie”.

Sigue toda la información de Economía y Negocios en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal