El otoño diabólico italiano: crisis energética, deuda y ultraderecha
Giorgia Meloni, líder del partido Hermanos de Italia, es la favorita a ser primera ministra de un país lastrado por el alza de tipos de interés y la dependencia del gas ruso
El ruido se apoderará de la escena política italiana después del 25 de septiembre, cuando se celebrarán las próximas elecciones. Dos partidos de corte ultraderechista, como La Liga y Hermanos de Italia, llegarán con toda probabilidad al Palacio Chigi. El barniz de la moderación lo aportará la Forza Italia de Silvio Berlusconi, filial del Partido Popular Europeo en Italia. Una formación en descomposición que aspira solo a mantener una cuota de poder a cambio de normalizar una situación insólita: Italia, tercera economía de la zona euro, será el primer gran país europeo con un Ejecutivo de extrema derecha. El escenario económico, sin embargo, con una recesión a la vuelta de la esquina y una inflación desbocada, no dejará margen para las estridencias populistas. Los fondos europeos son ahora demasiado necesarios como para generar conflictos con Bruselas. Entrarán en el palacio, en suma, pero no podrán tocar la cubertería de plata.
Italia se encamina hacia una tormenta perfecta el próximo otoño. El Gobierno de Mario Draghi, el tercero de una legislatura que comenzó con una clara victoria del Movimiento 5 Estrellas en las urnas (el 33% de los votos), había abierto un periodo de estabilidad y crecimiento en las finanzas italianas. Pero su caída inesperada el pasado julio, sumada a la crisis energética que castiga al país y a las elecciones, han liquidado de golpe ese optimista estado de ánimo. Giorgia Meloni, líder de un partido nacido de los rescoldos del posfascista Movimiento Social Italiano, es la favorita para convertirse en la primera mujer que llega a Palacio Chigi en la historia de la República. Pero la senda de crecimiento liderada por el expresidente del BCE puede ahora verse minada por un contexto adverso y el ascenso de un partido sin clase dirigente y una líder alineada con las tesis del grupo de Visegrado sobre Europa.
La alegría en las filas de Hermanos de Italia se mezcla hoy con un sentimiento de preocupación creciente por el momento que deberán afrontar si el presidente de la República, Sergio Mattarella, encarga la formación de gobierno a la coalición. “Sabemos que será muy complicado. Pero tenemos claro lo que hay que hacer”, señala un dirigente de la formación, que reconoce la buena sintonía que existe con Draghi y el actual Ejecutivo para que, llegado el caso, haya una transición suave. Varios factores hacen pensar que el nuevo Gobierno tendrá poco espacio para aplicar alguna de las medidas económicas de su borroso programa electoral. El plan, apuntan todas las fuentes consultadas, consistirá en no romper nada, trazar una cierta continuidad con el trabajo realizado hasta ahora por el ministro de Economía, Daniele Franco, y agilizar el cobro restante de los fondos europeos del Plan de Recuperación.
Dependiente del gas ruso
La crisis energética marca a fuego la agenda de los partidos en la campaña y el pulso de la economía italiana, el país europeo más dependiente después de Alemania del gas ruso (el año pasado suponía un 40% del consumo). Draghi comenzó un proceso de acercamiento a Argelia que dio enormes frutos, logrando un compromiso para aumentar el suministro actual (30%) hasta cuotas mayoritarias. Una negociación favorecida de forma clara por el conflicto abierto entre Argel y Madrid a propósito de la independencia del Sáhara Occidental y el reciente apoyo español al plan autonomista de Marruecos para esa región como la solución “más seria, realista y creíble”. Además, el Ejecutivo en funciones se dispone ahora a inyectar el tercer paquete de ayudas contra el encarecimiento de la energía: otros 13.000 millones de euros. Con esta medida, serán ya 50.000 millones invertidos, una suma solo superada en Europa por Alemania, según el think tank Bruegel.
El escenario que se abre en otoño, con una inflación del 8,7% y una amenaza de desindustrialización en el norte si no se resuelve el problema de la energía, no permitirá grandes experimentos. Se buscarán recursos alternativos. La lucha a la evasión fiscal puede ser útil (Italia la estima en unos 90.000 millones de euros anuales). Pero faltan coberturas para casi todas las propuestas de la derecha. Lucrezia Reichlin, reputada economista y profesora de la London Business School, cree que el panorama es “bastante desastroso, prescindiendo, incluso, de las elecciones”. “La razón es la crisis energética y lo que comportará para familias y empresas. Las noticias no son buenas, todo apunta a que habrá una ampliación del conflicto más que una solución. E Italia tendrá que estar preparada para poner en marcha políticas que hagan frente al problema, porque se trata de un país particularmente dependiente del gas ruso”.
La situación, sin embargo, no encuentra grandes soluciones en el programa de la coalición de derechas, que aspira incluso a obtener dos tercios de los escaños: la llave de oro para reformar la Constitución. Reichlin insiste en que “hay instrumentos para afrontar esta crisis, pero hay que acelerar el ahorro energético”. Existe, dice, gran confusión en todo el espectro político. “Se ha negado la urgencia del cambio climático y no solo la derecha, sino también los representantes del llamado Tercer Polo [Matteo Renzi y Carlo Calenda], con un discurso industrialista; como si esto no estuviera ligado a las renovables”. La economista sostiene que “en la izquierda son más ambientalistas y sensibles, pero no particularmente concretos”. Y añade: “El tema político será entender cómo se sitúa Italia respecto al asunto de la energía y la transición verde: dos temas íntimamente ligados. La coalición que ganará las elecciones no es particularmente sensible a este problema, considera el Green Deal una pérdida de tiempo y busca renegociar los proyectos para recibir los fondos europeos del Plan de Recuperación”.
Italia es el mayor receptor de dichas ayudas, con casi 200.000 millones de euros entre capital a fondo perdido y préstamos. Los objetivos para el segundo cobro, de unos 23.000 millones, ya se han cumplido. El problema es que todo el paquete estaba condicionado a la ejecución de una serie de reformas que el Ejecutivo de Draghi —todavía el político mejor valorado en las encuestas— había comenzado: administración pública, competencia, sistema fiscal y justicia. Un diseño ya realizado que ahora quedará comprometido con la presumible llegada al poder de una coalición cuyos dos partidos principales (Hermanos de Italia y La Liga) votan en Bruselas alineados con los dos polos extremistas del Parlamento.
Lorenzo Codogno, economista y ex secretario del Tesoro italiano, cree que dichas reformas generan ahora “dudas”. Y apunta: “El problema es Matteo Salvini. Puede ser muy volátil y tener ideas que perjudiquen a operadores que invierten en deuda. Meloni hasta ahora se ha comportado de forma muy responsable para aparecer como un partido mainstream de derecha, parecido a lo que hay en el Reino Unido. No creo que inmediatamente haya consecuencias significativas. Ella busca una imagen ahora de responsabilidad e intentará no incomodar a los mercados financieros. Serán pragmáticos con el programa de los fondos europeos. Es tanto dinero que ningún gobierno está tan loco para renunciar a ello”.
El crecimiento estimado para Italia en 2022 sigue siendo positivo: las previsiones para el PIB de este año han caído al 2,4%, según la Comisión Europea, frente al 4,1% calculado anteriormente. En junio, los analistas del Banco de Italia preveían un crecimiento del 2,6%, frente al 3,8% de inicios de año. El último trimestre de 2022 podría llegar a ser negativo y se teme que la desaceleración en el arranque de 2023 pueda desembocar en una recesión. La debilidad de Italia, sin embargo, se expresa más nítidamente en su alto endeudamiento (159% del PIB), uno de los más voluminosos del mundo (solo por detrás de Japón, Sudán, Grecia, Eritrea y Cabo Verde). La prima de riesgo se mantiene relativamente estable desde la dimisión de Draghi (231 puntos) aunque es la segunda más elevada de la zona euro.
Pero en la memoria de todos los italianos escuecen todavía los últimos 10 años del Gobierno de Silvio Berlusconi. En ese tiempo, el país redujo su renta per cápita en un 3,1%, según el FMI (el peor dato de la UE en ese decenio). El consumo cayó un 8% y el gasto alimentario un 36%. Subió la presión fiscal 1,6 puntos, pero disminuyó un 10,7% el gasto en educación o un 30% el de la cultura, mientras crecía un 35% el de defensa. La prima de riesgo —y una Troika a la que agotó la paciencia— derribó finalmente su obra en otoño de 2011, cuando alcanzó su máximo histórico: 574 puntos.
Las pensiones, un hueso
El déficit para hacer frente a la crisis energética es ya uno de los caballos de batalla de la campaña electoral. Pero Giorgia Meloni también se ha alineado con la negativa de generar más deuda del expresidente del BCE y ha dejado solo a Salvini en este frente. La primera prueba de fuego que deberá afrontar el nuevo Ejecutivo, además, es la reforma del sistema de pensiones, que expira a finales de año y se articulará en la próxima ley de presupuestos. Si no hay acuerdo, se volverá a la ley Fornero, que retrasa la jubilación a los 67 años. Mario Seminerio, economista y analista del blog Phastidio, cree que una de las derivadas de esta situación será el malestar social. “Tenemos una debilidad fiscal que no nos permite pagar subsidios para hacer frente a este panorama, como piden los ciudadanos. Un gran deudor como Italia tiene más riesgo al incurrir en déficit. Y el problema será una situación social complicada, porque somos más frágiles y la calle pide responder con unos subsidios que el país no puede permitirse. La gente cree que el déficit y la deuda lo resuelven todo, incluso si faltan productos como el gas”.
Los sindicatos están muy atentos a la situación y la CGIL, la agrupación mayoritaria, ha convocado una manifestación para octubre. Una fecha elegida para desvincular el malestar social del signo político que pueda tener el siguiente Ejecutivo. Maurizio Landini, su secretario general, cree que la situación “es ya insostenible”. “Con los costes de la energía, la inflación y los consiguientes aumentos de la factura de la electricidad y del carro de la compra, la gente, empezando por los trabajadores y los pensionistas, no logra llegar a final de mes. Estamos ante una situación que puede explotar en el plano social, así que pedimos al Gobierno que intervenga de forma urgente porque no podemos esperar a las elecciones o a la formación del nuevo Ejecutivo”.
La CGIL, que ha pedido que se usen los beneficios extraordinarios de empresas eléctricas, bancos o farmacéuticas para hacer frente a la crisis, teme que el país avanza hacia una ola de expedientes de regulación de empleo temporales. Especialmente en los sectores más dependientes de la energía. “Hay un riesgo de desindustrialización. Producciones como el acero o la cerámica necesitan mucha energía y, sobre todo, gas. Si escasea o es muy caro, empezarán a cerrar muchas plantas. Ya muchas de esas empresas han reducido la producción porque si no, lo harían en pérdidas”, apunta Codogno.
Fábricas paradas
Esta semana, una de las principales acererías del país en Catania (Sicilia) ha parado su producción y ha mandado a 500 trabajadores a casa. En el norte, los empresarios claman por una solución rápida que ponga techo al precio de la energía. Alessandro Spada, presidente de la sección de Lombardía de Confindustria (Milán, Pavia, Lodi y Brianza), la patronal de empresarios, cree que la situación “es de extrema dificultad” y, al teléfono, pone varios ejemplos del impacto de esta crisis: “Un fabricante de contenedores alimentarios de plástico ha pasado de pagar anualmente una factura de 170.000 euros a una de 900.000. Así es imposible gestionar y programar. Y nos arriesgamos a perder muchos puestos de trabajo”.
La incómoda situación ha moderado mucho los tonos de la potencial primera ministra Meloni. Preocupa esa posible desindustrialización, especialmente en el norte del país, donde los datos del paro no han mejorado después de la pandemia como en el resto de Italia (la cifra global es del 7,9%). Una tendencia parecida a las de la producción manufacturera, que ha caído de nuevo en agosto y se sitúa en el nivel más bajo desde el inicio de la pandemia. “Si Rusia cierra el grifo del gas, apaga también una quinta parte de nuestra industria”, señaló esta semana Carlo Bonomi, presidente de Confindustria. Una advertencia acompañada de la recurrente petición de reducir la cuña fiscal en el trabajo. “Se puede y se debe hacer mañana mismo. Así se meterían 1.200 euros más en los bolsillos de los trabajadores que ganan hasta 35.000 euros anuales”. Una medida que hasta ahora solo contempla el Partido Democrático.
La derecha, impulsada por La Liga, ha decidido apostar por la llamada flat tax: un tipo único del 15% del IRPF. Una medida sin coberturas y con apenas implantación en países desarrollados. “No es viable”, zanja Seminerio. “Es solo un juego de ilusionismo electoral porque resultaría extremadamente cara y no existe posible cobertura visto el contexto actual. Pero estas propuestas absurdas vuelven en cada elección y hay gente dispuesta a creerlo. No sabemos si en enero podremos calentarnos, de modo que hablar ahora de flat tax es ridículo”.
Reichlin coincide en descartar dicha medida. “La simplificación fiscal es una buena idea, pero la que propone La Liga es fantasía. Solo se ha aplicado en países en vías de desarrollo. En Italia no se puede hacer porque no aporta suficiente dinero al erario público y porque es un impuesto injusto que violaría la Constitución. Draghi también llegó al Gobierno queriendo reformar el sistema fiscal a través de la cuña fiscal. Y no lo ha conseguido porque hay razones estructurales que lo impiden”.
Italia, un país que ha tenido 67 gobiernos en 76 años, está articulado todavía alrededor de aquella máxima gatopardiana sobre las virtudes inesperadas del cambio. Las crisis cíclicas en las que vive instalada la República no impiden, en suma, que en la mayoría de casos todo siga siempre igual. Y esa, al menos en la política económica que llegará el 25 de septiembre, es ahora la esperanza de la mayoría de protagonistas de la partida que se jugará en otoño tras la absurda y lesiva caída de Draghi el pasado julio.
El café para todos de la ultraderecha
Es 25 de agosto y falta un día para que arranque la campaña electoral en Italia. Un periodista del canal La7 le pregunta a Matteo Salvini si su propuesta económica estrella, el flat tax, no es completamente insostenible, como afirma el economista jefe de Moody’s. En directo, el político comienza a reírse. “Lo que no sabe el economista es que el flat tax está en vigor y es un impuesto progresivo que ya pagan dos millones de autónomos”, dice rápidamente. Pero la progresividad que enarbola el líder de La Liga no es precisamente uno de los puntos fuertes de los sistemas tributarios basados en los llamados impuestos lineales que utilizan unas 40 naciones en el mundo, desde Arabia Saudí hasta Bolivia, Kazajistán, Bielorrusia o las islas Seychelles. Ningún gran país de Europa está en la lista.
Ese café para todos se basa en establecer un tipo único, explica Rubén Gimeno, director del servicio de estudios del Registro de Economistas y Asesores Fiscales del Colegio de Economistas, pero se antoja “complicado de aplicar”. “En España, por ejemplo, lo propuso Jordi Sevilla desde el PSOE a principios de la década pasada y no cuajó. La Constitución nos dice que el sistema tributario tiene que ser progresivo”. Gregorio Izquierdo, director de estudios económicos del IEE, lo ve más factible cuando se introducen mínimos exentos bajo los cuales se libera del pago de impuestos a las rentas más bajas. “Hay una tendencia universal a reducir los tipos marginales máximos y el número de tramos. El tipo único del que se habla en Italia sería el extremo de esa tendencia”.
El debate sobre los sistemas fiscales inteligentes, que se adapten al creciente poder de los ciudadanos para mover su capital (en especial los más acaudalados) y eludir al fisco está sobre la mesa. La ultraderecha italiana lo presenta de forma sencilla: se aplicaría un tipo del 15% para todas las rentas inferiores a 70.000 euros en los hogares con dos sueldos y de 55.000 cuando hay solo una fuente de ingresos. Pero todo dependería de su diseño: si el objetivo es no perjudicar a ningún contribuyente, tendría un coste inasumible —Moody’s habla de 40.000 o 50.000 millones de euros—. Y, si fuese completamente lineal, dejaría de ser un elemento de redistribución de rentas (que hace que las personas de mayores ingresos paguen proporcionalmente más impuestos), lo que añadiría desigualdad en un país ya dividido por la brecha norte-sur. Pero Matteo Salvini, con su estilo habitual, tiene respuesta para todo. Los ciudadanos ricos, según él, seguirían pagando lo mismo que ahora.
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