La jueza insiste en la “competencia autonómica” en la gestión de la dana al rechazar una querella contra el Gobierno

La competencia de gestionar la mayor tragedia que ha asolado la Comunidad Valenciana fue autonómica. La jueza de Catarroja (Valencia) que investiga penalmente la dana que el pasado 29 de octubre dejó 227 muertos en la provincia de Valencia ha insistido este lunes en esta tesis. La magistrada se despacha así en un auto en el que rechaza una querella de la asociación ultracatólica Hazte Oír contra la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, la socialista Pilar Bernabé.

La instructora declina con esta decisión la pretensión de Hazte Oír de investigar a Bernabé por homicidios y lesiones por no instar al Ministerio del Interior a declarar la emergencia nacional. “Asociar a la delegada del Gobierno la responsabilidad de los fallecimientos y lesiones [...], cuando la competencia en materia de protección civil es autonómica...[..] carece de cualquier asidero legal”, señala la magistrada Nuria Ruiz Tobarra en una resolución notificada este lunes.

La jueza destaca que, para alertar a la población, “no era preciso” instar a la declaración de emergencia nacional, ya que es la administración autonómica -la Generalitat que preside Carlos Mazón- “la que estaba asumiendo competencias en materia de emergencias”. Y justifica esta idea con la cercanía del Gobierno regional a la catástrofe, su facilidad para conocer su “gravedad” y la necesidad de actuar “con celeridad” para alertar sobre las “medidas de autoprotección”.

La tesis de poner el foco en cómo la Generalitat reaccionó a la tragedia ya la esgrimió la instructora de Catarroja la pasada semana, cuando indicó que la clave de sus pesquisas pasaba por conocer a qué respondió el retraso en enviar el mensaje SMS masivo que llegó a los móviles a las 20.11 de la jornada de la riada, cuando ya se había desbordado el barranco del Poyo, corazón de la tragedia; decenas de municipios de Valencia estaban inundados; y el 112 se encontraba colapsado.

La jueza investiga ya a más de 160 de los 224 fallecidos –hay tres desaparecidos oficialmente todavía- tras aceptar las inhibiciones de los juzgados de Valencia, Picassent, Alzira y Torrent. Desde que arrancó la instrucción el pasado diciembre, la magistrada ha tomado declaración a más de 60 familiares de víctimas mortales. La mayoría, están siendo examinados en el Instituto de Medicina Legal de Valencia para determinar si sufren secuelas psicológicas.

Los testigos que han desfilado por el juzgado han coincidido en señalar la tardanza en recibir el mensaje masivo SMS que llegó a los móviles de la población a las 20.11 del día de la dana a través de Es Alert, un sistema del que la exconsejera de Interior Salomé Pradas -que fue destituida por Mazón tres semanas después de la tragedia- reconoció que no sabía ni que existía. El aviso resultó “notablemente tardío” y “errado en su contenido”, según la instructora. La causa acumula ya una decena de acusaciones particulares, que representan a familias de fallecidos, y tres populares –Vox, Podemos y FTAP-CGT-, que fueron aceptadas tras pagar 6.000 euros de fianza. La asociación Liberum y Acció Cultural también deberán desembolsar esta suma para personarse en las pesquisas.

La línea de la investigación judicial choca con las tesis de defensa del Ejecutivo de Mazón. El presidente de la Generalitat – que estuvo ausente el día de la tragedia entre las 14.30 y las 19.30 horas- ha endosado este lunes de nuevo la responsabilidad de la catástrofe al Gobierno de Pedro Sánchez. Según el president, el Ejecutivo central llamó sobre las 20.00 horas del día de la dana al Cecopi –órgano de coordinación de emergencias- para alertar del desbordamiento de la presa de Forata y no del barranco del Poyo.

La estrategia de balones fuera del Consell se suma a la respuesta que la Generalitat dio a la jueza sobre quién envió los mensajes de alerta. Según el Ejecutivo autonómico, fue el Cecopi dirigido por Pradas. Y en él figuraba también como miembro del comité la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.