Plan de reanimación

El pasado 2 de abril los ministros de Trabajo y Seguridad Social cifraban el impacto inmediato de las medidas del confinamiento y la suspensión de la actividad económica en cerca de 900.000 bajas en la Seguridad Social, la mayoría de trabajadores con contratos temporales; una magnitud similar a la destrucción de empleo en los meses siguientes a la caída de Lehman Brothers. La diferencia es que, ahora, ha sucedido en dos semanas. Podría haber sido peor. Parece que los ERTE (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo) y los “permisos retribuidos recuperables” han amortiguado el primer golpe de un parón económico forzoso sin precedentes. Los datos preliminares permiten estimar que los ERTEs solicitados afectan a unos dos millones de trabajadores.

Unas cifras (las bajas de afiliaciones) y otras (afectados por ERTEs) tienen efectos diferentes sobre la renta de las familias españolas y las estadísticas oficiales, pero ambas tienen la misma naturaleza: un shock de oferta brutal con un coste enorme en términos de producción agregada. Dada la variación cíclica del PIB en los últimos años, podemos estimar que esta caída del empleo efectivo induciría una caída interanual del PIB de un 10% en el escenario más adverso. Puesto que los ingresos impositivos caen más que el PIB y los estabilizadores automáticos del gasto público ya están aumentando, el escenario macroeconómico con el que nos podemos encontrar a finales del mes de abril sería muy parecido al de finales de 2009. Pero hay que mantener la calma: las posibilidades de vuelta a la senda de crecimiento previa, especialmente si hay un rebote de aquí a fin de año, son mayores que entonces siempre que no lo dificulten las malas decsiones políticas.

Aunque este shock fenomenal nos viene dado, las políticas económicas son discrecionales. Su buen diseño y ejecución son fundamentales para mitigar la profundidad de la crisis. Los poderes públicos tienen que sostener las rentas de muchos, especialmente de los más vulnerables, y proporcionar las garantías adecuadas para que los mercados de crédito y de deuda sigan funcionando. La resolución de los ERTE debe ser rápida (especialmente para las pequeñas empresas) y debe asegurarse la liquidez de las grandes compañías. A día de hoy los 20.000 millones de euros del ICO a las empresas se han agotado, por lo que hace falta activar más recursos. El SURE, el fondo de solidaridad acordado por la Comisión Europea, podría hacer llegar unos 10.000 millones de euros más para sostener las rentas de trabajadores, autónomos, microempresas y pymes en el muy corto plazo. Pero, especialmente, será bienvenida la activación inmediata de los fondos MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad —ESM por sus siglas en inglés)—, que podría inyectar unos 100.000 millones adicionales para dar avales y garantías. Esta es una medida razonable que permite obtener recursos en el muy corto plazo. Tiempo habrá de hablar de eurobonos. [El cierre de esta edición se produjo antes de la segunda reunión del Eurogrupo esta semana, ya que la primera había concluido sin acuerdo].

Los últimos datos sugieren que ya estamos a las puertas del ansiado aplanamiento de la curva de contagios. Es el momento de planear la reanimación asistida de la economía. Esta reanimación debe ser gradual por sectores, por edades de los trabajadores, y por zona geográfica. La gran industria y la construcción deben volver a la actividad en cuanto se pueda garantizar el cumplimiento de estrictos protocolos sanitarios. Esto significará, muy probablemente, que no toda la plantilla pueda regresar a la vez al puesto de trabajo, y que habrá que garantizar las medidas de prevención de contagios en los traslados. Por eso los ERTE deben ir reduciéndose gradualmente ya desde la semana del 13 de abril (si es que en efecto pudiéramos volver al modo inicial del estado de alarma), y las medidas de apoyo a las empresas modularse en función de la recuperación de la actividad.

El diálogo constante con los agentes sociales es fundamental para tener información, a ser posible, en tiempo real, sobre dicha recuperación; especialmente de los sectores que, aunque no esenciales, sean correas de transmisión entre los sectores susceptibles de ser reabiertos. La reincorporación gradual de las plantillas deberá hacerse, en lo posible, atendiendo a los riesgos potenciales de la enfermedad por edades: una forma de reactivar a los jóvenes, que en general sufren contratos más precarios, y tienen más necesidad (psicológica) de salir. Igualmente, la localización de las plantas de trabajo debe tenerse en cuenta, puesto que siempre será menor la probabilidad de contagio en zonas de menor densidad de población y más facilidad y/o autonomía en los traslados. La situación de los sectores donde las medidas de distancia social afectan a su demanda (por ejemplo, actividades artísticas y recreativas) es más delicada, pero debería estudiarse permitir la actividad con un estricto control del aforo, como ya está haciendo el sector de alimentación. Esta planificación debe ser cuidadosa, en constante diálogo con los agentes sociales, y depositando confianza en la responsabilidad de los ciudadanos, de manera que se pueda considerar el mayor número de escenarios de reanimación posibles. Queremos insistir en la buena disposición de todos los agentes económicos. Salimos de la crisis del 2008, fundamentalmente, a través de una devaluación brutal que cargó la recuperación sobre las rentas salariales. Para salir de la crisis de la Covid-19 necesitamos una devaluación transitoria, pero significativa, de todas las rentas; especialmente en la fase de reanimación.

Si logramos que dicha fase se complete durante este verano, estaremos en disposición de enfrentar la recuperación de manera ágil. La economía no habrá recobrado la normalidad, pero cabe esperar que la destrucción de empleo y las pérdidas empresariales se hayan detenido. Es muy difícil hacer previsiones en este panorama macroeconómico; las previsiones actuales, muy inciertas, se irán concretando a medida que vayan llegando datos oficiales. Creemos que, más allá de los recursos que podamos obtener a través de un hipotético Nuevo Plan Marshall, es urgente decidir qué hacemos con los recursos y mecanismos que ya tenemos a nuestra disposición: créditos MEDE y papel activo del BCE. Debemos diseñar un plan de estabilización que sea un plan de política industrial en toda regla. La primera lección que hemos aprendido de esta crisis es que la sanidad pública debe tener categoría de sector estratégico, con márgenes de previsión y actuación en caso de emergencia: una agencia europea de salud. La segunda es la importancia de un tejido industrial suficiente para hacer frente a rupturas abruptas de las cadenas de valor. Un tejido que en nuestro caso se puede diseñar coordinado en la zona euro. La tercera es que la reforma fiscal es urgente para equiparar nuestra capacidad de recaudación y eficiencia del gasto con la de países similares de nuestro entorno.

Antonia Díaz (en Twitter @AntoniaDiazRod) y Luis A. Puch (@lpuchg) son profesores de Análisis Económico de la Universidad Carlos III y Complutense de Madrid, respectivamente.

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