Díaz acelera la norma para evitar que las empresas absorban la subida del salario mínimo con la eliminación de pluses

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha recibido este martes el informe que había encargado a un grupo de expertos para determinar cuánto debe subir el salario mínimo interprofesional para alcanzar el 60% del salario medio neto. El texto, como adelantó EL PAÍS el jueves, recomienda un alza de un 3,1%, hasta 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas, si el SMI, como hasta ahora, no tributa (17.094 euros al año); y un 4,7% hasta 1.240 euros mensuales (17.360 euros anuales) si sus perceptores empiezan a aportar al IRPF. Ambos porcentajes superan la evolución de los precios, un 2,7% en el promedio de los últimos 12 meses. Aprovechando el acto de la recepción del informe, Díaz ha contado que su ministerio ha sacado este viernes a consulta pública previa la tramitación de la norma con la que pretende evitar que las empresas puedan absorber el incremento del SMI mediante la eliminación de complementos salariales.

El texto en consulta pública aún no está articulado, pero es un paso previo clave para sacar adelante el reglamento. Se trata de la trasposición de la directiva europea sobre salarios mínimos, donde se incluiría el cambio sobre los complementos. “La regulación legal española debe ser objeto de desarrollo para cumplir con la totalidad de los objetivos prescritos en la norma europea en materia de negociación colectiva informada, afectación de las reglas de compensación y absorción en los complementos salariales, valores de referencia indicativos, órgano consultivo de asesoramiento y tasa de cobertura”, dice el texto en el apartado sobre el objetivo de la norma.

Trabajo anticipa una cruenta batalla con CEOE sobre esta modificación. La patronal ya ha advertido de que pretende plantar cara en los juzgados ante el cambio, que el ministerio sacará adelante mediante un decreto. Así, considera Trabajo, no necesitará convalidación parlamentaria. Los empresarios creen que esa modificación invadirá terreno legislativo, y será unos de sus argumentos para impugnarla. Díaz también ha especificado que este decreto irá por separado respecto al del incremento del salario mínimo.

Debate tributario

El Ministerio de Hacienda baraja incrementar un año más la deducción en el IRPF diseñada para los perceptores del salario mínimo interprofesional (SMI), un mecanismo fiscal que nació el año pasado como fórmula de consenso tras la dura disputa interna en el Gobierno sobre si el SMI debía tributar o no. “Hacienda está dispuesta a estudiar esta posibilidad para que el coste de la subida no recaiga solo en los empleadores”, trasladan a este periódico fuentes del departamento que dirige María Jesús Montero. Desde el ministerio insisten en que la competencia sobre este cambio corresponde a Hacienda y esperan que este ministerio decida antes de que empiece la negociación con los agentes sociales.

Fuentes de Trabajo transmiten que en función de la decisión tributaria de Hacienda, el ministerio defenderá la cifra del 3,1% o la del 4,7%.

El SMI actual es de 1.184 euros brutos al mes y 16.576 euros anuales, nivel al que llegó tras el incremento de 2025, de 50 euros mensuales y 700 euros al año. Esa fue precisamente la recomendación de los expertos en la banda alta del último informe, lo que denota la influencia de este documento en la decisión final del ministerio.

El debate sobre la tributación del SMI conecta con el impulso de la prevalencia de este nivel retributivo en la masa salarial española. Es decir, como el salario mínimo ha crecido tanto en los últimos años —un 61% desde 2018, de 736 a 1.184 euros brutos al mes en 14 pagas en 2025— a la par aumenta el volumen de trabajadores que no aportan al IRPF. los que ganan solo un poco más que el salario mínimo avanzan con más fuerza todavía: en 2018, el 7,9% de los trabajadores cotizaban por el 125% de la base mínima y en 2023 eran el 22,8%.

Los sindicatos apoyan la tributación: creen que ha llegado el momento de que el SMI empiece a aportar al IRPF. Hace dos semanas, UGT y CC OO anunciaron que propondrán un incremento del salario mínimo del 7,5%, hasta 1.273 euros brutos al mes repartidos en 14 pagas (89 euros más al mes que ahora). Según los cálculos de los sindicatos, si la menor retribución posible deja de estar exenta de IRPF, para seguir suponiendo el 60% del salario medio neto debería subir ese 7,5%. Este porcentaje supera ampliamente a los que plantean los expertos de Trabajo.

La patronal no entra en el debate sobre la tributación, pero, como los sindicatos, ha especificado cuánto cree que debería subir el salario mínimo en 2026. El comité ejecutivo de CEOE aprobó este martes proponer un alza del 1,5%, por debajo de la inflación. Las patronales justifican esta cifra en que, con sus cálculos, el salario mínimo ya representa el 60% del salario medio neto, partiendo de los datos publicados por el INE en la Encuesta de Población Activa. Por ello, proponen una subida tan moderada, que, destaca la patronal, es similar a la acordada por los sindicatos y el Gobierno para los empleados públicos.

Diferencias metodológicas

La comisión de expertos, en sus cálculos, parte de la Encuesta de Estructura Salarial de 2022 y actualiza esos datos con otras estadísticas salariales más recientes, un criterio que no comparten dos de los 12 expertos participantes. Son los representantes del Ministerio de Hacienda y el de Economía, que han elaborado un voto discrepante al que ha tenido acceso EL PAÍS, pero que finalmente no ha formado parte del texto. Consideraban que el informe prescinde injustificadamente del dato más reciente de salario medio bruto publicado por el INE, recogido en la Encuesta Anual de Estructura Salarial de 2023. Trabajo defiende el método elegido por la comisión y carga contra los ministerios dirigidos por Carlos Cuerpo y María Jesús Montero.