La enmienda de los empresarios a la reducción de jornada apela a su posible inconstitucionalidad

Los once meses de negociaciones en el diálogo social destinados a articular legalmente el compromiso del Gobierno de coalición de reducir la jornada laboral máxima legal de 40 a 37,5 horas semanales no han sido suficientes para llegar a un acuerdo tripartito entre el Ministerio de Trabajo, los sindicatos y la patronal. Muy al contrario, los empresarios han rechazado de plano la medida y han enmendado punto por punto el anteproyecto de ley para la reducción de la duración máxima de la jornada. Lo han hecho en un duro documento de medio centenar de páginas que han registrado en la Dirección General de Trabajo y donde apelan directa y reiteradamente a la “inconstitucionalidad” del recorte del tiempo de trabajo promovido por la vicepresidenta, Yolanda Díaz.

La dureza del texto radica en las numerosas ocasiones en las que los técnicos de CEOE y Cepyme arremeten tanto contra el contenido en sí de la medida como en la forma en la que ha sido abordada por los responsables del Ministerio de Trabajo en estos meses de conversaciones. “Lamentablemente, la acción política viene promoviendo la desnaturalización del diálogo social, convirtiendo el principal mecanismo generador de consenso sociales duraderos y de estabilidad regulatoria en una mera herramienta de comunicación política al servicio de los anuncios del Ministerio de turno”, se quejan los empresarios en el texto.

En concreto, califican estos once meses de negociaciones de “reuniones ficticias al servicio de los intereses mediáticos del Ministerio de Trabajo, sin que haya sido posible desarrollar una negociación que respete los principios constitucionales”, añaden. Así, en varias ocasiones a lo largo del documento de alegaciones, CEOE y Cepyme consideran inconstitucional tanto la forma del diálogo, por parte de Trabajo, como la propia reducción de la jornada, en este último caso, por “no respetar el contenido esencial del derecho a la negociación colectiva”.

Y es que, desde el minuto uno, los empresarios han pedido que la aplicación de cualquier recorte de jornada se produjera cuando terminara la vigencia de los actuales convenios colectivos, en muchos de los cuales se han pactado más de 37,5 horas semanales en cómputo anual. Incluso niegan la mayor: “Cualquier intento de regulación legal de la jornada de trabajo pactada invade el ámbito propio, protegido, del derecho a la negociación colectiva y debe considerarse lesivo y en este caso, del anteproyecto de ley, inconstitucional”. Sin embargo, en el seno de la patronal no se han planteado todavía dar el paso formal de buscar un recurso de inconstitucionalidad de la futura norma.

A lo largo de este medio centenar de páginas, los empresarios utilizan, para referirse a la acción de Trabajo, verbos como “invadir”, “violentar”, “dirigir”, “colonizar” o “intervenir” la autonomía de las partes que atribuye la Constitución a la patronal y a los sindicatos. También consideran que el borrador del anteproyecto de ley “revela un profundo desconocimiento de la realidad socioeconómica y laboral, proyectando una imagen decadente, deplorable y vergonzante de España”. Por el contrario, los empresarios recuerdan que en 25 Estados de la UE la jornada máxima está fijada en 40 horas semanales. Y destacan un cálculo empresarial que ya trascendió recientemente según el cual, para tener un nivel de productividad similar a los países europeos, la jornada efectiva en España debería estar en torno a 41,2 horas semanales.

En este punto, las patronales consideran que tal representación de la realidad sociolaboral española “es inadmisible desde una perspectiva jurídica, política y sociológica, y exige su enmienda total”. Precisamente, es lo que hace la segunda parte de este documento, que incluye una corrección completa de todo el articulado del anteproyecto. Así, reclaman desmontar totalmente la nueva regulación del derecho a la desconexión propuesta por Trabajo y los sindicatos, asegurando que su redacción destila “un exceso protector” que “considera a los trabajadores menores de edad”.

Crecerá la conflictividad en los tribunales

También hacen una enmienda a la totalidad de los cambios que pretenden endurecer el registro horario, así como las sanciones a las empresas que incumplan esta obligación de anotar la jornada diaria de sus empleados de forma digital e interoperable con la Inspección de Trabajo. Auguran que este nuevo sistema “incrementará la litigiosidad y saturará los juzgados”.

En el Ministerio de Trabajo el registro de estas alegaciones no ha sentado del todo bien, sobre todo porque los empresarios han esperado al fin de la negociación del diálogo social para presentar con este detalle sus propuestas. En la patronal aseguran que este proceder es el habitual con todos los anteproyectos de ley y por eso han proseguido su lucha contra esta medida al margen del diálogo social y a través del trámite burocrático establecido. Argumentan, además, que el registro se produjo el día 2 de enero porque las organizaciones empresariales no tuvieron conocimiento del detalle del articulado de esta norma hasta el 20 de diciembre a las 20:06, con un plazo de 7 días para formular estas alegaciones. Además, este proceso se produjo de forma simultánea al trámite de audiencia pública para los ciudadanos, lo que podía modificar el texto original. Por todo ello, los empresarios acusan también a Trabajo de vulnerar de forma clara el artículo 7 de la Constitución, que regula la actividad de los interlocutores sociales.