Mapfre decide que no dará servicios médicos a la mutualidad de la Administración de Justicia

Nueva fuga en las mutualidades de asistencia sanitaria de los funcionarios. La mayor aseguradora española, Mapfre, que hasta ahora participaba en el concierto de Mugeju —que gestiona la atención médica de jueces, fiscales y el resto de empleados de la Administración de Justicia— ha optado por no presentarse para el nuevo convenio 2025-2026 al considerar que la compensación económica propuesta por el Gobierno es insuficiente. Lo mismo ha ocurrido con Sanitas. Estos empleados públicos podrán seguir yendo a los hospitales y clínicas de Adeslas y Asisa, que sí que han presentado, pero la espantada demuestra cómo de tensionado esta este modelo de atención sanitaria a los funcionarios.

Mugeju es una mutualidad dependiente del Ministerio de Justicia y que atiende a 91.000 personas (entre empleados públicos en activo y jubilados, y sus familiares), pero la situación más grave se concentra en Muface, que se encarga de la salud de 1,49 millones de profesores, policías, inspectores de Hacienda y de Trabajo... En este caso, las tres aseguradoras que hasta ahora participaban en el concierto, Adeslas, Asisa y DKV, decidieron la semana pasada no acudir al nuevo convenio, con lo que este quedó desierto. Algo nunca visto en los 50 años de historia de la mutualidad.

Fuentes de Mapfre explican que han decidido salirse del concierto de Mugeju al considerar que la propuesta de mejora de las condiciones que ha puesto sobre la mesa Justicia no son suficientes para cubrir “una infrafinanciación crónica”. Los cálculos de los técnicos de la aseguradora han constatado que, aunque el Estado proponía un alza del 11,73% en las primas que cobran por prestar atención médica, esta no bastaba para que la prestación de este servicio fuera rentable.

En el último convenio de Mugeju había presentes seis compañías de seguros. Cuatro de ellas sí que siguen: Adeslas, Asisa y Nueva Mutua Sanitaria, mientras que han optado por salir DKV, Sanitas y Mapfre. Esto, en la práctica, implica que los funcionarios que trabajan en los juzgados y tribunales, tendrán menos opciones para escoger un proveedor de servicios médicos. Mapfre, al igual que Sanitas, también participó en su día en Muface, pero también decidió hace tiempo irse.

El principal problema tanto en Muface como en las otras mutualidades está en la fuerte subida de precios que se ha producido en los últimos años y en el incremento de las consultas y tratamientos médicos. Esto ha hecho que la financiación del modelo haya sido insuficiente. Las tres que participaban en Muface y han decidido no presentarse en esta ocasión, aseguran haber registrado unas pérdidas de 600 millones de euros, de forma agregada, en los tres últimos años.

Para desbloquear la situación en Muface, el Gobierno prepara una licitación exprés que podría elevar el pago a las aseguradoras interesadas hasta el 24%, aunque está por ver si ese incremento bastaría. Hasta ahora proponen un incremento del 17%. Además, baraja aplicar una prórroga forzosa del servicio, para el caso de que no haya un acuerdo.

Los sindicatos de funcionarios, como CSIF, han convocado concentraciones para el lunes (frente al Ministerio de Hacienda en Madrid y en el resto de España ante las subdelegaciones de Gobierno provinciales) para reclamar que se salvaguarde el actual concierto de Muface. Amenazan incluso con ir a la huelga. La inquietud dentro de los empleados públicos es máxima, puesto que muchos llevan décadas recibiendo la atención sanitaria en los mismos hospitales, a los que ahora no saben si podrán acudir. Desde el Ministerio de Función Pública han tratado de apaciguar los ánimos y se muestran convencidos de que se encontrará una solución.