Trabajo no ha aprobado el plan contra la discriminación LGTBI+ casi tres meses después de presentarlo

“Sabemos que el mundo de la empresa, el mundo del trabajo, está plagado de discriminaciones. Pero hoy nos damos la mano para dar un paso adelante y luchar contra ellas”, dijo la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el 26 de junio. Pronunció estas palabras hace casi tres meses, coincidiendo con las celebraciones del Orgullo LGTBI+, durante la presentación del reglamento para evitar la discriminación laboral del colectivo. Sin embargo, ese texto, acordado por el Gobierno con sindicatos y patronales, aún no está en vigor. No hay rastro oficial de él, pese a que no necesita respaldo parlamentario, al tratarse de una desarrollo reglamentario. “Se dieron mucha prisa para tenerlo en las fechas del Orgullo, pero ahora no se están dando ninguna prisa”, denuncia Toño Abad, responsable del área LGTBI+ de UGT. “La respuesta que nos dan a esta tardanza es que tienen muchas cosas que hacer”, agrega Carolina Vidal, secretaria confederal de mujeres, igualdad y condiciones de trabajo CC OO.

En el Ministerio de Trabajo indican que estaban pendientes del dictamen del Consejo de Estado, que acaban de recibir en sentido favorable, con lo que anuncian que el reglamento se aprobará “en breve”, sin más concreción. Vidal destaca que “no es habitual” que un acuerdo social tarde tanto en trasladarse a la normativa oficial. “No sabemos por qué han tardado tanto. Claro que nos ha llamado la atención”, critica la sindicalista de CC OO.

“No entendemos por qué se ha retrasado tanto. Las personas LGTBI+ en las fábricas y en las oficinas están esperando para tener herramientas y medidas específicas para mejorar su situación en los centros de trabajo. Y no pueden esperar más. A ellos una foto durante el Orgullo no les soluciona sus problemas diarios”, lamenta Abad, que celebra el anuncio del dictamen favorable del Consejo de Estado. CEOE y Cepyme, también firmantes del acuerdo, han preferido no pronunciarse sobre este retaso.

El texto es un desarrollo reglamentario de la ley trans: establece que los convenios colectivos deberán contemplar cláusulas específicas de igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI+; precisa que las empresas deberán impartir formación para evitar la discriminación del colectivo en entrevistas y ascensos; fija la inclusión de un protocolo frente al acoso y la violencia; que “se promoverá” la “heterogeneidad de las plantillas para lograr entornos laborales diversos”; y contempla medidas específicas para fomentar la integración del colectivo trans, el que más discriminación laboral sufre. Este conjunto de políticas debe aplicarse de forma obligatoria en las compañías con más de 50 empleados, pero puede interpelar a muchas otras de menor tamaño, ya que ha de trasladarse a todos los convenios. Justo por ello Abad y Vidal insisten en la importancia de arrancar cuanto antes, ya que la traslación a los convenios no será automática. Se dará negociación a negociación.

El acuerdo entre Trabajo y los agentes sociales ya llegó más tarde de lo esperado, ya que la ley trans daba un “plazo de 12 meses a partir de la entrada en vigor” y se aprobó en febrero de 2023. Ya acumula, al menos, siete meses de retraso. El texto se aprobará como real decreto, así que no exige votación parlamentaria en el Congreso de lo Diputados.

Otro acuerdo del diálogo social que aún no ha tenido traslado a la normativa oficial es el estatuto del becario. Es un episodio controvertido, puesto que el texto fue acordado entre Trabajo y los sindicatos hace más de un año, llegó a ser presentado públicamente poco antes de las elecciones generales, pero nunca fue refrendado en el Consejo de Ministros, ni mucho menos por el Congreso de los Diputados. Al rechazo del sector universitario y del resto de socios parlamentarios se sumó también el de la propia ala socialista del Ejecutivo de coalición, que sigue sin dar el visto bueno a la modificación normativa.

Díaz anunció en julio que, una vez resuelta la reducción de jornada, será el siguiente asunto al que dará prioridad el ministerio. Después será el turno de la indemnización por despido, tras la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales que subraya el incumplimiento de la normativa española de la Carta Social Europea. PSOE y Sumar se comprometieron en su programa de gobierno a cumplir con este texto en lo que respecta a la indemnización por despido.