El Consejo Económico y Social pide más evaluación y eficacia de las políticas activas de empleo

El año 2023 fue, en términos generales, un buen año para la sociedad y la economía españolas, según la memoria del Consejo Económico Social (CES), un órgano consultivo del Gobierno en el que están presentes los empresarios, los sindicatos y la economía social (tercer sector). Sin embargo, esta evaluación de la marcha socioeconómica de España, que ha sido presentada este lunes por el presidente del CES, Antón Costas, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, da algunos toques de atención a los poderes públicos. Entre ellos, la necesidad de dotar de una mayor transparencia a la ejecución de los fondos europeos en general y, en particular, hacer una mejor evaluación de la calidad de las inversiones en políticas activas de empleo.

Así, esta memoria indica que tres años después de la entrada en vigor del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), su balance es “mixto”, ya que, aunque se han comprometido casi el 90% de los fondos iniciales, solo algo más de la mitad ha llegado a la economía real. No obstante, los técnicos del CES llaman la atención sobre que “los sistemas de información (sobre el PRTR) existentes adolecen de suficiente transparencia y capilaridad como para detectar el impacto real de los fondos a nivel sectorial y regional”.

Y añaden que dado el elevado impacto potencial que tienen estos fondos “es necesario superar las debilidades detectadas en el diseño, gestión y resolución de convocatorias y dotarse de los medios suficientes para agotar los fondos asignados en tiempo récord (hasta 2026). También creen que el Gobierno debe fomentar “una mayor participación e implicación de las autoridades regionales y locales, la sociedad civil y los interlocutores sociales en el Plan”. Si bien, hechas todas estas advertencias creen que estas ayudas europeas sí están contribuyendo a cambiar el tejido productivo español, aumentando el peso de los servicios no turísticos de mayor valor añadido.

La memoria desciende a aspectos más concretos dentro del Plan de Recuperación, como es el caso de las inversiones en políticas activas de empleo, lanzando también varias advertencias y recomendaciones, debido a que España sigue estando a la cola de los niveles de paro en Europa. Pese a ello, España se mantuvo un año más entre los países de la UE-27 que dedican un mayor porcentaje de su PIB a políticas activas de empleo. Sin embargo, persiste el déficit de gasto en relación a la incidencia del paro, que mide el grado de cobertura del gasto sobre las personas desempleadas, y en términos de gasto por persona que busca empleo, que aproxima el grado de intensidad de las actuaciones sobre cada demandante de empleo.

Tras tres años de implementación del PRTR, las inversiones relacionadas con las políticas activas de empleo han ejecutado a un ritmo del 57,2%, mayor que el nivel de ejecución del conjunto del plan (40,1%). Pero el CES se queja de que “no es posible aproximar ni la calidad de la implementación ni el impacto de las medidas sobre la población objetivo y el tejido productivo. Ello incide en el déficit persistente en la evaluación sistemática y de calidad de las políticas activas de empleo”.

Evaluar el impacto de las medidas

Un ejemplo de esta falta de información sobre el efecto de las medidas es esta materia son los resultados del proyecto Send@ de perfilado de los demandantes de empleo. Se trata, dice la memoria del CES, de “un elemento clave de la transformación digital de los servicios públicos de empleo en España”, sin embargo, tras su diseño inicial en 2019 y 2020, y a falta de datos sobre su grado de implantación en los servicios de empleo e impacto sobre la empleabilidad e inserción laboral de los usuarios, desde este organismo aseguran que solo cuentan con los resultados de la evaluación preliminar llevada a cabo por la OCDE y la Comisión Europea en 2022.

De la misma manera, demandan que sería básico la mejora del reporte de información entre los distintos niveles administrativos y departamentos implicados, ya que consideran que esta deficiente coordinación es un escollo en la implementación de los fondos europeos, así como una potencial debilidad para el anclaje de las medidas en el largo plazo.

Sobre todo, el documento advierte “retrasos significativos en la gobernanza e impulso a las políticas activas de empleo, que incluye las acciones de formación al personal del Servicio Nacional de Empleo”. Y aunque aseguran que se ha cumplido con la mayoría de los hitos puestos por Bruselas a España en materia de empleo, “destaca la ausencia de progreso sobre la modernización del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral”. Esto es, denuncian retrasos en las inversiones en acciones para mejorar la empleabilidad de parados y ocupados y también se alerta sobre la escasa coordinación entre servicios de empleo y servicios sociales, así como sobre la insuficiente dotación de personal.