El Gobierno destinará 2.803 millones de euros a políticas activas de empleo en 2023

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes dotar con 2.803 millones de euros las políticas activas de empleo a lo largo de 2023. Este importe irá destinado a las comunidades autónomas, las que tienen la competencia en la materia. “Es un reparto de fondos que permite hablar de la mayor inversión pública para la mejora de la empleabilidad en España. El pico lo alcanzamos en 2011, pero ahora lo hemos recuperado y lo hemos colocado en el centro de las políticas públicas”, ha afirmado en rueda de prensa la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. El Ejecutivo también ha aprobado el anteproyecto de Ley Integral de la Economía Social, que incorpora ajustes en las cooperativas para “mejorar su funcionalidad”.

El 91% de esos 2.803 millones procede del presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que se completa con 231,88 millones de euros de fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. A esta cuantía se agregan unos 900 millones que distribuye el Ministerio de Educación para Formación Profesional, y que, indica Trabajo, convierten la inversión en políticas de empleo de 2023 en la mayor registrada hasta ahora.

El ministerio que dirige Díaz señala que los 2.803 millones de euros permitirán llevar a cabo actuaciones “para combatir el paro, especialmente el de larga duración”, y detalla que la distribución de fondos estará supeditada a la consecución de “objetivos específicos”. Su uso se someterá a una doble evaluación, interna y externa. Aún no se ha aprobado el reparto por comunidades de los fondos del SEPE, una decisión que se adoptará en la LXXXII Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales que se celebrará en las próximas semanas.

“El mandato que vamos a dirigir en la Conferencia Sectorial es que en esta ocasión centremos las medidas de empleabilidad a uno de los colectivos que mayor relevancia tienen por su número y por el drama social que suponen, los parados de larga duración”, ha apuntado Díaz. “Hemos reducido ese número más de un 14%, en cerca de 300.000 personas, pero es verdad que las personas en paros de larga duración y mayores de 45 años son muy numerosas. Este es el problema principal en términos de desempleo que tiene España. Queremos que las comunidades se impliquen en el abordaje de estas realidades”.

La vicepresidenta también ha hecho un llamamiento a los empresarios para que integren a estos empleados: “Cuando un trabajador o una trabajadora tiene 45 años, créanme, se encuentra seguramente en lo mejor de su carrera profesional. Las empresas no pueden prescindir de ese talento. Contraten a las personas paradas de larga duración y mayores de 45 años”.

Economía Social

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de ley de la Economía Social y la Estrategia Española de la Economía Social 2023-2027. El Gobierno cifra el peso de este tipo de actividades en el 10% del PIB, con las cooperativas como su principal expresión. El Ejecutivo indica que entre los objetivos de estas reformas están “adaptar el funcionamiento de las cooperativas a las nuevas tecnologías, hacer más efectiva la igualdad que ya promueve esta fórmula empresarial o fomentar este tipo de emprendimiento colectivo”. El anteproyecto de ley modifica la ley de Cooperativas, la de Regulación del Régimen de las Empresas de Inserción y la de Economía Social.

“España se coloca a la vanguardia de la economía social. Somos el baluarte de esta economía en la Unión Europea y en el mundo”, ha indicado Díaz. “Es una economía singularmente solidaria, feminista y que genera arraigo en los territorios, y especialmente resiliente. Aguantan las crisis mejor que otros sectores”.

La nueva norma adapta el funcionamiento interno de las cooperativas “a las nuevas formas de comunicación y participación basadas en la implantación de las nuevas tecnologías”, señala el ministerio. “Se han eliminado los obstáculos para agilizar el ejercicio de su actividad y mejorar su funcionalidad. Asimismo, con la nueva legislación se busca fomentar este tipo de empresas, que están demostrando ser un nicho de innovación en el sistema empresarial español”. También se conforma el Comité de Igualdad como órgano social que desarrolle los Planes de Igualdad Cooperativos “para hacer más efectiva esa igualdad que forma parte de los principios cooperativos y que, además, le permite contar con las mismas condiciones que la empresa privada tradicional”.

Por otro lado, hasta ahora se consideraban empresas de economía social cooperativas, empresas de inserción, centros especiales de empleo, mutuas o sociedades laborales. “La nueva normativa incorpora nuevas fórmulas asociativas que están presentes en la Economía Social y que ya están reconocidas a nivel europeo, como es el caso de las empresas sociales, como empresas que comparten los principios de la Economía Social y tienen que reinvertir en la empresa el 95% de los beneficios”, añade el departamento de Díaz.

Respecto a la ley de empresas de inserción, el anteproyecto incorpora una nueva clasificación de colectivos y personas que están expuestas a esas circunstancias, “básicamente ampliando el foco en los factores que determinan la vulnerabilidad y o exclusión social. Estas personas siguen unos itinerarios que facilitan su transición al mercado de empleo ordinario”, detalla el ministerio.

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