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Foment cifra en 2.900 millones el déficit en infraestructuras que Cataluña acumula cada año

La patronal aboga por un gran pacto entre los partidos catalanes y defiende “cualquier” modelo que mejore la financiación de la Generalitat de forma sustancial

Una pasajera espera en una estación de la red de catalana de Rodalies, el pasado abril.
Una pasajera espera en una estación de la red de catalana de Rodalies, el pasado abril.Gianluca Battista
Dani Cordero

La patronal catalana Foment del Treball calcula que cada año del último quinquenio Cataluña ha acumulado en torno a 2.900 millones de euros de déficit de inversión en infraestructuras. El problema no es nuevo y se repite cada ejercicio desde la crisis financiera. Desde 2009, se acumula una falta de recursos destinados a mejorar la red de ferrocarriles, de carreteras o de instalaciones aeroportuarias o hidráulicas (entre otras) por parte del conjunto de Administraciones por un importe de 42.500 millones de euros.

”La cifra es escandalosa”, ha criticado el presidente de la organización empresarial, Josep Sánchez Llibre, quien también ha hablado de “vergüenza” o de una “tomadura de pelo” que considera “vergonzosa”. El diagnóstico no es nuevo. Tanto el servicio de estudios de Foment como el de la Cámara de Comercio de Barcelona han ido actualizando cálculos con las mismas conclusiones y cada vez, como ha sucedido en el último informe, “va creciendo el problema”.

En el caso de Foment, su cifra surge analizando las licitaciones públicas (al no existir cifras conjuntas de ejecución presupuestaria) que realizan el Estado, la Generalitat y las Administraciones municipales en Cataluña. Estas se comparan con las que, a su entender, deberían ser mínimas para mantener las infraestructuras de acuerdo con las necesidades del territorio. A tenor de esos cálculos, en los últimos cinco años la falta de inversión en Cataluña entre 2019 y 2023 ascendería a 14.516 millones de euros. El año pasado, por ejemplo, se licitaron obras por un importe de 3.318 millones cuando hubiera sido necesario invertir 6.434 millones. Ese 2,2% teórico utilizado para la comparación es inferior al 3% de inversión pública realizada el pasado año en España o el 3,5% de promedio de los países miembros de la Unión Europea.

La patronal catalana no ha querido entrar en juzgar quién es el mayor culpable de la situación. Sus gráficos muestran cómo el conjunto de las Administraciones han ido reduciendo sus inversiones, con menos afectación en el caso de los ayuntamientos y otras corporaciones municipales. En todo caso, Sánchez Llibre ha apelado a la responsabilidad de los partidos catalanes para firmar “un gran pacto catalán” que garantice unas inversiones que, en su opinión, contribuyan a mejorar la competitividad de la comunidad.

La organización no concreta cómo podrían garantizarse esas inversiones, una vez que el diagnóstico ya es antiguo y no han mejorado las cuantías. Pero sí define cinco bloques que tendrían que ser el foco de los esfuerzos de las Administraciones. El primero es conocido por los reiterados problemas que acumula en su día a día: la mejora de la movilidad ferroviaria. El vicepresidente de la patronal catalana y responsable de los contratistas, Lluís Moreno, ha recordado que apenas un tercio de lo comprometido en el Plan Rodalies 2020-2030 (para mejorar los trenes de corta distancia de Renfe) se ha invertido. El trabajo pone sobre la mesa una serie de mejoras en diferentes líneas existentes y otras que se tendrían que construir, además de poner el ojo en actualizaciones necesarias en las líneas del metro de Barcelona y en las de tranvías de toda Cataluña.

Asimismo, reclama inversiones para mejorar la seguridad en las carreteras y la interconexión dentro de Cataluña; la ampliación del aeropuerto de Barcelona, que se encuentra cerca del límite de su capacidad por volumen de pasajeros; hacer posible que el transporte de mercancías por ferrocarril sea capaz de captar mayor cuota de movilidad; y, por último, poner en marcha medidas que garanticen el autoabastecimiento y la lucha contra la sequía. Ese se ha convertido en el último gran caballo de batalla de la Generalitat, que había dejado casi sin inversión el plan previsto en 2009, que incluía desalinizadoras y otros proyectos que no se han puesto en marcha hasta que la peor situación de falta de agua en la historia de Cataluña no era una realidad.

Si hace un año Sánchez Llibre abogaba por el traspaso de Rodalies, en esta ocasión Foment ha reiterado la necesaria inversión en el aeropuerto y la interconexión de la red del Ebro con la red que suministra agua al área metropolitana de Barcelona. El actual Govern en funciones rechaza ambas.

Sí al ‘concierto catalán’

Aunque no ha sabido concretar qué medidas podrían garantizar una inversión mínima en infraestructuras, el presidente de Foment del Treball sí ha defendido la necesidad de cambiar el modelo de financiación para que Cataluña consiga una mejora “muy superior” de los recursos de los que dispone. “Estaremos de acuerdo con cualquier mejora cuantitativa y cualitativa”, ha señalado Sánchez Llibre, quien ha dado incluso por válida la propuesta de financiación singular presentada por la Generalitat y a la que el president en funciones, Pere Aragonès, denomina “concierto catalán”. Esta se basa en un modelo similar al vasco, con una negociación bilateral y fuera del régimen común, el control de la recaudación de todos los impuestos y una aportación adicional de recursos para el reparto entre las comunidades autónomas más necesitadas. “Estamos de acuerdo con todo lo que sean más recursos para mejorar la financiación de Cataluña”, ha dicho.

Un día antes, una veintena de entidades del ámbito económico y empresarial de Cataluña, entre las que también se encuentra Foment, habían pedido con “urgencia” que los partidos catalanes cerraran un nuevo modelo de financiación. Este lunes se reunió el Consejo de Política Fiscal y Financiera y allí la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, rechazó la propuesta que había explicado la consejera catalana de Economía y Hacienda, Natàlia Mas.

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Sobre la firma

Dani Cordero
Es integrante de la redacción de EL PAÍS en Barcelona, donde ha desempeñado diferentes roles durante más de diez años. Licenciado en Periodismo por la Universidad Ramon Llull, ha cursado el programa de desarrollo directivo del IESE y ha pasado por las redacciones de 'Ara', 'Público', 'El Mundo' y 'Expansión'. 
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