Las mil y una obras que nadie quiere hacer: la Administración a precios de derribo en Cataluña

No hace tanto tiempo que las administraciones públicas estaban bajo el foco por un uso exagerado de las bajas temerarias en la obra pública, trabajos que se adjudicaban por un precio tan bajo que era difícil cumplir y obligaba posteriormente a hacer modificados. Desde hace un par de años, al calor del encarecimiento de las materias primas y de la energía, sucede lo contrario. Los contratistas evitan participar en los concursos dados los bajos importes con los que en ocasiones los licitan las administraciones, inferiores a lo que suponen que les costarían. No son uno ni dos o tres. Desde enero de 2021 van más de mil (1.037), según los datos de la Cámara de Contratistas de Obras de Cataluña (CCOC). El punto más crítico se produjo en la primera mitad de 2023, cuando entre abril y junio se alcanzaron las 221 obras desiertas. En total, el volumen de obra afectado alcanza los 392 millones de euros.

La principal obra desierta durante este año es del Ayuntamiento de Viladecans: una cesión de parte de un solar para la construcción de oficinas. Estaba valorado en 15,6 millones de euros. Le seguía unas obras de la Paeria de Lleida para construir y explotar una residencia de ancianos y un centro de día por un importe de 14,55 millones. Pero las obras sin postor alcanzar a renovaciones de vías del metro de Barcelona, renovaciones parciales en las cocheras de TMB o la adecuación del pavimento de la zona aire del aeropuerto de El Prat.

La cuestión es que el problema alcanza a todo tipo de obras. Puede ser una de 30 millones de euros en unas obras de Ferrocarrils de la Generalitat en Sabadell (solventada gracias a una cláusula que introdujo la contratista de una obra relacionada) o una menor, como la construcción de seis silos para compostaje en la Seu d’Urgell por un importe de casi 440.000 euros. Son solo dos ejemplos. Y, aunque algunas administraciones son más reincidentes que otras, las dificultades de los precios son compartidas por cualquiera de ellas, municipales, autonómica o también estatal o empresas semipúblicas como Aena o el Consorcio de la Zona Franca. En algunos casos incluso se da el caso de la reincidencia, obras licitadas de nuevo que siguen sin contar con un precio acorde a las condiciones requeridas por las constructoras.

“Para que una empresa renuncie a una obra, se lo tiene que pensar mucho: tiene que haber mucha diferencia entre el precio del coste y el que está dispuesto a pagar la Administración”, explica el presidente de la CCOC, Lluís Moreno. La patronal considera que el problema de las obras desiertas se está enquistando por la inestabilidad de los precios y la falta de un mecanismo capaz de adaptarlos. Y denuncia que cada vez hay más casos en los que apenas una o dos empresas se presentan a una adjudicación (representan casi el 45% de los casos). Son esos los concursos con más opciones de entrar en la fiscalización de la Comisión Europea por el riesgo de amaños entre empresas, que la CNMC ya ha aflorado.

Pero también porque las administraciones en muchas ocasiones tardan demasiado entre el momento en el que concluyen un proyecto constructivo y lo sacan a concurso, con los precios de las materias primas muchas veces ya desfasados. Por ejemplo, el hormigón ha aumentado su precio un 30% desde el inicio del año. El hierro ha experimentado un encarecimiento del 40%, pero llegó a ser del 150% en algún momento. Y no hay que olvidar los precios de los carburantes y todos los productos derivados, incluido el asfalto. La invasión de Ucrania exacerbó la subida de esos costes, aunque en algunos casos ya mantenían antes una senda alcista.

En la parte positiva para los contratistas es que si pueden renunciar a obra pública es porque en los últimos tres años ha habido un fuerte incremento de volumen de licitación en Cataluña. En el tercer trimestre del año se superaron los 4.000 millones de euros, frente a los 1.500 millones del último trimestre de 2020.

Una vez que una administración lanza un concurso y este queda desierto, consulta entre contratistas el motivo. Puede ser que la obra sea excesivamente compleja, pero el principal freno acostumbra a ser el precio. Si es así, la administración replantea el concurso con alzas que acostumbran a un 10% superiores a las de salida. El periodo que puede pasar entre los dos concursos, es de unos cinco meses. Pero en el caso de los ayuntamientos pequeños, la cuestión es más compleja. Puede ocurrir que en ese tiempo se hayan gastado el presupuesto que tenían cosignado o que el dinero disponible acabe siendo insuficiente para el nuevo contrato. En resumen, que no se puede licitar y se arrastra al siguiente ejercicio. Moreno lamenta que muchas veces el descuadre de precios se produce simplemente porque entre la elaboración del proyecto y el concurso pase demasiado tiempo, tal y como denuncia Moreno. “No puede ser que un proyecto de 2018 salga hoy: eso es dumping a la baja”, señala.

El presidente de los contratistas catalanes afirma que el mal resultado es un problema de todas las administraciones, aunque considera que en el caso del Estado hay más agilidad para actualizar precios. La Generalitat, dice, es la que más le cuesta. Infraestructures.cat, la mayor licitadora de la Generalitat, revisó los precios que ofrecía en sus concursos hace un año (que alcanzaba mejoras de hasta un 11% en las obras de menor envergadura), pero el resultado todavía es una incógnita.

Fórmulas para resolver el entuerto

El problema de la obra pública desierta no es únicamente catalán, concierne al conjunto de España. Las patronales de ámbito estatal lo han denunciado en los últimos años, mientras los sucesivos gobiernos iban parcheando la normativa en busca de una solución definitiva que parece no llegar. Lo hizo el PP en 2017, hizo cambios el PSOE en 2022 y desde mayo de 2023 están en vigor los cambios introducidos en la Ley de Contratos del Sector Público, aunque su impacto es limitado. Según estas, las administraciones podrán incluir cláusulas de revisión en contratos por un encarecimiento en materias primas, bienes intermedios y energía, aunque para que eso ocurra el aumento del precio tiene que ser como mínimo del 20% del presupuesto del contrato. Está por ver si esa solución para contratos ya adjudicados surte efecto. De momento, en lo que va de 2023 continúan habiendo obras desiertas, menos que en ejercicios anteriores, aunque aún falta contabilizar el último trimestre y cerrar las cuentas de cada uno de los trimestres anteriores. Es cierto que, con las cifras provisionales de la CCOC, a partir del segundo trimestre se ha reducido el impacto.

Puedes seguir a EL PAÍS Catalunya en Facebook y X, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal