Claves sobre la multa histórica de la CNMC al cartel de constructoras

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha anunciado este jueves la imposición de una multa de más de 203 millones a seis constructoras por compartir información ante concursos públicos de contratación. Estas son las claves de una sanción histórica.

¿Cuáles son las empresas implicadas?

Las seis sancionadas figuran entre las mayores constructoras e ingenierías españolas, y, por tanto, entre los mayores contratistas con la Administración. Se trata de Acciona, Dragados (perteneciente al grupo ACS), FCC, Ferrovial, OHLA y Sacyr. En el expediente también figura Isolux, la actual Lantania, pero esta ha sido exculpada.

¿De qué las acusa la CNMC?

El supervisor señala que durante 25 años, entre 1992 y 2017, las seis firmas sancionadas falsearon la competencia en los procesos de licitación de infraestructuras. Las obras en las que sucedió eso se refieren a hospitales, puertos, aeropuertos, carreteras y otras infraestructuras. Por eso, la CNMC considera que sus prácticas han sido “especialmente dañinas para la sociedad” y afectaron a “miles de concursos convocados por Administraciones Públicas españolas”

¿Cómo alteraron los concursos?

El expediente señala que las compañías se reunían semanalmente para analizar las licitaciones de obra pública que se iban publicando. En esos encuentros decidían si todas, o una parte de las mismas, compartían trabajos técnicos en las futuras obras. Esos trabajos se encargaban a empresas externas y las integrantes del grupo no podían modificar esos trabajos para presentarlos en sus ofertas sin la aprobación del resto. Es decir, que lo único que se permitía era incluir los diferentes logos y nombres de cada empresa en la presentación para dar “una apariencia de independencia”. Con el tiempo, añade la CNMC, “las empresas desarrollaron unas complejas normas de funcionamiento que fueron evolucionando”.

¿Ha encontrado la CNMC más conductas inapropiadas?

Sí. Competencia señala que en las reuniones semanales también se intercambiaba “información comercial sensible (diferente de la necesaria para compartir los trabajos)”. Esta incluía la intención de concurrir o no a una licitación; o también de formar una UTE (unión temporal de empresas) y qué firmas la integrarían. En definitiva, la CNMC considera que estas conductas provocaron que hubiera “una menor variedad y calidad de las ofertas técnicas”. Este detalle es importante porque la oferta técnica era clave en los concursos a los que se presentaban, representando en torno al 70% de la puntuación que el licitador concedía para decidir a quién encargaba la obra. En última instancia, el cartel de constructoras también perjudicó a otras empresas competidoras que no formaban parte del grupo.

¿Qué Administraciones encargaban las obras?

Aunque afectó a miles de concursos, la CNMC señala que el principal afectado fue el Ministerio de Fomento (actual Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) que es el que licita, directamente o a través de sus organismos y empresas públicas dependientes, la mayor parte de la obra pública en España.

¿Cómo se descubrió el caso?

En noviembre de 2014, la CNMC realizó una inspección a DRACE Infraestructuras (Grupo ACS) en el marco de una investigación sobre el mercado de productos prefabricados de hormigón. Fue en esa actuación, según el expediente, cuando el supervisor “detectó elementos que no [eran] relevantes a efectos de las citadas diligencias previas, pero que podrían resultar constitutivos de otra infracción”. En 2017 se abrió una información reservada específica a partir de esos indicios e inició inspecciones en las empresas involucradas. En 2018 se abrió un expediente sancionador que en 2020 se declaró caducado, pero luego se acordó iniciar un nuevo expediente que es el que finalmente ha salido a la luz este jueves e impone la histórica sanción.

¿A cuánto ascienden las multas?

En conjunto, la sanción supone 203,6 millones, lo que la convierte en la mayor que ha impuesto en la historia la CNMC. Supera en más de 30 millones a la multa de 171 millones que Competencia puso en 2015 a 15 compañías de automoción. El supervisor justifica la cuantía por el “gran número” de trabajos al que afectó, “el elevado importe que entrañaron dichas obras y la prolongada duración en el tiempo de las prácticas [anticompetitivas]”.

La multa se reparte de manera diferente entre las compañías, recibiendo la mayor sanción Dragados (57,1 millones). Le siguen FCC (40,4 millones), Ferrovial (38,5 millones), Acciona (29,4 millones), OHLA (21,5 millones) y Sacyr (16,7 millones). Todas ellas, aclara el supervisor, “disolvieron” el cartel en 2017 y “manifestaron expresamente que estos acuerdos podían ser contrarios a las normas de defensa de la competencia”.

¿La sanción es definitiva?

No, podría aumentar o reducirse, incluso anularse, porque es recurrible. Por un lado, la CNMC ha remitido su resolución a la Junta Consultiva de Contratación Pública, por si esta considera que es pertinente prohibir la contratación de las Administraciones con estas empresas durante un tiempo. Pero a la vez, esa posibilidad solo se permite tras sanción firme y el expediente de Competencia permite recursos durante dos meses a partir de la notificación del expediente. En ese caso, el caso iría a la Audiencia Nacional y luego podría llegar hasta el Tribunal Supremo. Es decir, que la justicia puede tardar años en adoptar una sentencia firme.

¿Es la primera sanción de Competencia por este tipo de prácticas?

No. De hecho, el año pasado la CNMC ya impuso multas millonarias a cuatro de las empresas involucradas en el cartel (ACS, FCC, Acciona y Sacyr) por alterar el resultado de los concursos de conservación de la Red de Carreteras. Y en 2019, por repartir concursos públicos de infraestructuras ferroviarias, se sancionó a 21 empresas, entre las que figuraban Sacyr, ACS y OHLA.