Foment cifra en 40.000 millones el déficit en inversiones en Cataluña
El presidente de la patronal, Josep Sánchez Llibre, reclama el traspaso total de Rodalies
Cada año que pasa es peor: la bola del déficit de inversiones se va haciendo más grande. Lo ha denunciado este jueves Foment del Treball, que considera que desde 2009 Cataluña acumula una falta de recursos públicos para construir infraestructuras que asciende a los 40.000 millones de euros. La cifra, equivalente al presupuesto anual de la Generalitat, no es menor. De hecho, la patronal catalana afirma que si tan solo se hubiera invertido una cuarta parte de ese déficit en materia ferroviaria, se podría haber evitado el desastre ocurrido en la red de Rodalies del mes pasado, cuando el incendio de un cuadro de señalización llevó al caos la línea R2 sud (Barcelona-Sant Vicenç de Calders) durante tres semanas.
Foment realiza periódicamente el ejercicio. Calcula que en Cataluña debería recibir una inversión pública cada año equivalente al 2,2% de su PIB para poner al día sus infraestructuras. No es ni mucho menos un porcentaje fuera de lugar: en el conjunto de la zona euro la inversión ejecutada oscila entre el 2,5% y el 3,5%.
Pero, en cambio, Cataluña solo logró situarse en esas tasas en 2009, cuando el conjunto de administraciones públicas adjudicaron obras por un importe de 5.737 millones de euros. Desde entonces ese porcentaje ha oscilado entre el mínimo del 0,4% de 2012 al máximo del 1,7% de 2010. Así, año tras año el déficit acumulado ha ido creciendo a una velocidad de crucero de alrededor de 3.000 millones de euros por año, cifra reducida ligeramente en 2021 y 2022. Pero el montante final que se echa en falta alcanza ya los 39.365 millones de euros. Josep Sánchez Llibre, presidente de la patronal, concluye que esa falta de inversión “provoca una pérdida de oportunidades y de calidad de vida la ciudadanía” y demanda planificaciones a más de diez años vista.
El informe elaborado por Foment considera que, como en el caso de Rodalies, “muchas de las problemáticas que copan la actualidad estarían resueltas o serían menos problemáticas”. De hecho, respecto al problema de continuas incidencias por el que atraviesa el servicio de corta distancia de Renfe, Sánchez Llibre ha insistido este jueves en la necesidad de convocar “una cumbre de urgencia” para acordar el traspaso completo de Cercanías (actualmente apenas tiene control de horarios): “Si ambas partes tienen la voluntad de efectuar el traspaso íntegro que lo hagan de manera inmediata por respeto a los 300.000 usuarios diarios de Renfe en Cataluña”, ha remarcado.
El transporte ferroviario es uno de los más afectados por la falta de compromiso inversor. En una comparativa con otras regiones españolas y europeas, la patronal llega a la conclusión de que Cataluña cuenta con unas características un 19% peores que el promedio de esos territorios, entre los que se encuentran la Comunidad de Madrid o el País Vasco, pero también otras zonas con características de población o económicas similares a la catalana, como Baden-Württemberg, Rhône-Alps y Lombardia. El análisis en el caso de carreteras que no sean autopistas es peor, ya que estas han recibido un 69% inferior.
“Si se hubiera realizado una inversión adicional de 10.000 millones de euros durante los últimos 14 años en Rodalies, no solo se habría ejecutado la totalidad del plan 2008-15, sino que se podría haber avanzado el actual plan y haber recuperado 10 años de inversiones”.
Más allá de las inversiones en ferrocarril, el estudio de Foment también considera que una inversión equivalente de 10.000 millones también habría permitido facilitado la resolución de problemas candentes, como el de la sequía con nuevas infraestructuras hídricas o parques de energías renovables. La Administración del Estado, según los datos de la Cámara de Contratistas de Obras, es la que menos inversión ejecuta en Cataluña de forma continuada, si bien en los dos últimos años se ha elevado hasta los 993 millones, el máximo desde 2010. La gran denuncia de las entidades empresariales catalanes es el escaso grado de ejecución del Estado en Cataluña respecto a los presupuestos aprobados.
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