El diálogo social se estanca por la división política y la sucesión de elecciones

La pandemia marcó un antes y un después para los agentes sociales en su forma de relacionarse entre sí. El terror mundial por la covid y la necesidad de actuar de manera urgente para evitar un colapso socioeconómico les obligó a debatir a un ritmo incesante, y a dejar de lado muchas de las cuitas que tradicionalmente dilatan cualquier conversación. Fruto de ese frenesí se firmaron 14 acuerdos sociales entre 2020 y 2021, coronados con una reforma laboral que contó con el consenso de todas las partes por primera vez en cuatro décadas.

Tres años después, la pulsión negociadora entre Gobierno, sindicatos y patronales se ha rebajado hasta un nivel cercano a la parálisis. Algunas de las personas que vivieron —y participaron— en el éxtasis de 2021 consideran injusta la comparación con la situación actual. Recuerdan que desde entonces se han celebrado unas elecciones generales, lo que ha condicionado la implementación de varias reformas; o que en este año se entrelazan las vascas, catalanas y europeas, lo que ha dilatado mucho los tiempos. También que el grueso de lo que se discute actualmente se deriva de lo acordado en aquel momento.

Sin embargo, las segundas patas de esas reformas se mantienen aletargadas, llegando al punto de poner en riesgo el cumplimiento de algunos hitos con Bruselas, de los que depende, además, el cobro de los fondos europeos, como es el caso de la reforma del subsidio de desempleo. Y todo ello con una mayoría parlamentaria más débil para el Gobierno, que necesita el apoyo de los nacionalistas de derechas (PNV y Junts) en cada votación. De hecho, los propios líderes sindicales se han quejado pública y reiteradamente en las últimas semanas de los riesgos de que estas negociaciones estén perdiendo fuelle. Algunos han advertido de la “parálisis”, que achacan a la falta de apoyos del Gobierno. Las principales centrales, CC OO y UGT, reclaman al Gobierno “que no se duerma en los laureles” en materia reformista. Y admiten que hay varias reformas aletargadas pese a la creación de “mesas técnicas” que apenas avanzan.

No obstante, Pepe Álvarez, secretario general de UGT ha matizado: “No hay una parálisis como tal. Lo que ocurre es que teniendo en cuenta cuál es la situación parlamentaria, hay que medir mucho los acuerdos para que luego no se caigan”. La debilidad del Gobierno de coalición para conformar mayorías es una carta que cada bando juega en cada momento en función de sus intereses. “Nosotros pudimos utilizar a nuestro favor la fortaleza progresista que tuvimos en 2021 para presionar, y no lo hicimos por responsabilidad”, recuerda Unai Sordo, líder de CC OO.

Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), por su parte, alertan de que “este país no puede aguantar mucho más la parálisis política del Ejecutivo”. “Se está trabajando activamente en las mesas de negociación, con realización de propuestas”, replican fuentes de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que defienden que, aunque no esté habiendo acuerdos, cada negociación “sigue su curso”. El último gran pacto del diálogo social en el que participaron los empresarios fue el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), suscrito hace justo un año con los sindicatos para compensar el golpe de la inflación.

El Ministerio de Seguridad Social reivindica que el diálogo social es una de sus “señas de identidad” y una “actividad permanente”, con reuniones “prácticamente semanales”. “Es el eje trasversal que atraviesa las tres áreas del ministerio”, indican fuentes del departamento de Elma Saiz, que también destacan los “importantes acuerdos” alcanzados en la anterior legislatura, como las reformas de pensiones y el nuevo sistema de cotización de autónomos “tras intensos periodos de trabajo y negociaciones que duraron varios meses”.

En la misma línea se pronuncia el de Trabajo: “El diálogo social en España, lejos de sufrir una decadencia, está en un momento con capacidad de reeditar grandes acuerdos. Nunca en nuestra historia ha tenido tanta capacidad para traducirse en normas legales”. El departamento de Yolanda Díaz cree al respecto que “no hay una parálisis, sino, más bien, una suerte de edad de oro”. Destacan que la conversación con empresarios y sindicatos se está abriendo a “esferas que nunca habían estado sujetas a diálogo como las que atañen al nivel asistencial de desempleo, la prevención de riesgos laborales o el colectivo LGTBI”. Y deja un mensaje a las patronales: “El diálogo social es eficaz aun en el caso de que no se llegue a un acuerdo con alguna de las partes que, como vimos en la pasada legislatura, en algunos casos se puede deber a la influencia del momento político”.

Sin conclusiones en Seguridad Social

Una de las mesas más activas y en las que se han producido algunos avances —aunque no los suficientes como para avistar un pacto cercano—, es la que dirime la reforma de las pensiones, donde el Ministerio de Seguridad Social busca extender a nuevas profesiones los coeficientes reductores para que más trabajadores puedan jubilarse antes.

A pesar de que el departamento que dirige Elma Saiz ha esbozado ya algunos parámetros técnicos para definir nuevas ocupaciones, categorías o actividades profesionales cuyos trabajos pasen a ser considerados de naturaleza penosa, tóxica, peligrosa o insalubre —beneficiarios actualmente de estos coeficientes—, estas fórmulas siguen sin concitar el apoyo de los sindicatos. “Dejan fuera a profesiones muy feminizadas”, señaló tras el último encuentro Cristina Estévez, secretaria de Política Institucional y Políticas Territoriales de UGT. “Queda mucho camino por recorrer”, dijo Carlos Bravo, secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CC OO.

Otro de los puntos de esa mesa aborda la participación activa de las mutuas en la gestión de la recuperación de los trabajadores de baja por problemas traumatológicos derivados de enfermedades comunes y accidentes no laborales. Un aspecto que parece “encarrilado”, aunque sin sello de resolución. Sí ha quedado acordada, sin embargo, la recuperación de los coeficientes multiplicadores del periodo trabajado por los fijos discontinuos —lo que aumenta su periodo cotizado—, que se retiró en la última reforma aprobada el año pasado.

Fuentes de esta negociación recuerdan que algunos de los acuerdos de la anterior legislatura no llegaron hasta nueve o diez meses de conversaciones, que lo que se discuten es de gran complejidad técnica y que, aunque a veces no haya reuniones formales, sí que hay contactos “permanentes”.

Trabajo tampoco remata

En la mesa de pensiones el Gobierno está representado por el Ministerio de Seguridad Social. En la de subsidios por desempleo manda el de Trabajo, criticado por los agentes sociales en los primeros momentos de esta negociación. Esto se produjo en enero, cuando Economía (aún en manos de Nadia Calviño) y el ministerio de Yolanda Díaz acordaron una reforma de estas prestaciones asistenciales sin el concurso de empresarios o sindicatos, ante la urgencia de cumplir con el calendario comprometido con Bruselas, ya que parte del cuarto pago de los fondos Next Generation (que asciende a 10.000 millones en su conjunto) depende de un nuevo diseño del seguro de paro. CC OO y UGT denunciaron en un comunicado conjunto que estos cambios se abordaran sin ellos. Pero el último pacto de Calviño y Díaz quedó en nada por el rechazo de Podemos a la reforma, que elevaba la mayoría de prestaciones a 570 euros. Poco después sí se abrió la negociación con centrales y patronales al respecto, de momento sin conclusiones y también vinculada al desembolso de fondos europeos. El Gobierno aún no ha presentado un texto y hay varios aspectos lejos de resolución, según fuentes de la negociación.

Trabajo también lidera la discusión sobre el estatuto del becario, otro ejemplo de qué el diálogo social gripa cuando escasea el consenso político. Díaz alcanzó un acuerdo al respecto con los sindicatos e incluso lo escenificó el 15 de junio, a menos de un mes de las elecciones generales. El texto pactado limita a un máximo de 480 horas las prácticas extracurriculares (figura en la que se concentra el fraude) y obliga a las empresas a cubrir los gastos del estudiante si no hay remuneración. La norma nunca llegó al Consejo de Ministros por el rechazo del PSOE, lo que no ha sucedido con ningún otro acuerdo del diálogo social en los últimos años. Entonces Moncloa dijo que el texto estaba “verde” y Economía que le faltaba “trabajo técnico” para ser más “equilibrado”. Tras las elecciones, los socialistas y Sumar acordaron sacarlo adelante, pero aún no hay consenso al respecto ni garantías de que prospere en el Congreso, dadas las dudas manifestadas por los socios en la anterior legislatura. Ahora la mayoría para abordar este cambio es aún más precaria y en lo que llevamos de legislatura no se han celebrado reuniones sobre este asunto.

Otra materia en la que chocan PSOE y Sumar es la reforma de la indemnización por despido. La pelea se recrudeció en las semanas previas a que el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) resolviese que el sistema tasado español no está acorde con la normativa comunitaria. Antes, en noviembre, Justicia pidió la recusación de una de las expertas que participó en la deliberación, precisamente la española. Cuando este periódico adelantó la noticia, UGT cargó con dureza contra el departamento que dirige el socialista Félix Bolaños y Díaz le reclamó por carta que retirase la petición de apartarla. Aunque las dos formaciones políticas se comprometieron en su programa de Gobierno a reformar la indemnización en base a lo dictado por el CEDS, los socialistas vienen mostrando muy poco entusiasmo ante esta posibilidad. Con estos mimbres, una vez se haga pública la resolución en verano, previsiblemente arrancará una negociación en la que sindicatos y patronal planteen posiciones contrapuestas. Y uno de los apoyos necesarios para el Ejecutivo, de nuevo Podemos, ya ha dicho que reclama que la indemnización vuelva a los 45 días (ahora son 33 con un máximo de 24 mensualidades), lejos del planteamiento del PSOE o del que se espera de PNV y Junts.

Pendientes de la reducción de jornada

Pero el asunto laboral nuclear de la legislatura es la reducción de la jornada ordinaria a 37,5 horas, uno de los eslóganes del acuerdo de PSOE y Sumar. El plan inicial es hacer este recorte en dos fases: la primera en 2024, fijará la jornada máxima legal en 38,5 horas; y la segunda, el año que viene, la dejará en 37,5 horas semanales. Los agentes sociales han apostado por una negociación bipartita, sin el Gobierno, y confían en poder flexibilizar lo suficiente la implementación de este recorte para poder llegar a un acuerdo. Si bien, tras los últimos encuentros bilaterales, fuentes de la negociación apuntan a la existencia de discrepancias internas entre patronales, unas a favor y otras en contra de este recorte del tiempo de trabajo, que estarían ralentizando estas conversaciones.

Por su parte, en el Ministerio de Trabajo no se resignan a quedarse al margen y siguen convocando a patronal y sindicatos a discutir, tal y como hacen los agentes sociales en el plano bilateral, no solo sobre la reducción de la jornada, sino también sobre el control horario, el de horas extras y la distribución del tiempo de trabajo. En este punto, Trabajo ha dejado ya claro su intención de obligar a que el registro horario de los trabajadores sea por medios digitales para que pueda acceder de forma remota la Inspección de Trabajo. Además, indican que la negociación respecto a la reducción de jornada podría estar resuelta “antes del periodo estival”.

Dentro de las competencias que Díaz reivindica como suyas está también el Indicador Público de Rentas Múltiples (Iprem), que se utiliza para fijar y acceder a numerosas ayudas públicas y subsidios. Desde hace años su revalorización es notablemente inferior a la del salario mínimo, por lo que desde Trabajo pelearon, sin éxito, en la última negociación presupuestaria para que Hacienda incluyera una actualización mayor. Los sindicatos van más allá y quieren que el próximo decreto que reforme el subsidio de desempleo recoja también el compromiso político del Gobierno de rediseñar el Iprem y garantizar su revalorización anual.

El único acuerdo sustancial que el Ministerio de Trabajo ha logrado sacar adelante en esta legislatura es la subida del salario mínimo, de un 5% hasta 1.134 euros al mes en 14 pagas. Lo hizo sin el concurso de los empresarios, por cuarta vez consecutiva (la última vez que apoyaron una subida fue en 2020). Cabe destacar que los incrementos de la retribución mínima legal no exigen el voto afirmativo de la mayoría del parlamento, a diferencia de la mayor parte de la larga lista de reformas prometidas y aletargadas en estos compases iniciales de legislatura.

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