Podemos propone recuperar la indemnización por despido de 45 días por año trabajado

Podemos propone recuperar la indemnización por despido de 45 días por año trabajado, tal y como contemplaba la normativa laboral antes de la aprobación de la reforma de 2012 por el Gobierno entonces dirigido por Mariano Rajoy. El partido encabezado por Ione Belarra ha registrado este martes una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para reformar el Estatuto de los Trabajadores, en la que también incluye el establecimiento de una jornada laboral de 35 horas semanales, y que en el caso de despido improcedente, sea el propio trabajador el que pueda elegir entre una indemnización o la readmisión en el puesto. Una medida que supondría la equiparación de esta figura con la del despido nulo.

En plena reclamación judicial ante instancias europeas por parte de los sindicatos mayoritarios UGT y CC OO acerca de si la figura del despido improcedente, tal y como está recogida actualmente por parte de la normativa española, resarce suficientemente el daño que percibe el trabajador despedido sin razón objetiva, Podemos se desmarca con una petición mucho más ambiciosa. De hecho, en el esqueleto de la reclamación sindical presentada ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), no está la definición de una nueva fórmula que amplíe la regla actual —de 33 días por año trabajado con un límite de 24 mensualidades―, sino el establecimiento de otras variables que amplíen (o no) la indemnización percibida. Algunas de esas excepciones tienen que ver, por ejemplo, con la movilidad territorial.

Según adelantó EL PAÍS hace un mes, el CEDS —que depende del Consejo de Europa— ya habría resuelto que la indemnización por despido improcedente en España no se ajusta a la Carta Social Europea, aunque todavía no lo ha hecho público. Esta Carta, suscrita por el Gobierno en la anterior legislatura, establece “el derecho de los trabajadores despedidos sin razón válida a una indemnización adecuada o a otra reparación apropiada”. Algo que, en opinión de los sindicatos, no se produce actualmente. Este posicionamiento europeo era el esperado por las centrales, puesto que ya en 2022 falló a favor de un sindicato francés que había planteado la misma denuncia, y había avalado reclamaciones en la misma línea en Italia o Finlandia.

No vinculante

A falta de un pronunciamiento judicial público, las consecuencias de que la denuncia sindical española sea satisfecha en el marco europeo no conllevarían, necesariamente, la obligatoriedad de adaptar la normativa española, puesto que la suscripción de la Carta Social por parte del Gobierno no convierte en vinculantes las resoluciones judiciales. Este matiz técnico, de no resolverse en el marco del diálogo social, conllevaría la judicialización de todos los casos de despido, en los que cada juez podría aplicar la jurisprudencia europea de forma particular, dando pie a un escenario de inseguridad jurídica, tal y como alertan distintas voces del entorno laboral.

Por su parte, el Ministerio de Trabajo, dirigido por la líder de Sumar, ha venido refrendando las tesis de las centrales de trabajadores, e incluso ha calificado de “imprescindible” la reforma del despido. “La posición del Ministerio es nítida. El régimen jurídico de la indemnización por despido en España difícilmente cumple con la Carta Social Europea”, señaló a principios de mes el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey.

Sin embargo, desde el departamento que dirige Yolanda Díaz no han trascendido los parámetros de ese futuro cambio legislativo, ni se ha señalado si su posicionamiento para satisfacer la necesaria reparación del trabajador despedido pasa por recuperar los 45 días por año trabajado que hoy demanda Podemos. De hecho, la reformulación del despido quedó fuera de la negociación de la reforma laboral de 2021, entre otras razones, para que este nuevo marco pudiera contar con acuerdo de todos los agentes sociales, singularmente con el de los empresarios.

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