El Congreso pide que, además de los médicos de familia, otros especialistas de la sanidad pública den bajas laborales

El Congreso de los Diputados ha pedido al Gobierno que apruebe una serie de medidas para agilizar la gestión de las bajas médicas de los trabajadores. Entre estas demandas, incluidas en una proposición no de ley presentada este martes por el Grupo Parlamentario Socialista y que fue aprobada por la mayoría de la Comisión de Trabajo, está que “se garantice de manera efectiva el cumplimiento normativo sobre que en la gestión de las bajas por incapacidad temporal (IT) se impliquen otros especialistas médicos de los Servicios Públicos de Salud”, distintos a los médicos de atención primaria.

Actualmente son los médicos de cabecera de los servicios públicos de salud, dependientes de las comunidades autónomas, los que se encargan de dar las bajas laborales a los trabajadores. Esto genera, según las quejas de numerosas asociaciones médicas, fuertes cuellos de botella y una carga administrativa en los facultativos de atención primaria, que cuentan con unas plantillas ya de por sí fuertemente mermadas. Por ello, el PSOE ha presentado esta proposición no de ley con el fin de que otros médicos de la sanidad pública, fundamentalmente los de los hospitales y centros de especialidades se impliquen también en estos procesos administrativos, algo que ya es posible en algunas comunidades autónomas.

Para que esto se produzca no harían falta grandes cambios legales. De hecho, tal y como recordaron varios diputados en la Comisión de Trabajo de la Cámara baja donde se aprobó esta propuesta por 18 votos a favor y 19 abstenciones, la orden ministerial que regula en parte estos procedimientos —que data de 2015 y desarrolla el Real Decreto 625 de 2014— indica que “el parte médico de baja de incapacidad temporal, cualquiera que sea la contingencia determinante, se expedirá inmediatamente después del reconocimiento médico del trabajador, por el facultativo del servicio público de salud que lo realice”. Esta redacción, por tanto, deja abierta la posibilidad legal de que sean otros facultativos del servicio público de salud, distintos a los médicos de atención primaria, como por ejemplo los de los hospitales, quienes den la baja a los trabajadores.

De hecho ya existe esta posibilidad en los centros hospitalarios de Cataluña y se está desarrollando en la red hospitalaria de la Comunidad de Madrid, entre otras comunidades. Es más, en la exposición de motivos del texto inicial de la proposición no de ley de los socialistas, que fue enmendado con una transaccional para poder ser aprobado, se justificaba esta medida porque la prescripción de guardar reposo a un trabajador puede surgir cuando está ingresado en un hospital o en urgencias del centro hospitalario, pero siempre tiene que acudir posteriormente a su médico de cabecera (el paciente en persona o un familiar) para solicitar el parte de baja laboral.

“Esta competencia asignada en la práctica solo al médico de familia, está teniendo efectos negativos sobre el funcionamiento de los servicios de atención primaria” indica el citado texto presentado por el PSOE. Y añade que “esta gestión de la IT podría mejorarse si los especialistas hospitalarios pudieran emitirlos partes de baja médica a los pacientes que la necesiten durante su ingreso, y continuar con posterioridad, al alta en las consultas de atención primaria”.

Además, la proposición aprobada este martes por 18 votos a favor y 19 abstenciones, insta al Gobierno a garantizar en general de manera efectiva el cumplimiento de la normativa vigente, en materia de gestión de estas bajas ya sean por enfermedad común o accidente laboral, e impulsar aquella legislación adicional que fuera necesaria, en el marco del diálogo social, que permita mejorar, agilizar y armonizar dicha normativa con las Comunidades Autónomas.

El Gobierno ya introdujo en enero de 2023 algunas novedades en la gestión de las bajas médicas de los trabajadores entre las que destacó la eliminación de la obligatoriedad para los empleados de entregar los partes de baja en sus empresas. Dicho cambio legal, que entró en vigor en abril del año pasado, implica también más trabajo para los medico de familia que son los encargados desde entonces de enviar telemáticamente al INSS los partes de baja y este organismo los reenvía a las empresas en un proceso que, en teoría, según los plazos antes citados no debería exceder en más de una semana. Actualmente, en el marco del diálogo social con patronal y sindicatos, la Seguridad Social está negociando cómo derivar las pruebas diagnósticas y el tratamiento desde la atención primaria a las mutuas colaboradoras en el caso de las bajas traumatológicas de los trabajadores, también para agilizar estos procesos.

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