Nueve comunidades incumplen el déficit fijado en un 2023 lleno de rebajas fiscales

La posición fiscal de las comunidades a cierre de 2023 fue mejor que un año antes, pero peor de lo previsto: más de la mitad de los territorios rebasó la meta de déficit fijada, del 0,6% del PIB, pese a la mejora de la recaudación y los voluminosos recursos procedentes de la financiación autonómica. Los mayores desvíos se dieron en la Comunidad Valenciana, Murcia, Extremadura, Cataluña, Castilla-La Mancha y Andalucía, que llegaron a duplicar la tasa establecida. Tampoco cumplieron en su conjunto. El desfase entre ingresos y gastos regionales se situó en el 0,91% del PIB, tres décimas por encima de la tasa de referencia, según los datos de cierre presupuestario publicados por el Ministerio de Hacienda, que resalta cómo estos números rojos se hubiesen disparado sin las liquidaciones del sistema.

En el tramo final del año, como suele pasar, el agujero ha engordado a un ritmo más rápido, saltando del 0,13% del PIB del tercer trimestre al 0,91% del último, tanto que la Autoridad Fiscal estimaba que las autonomías cumplirían con el 0,6% con los datos hasta septiembre en la mano. El saldo final es negativo en 13.254 millones de euros, algo menos con respecto a diciembre de 2022 (15.119 millones), gracias a un aumento de los ingresos superior al de los gastos y pese a las rebajas de impuestos acometidas por la mayoría de las comunidades, sobre todo en el IRPF. Su impacto, no obstante, aún no es palpable en los recursos del sistema.

El desfase se multiplicaría por dos, según los datos de contabilidad nacional del último trimestre del año, hasta los 24.490 millones o el 1,7% del PIB, si se descontara el impacto de las liquidaciones del sistema de financiación sobre el déficit, de más de 11.000 millones, y que se abonan con dos años de diferencia.

La vicepresidenta primera y responsable del ramo, María Jesús Montero, ya lo había adelantado la semana pasada en la presentación de la ejecución presupuestaria de fin de año, en la que destacó dos datos relativos a las cuentas autonómicas: los recursos récord repartidos a las comunidades desde la pandemia y que solo cinco territorios terminaran 2023 con superávit —Asturias, Baleares, Canarias Cantabria y Navarra—.

Algunos de los más rezagados, con desfases superiores a la media, forman parte de los sospechosos de siempre: Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha, las comunidades peor tratadas por el sistema de financiación, que deben hacer un mayor esfuerzo para garantizar el mismo nivel de servicios públicos que las demás. Entre las más deficitarias también está Extremadura, que al contrario es una de las autonomías que más recursos per cápita recibe del modelo, y Cataluña, que está en la media.

El objetivo inicial de déficit para las comunidades era aún más estricto, del 0,3% del PIB. Las autonomías que no cumplieron ni con la nueva meta, sin embargo, no se enfrentan ni a sanciones ni a controles más severos de sus cuentas, por estar las reglas fiscales suspendidas. En otras palabras, el umbral del 0,6% no era vinculante, pero los desvíos registrados implicarán un esfuerzo mayor para este ejercicio, en el que la meta a cumplir es un déficit del 0,1% y vuelve a asomarse el corsé presupuestario.

Las corporaciones locales tampoco cumplieron con su objetivo, un superávit del 0,1%, y cerraron el año con un saldo negativo del 0,09%. En cambio, el desvío de la Seguridad Social, del 0,56% del PIB, estuvo en línea con lo previsto. La Administración central soportó la mayor corrección, de un punto porcentual, permitiendo rebajar los números rojos del conjunto de las Administraciones públicas al 3,7% del PIB, frente al 3,9% previsto. Este año, el Gobierno deberá acometer un ulterior recorte para bajar el desfase al 3% que exige Bruselas.

Impuestos, salarios y transferencias

En la lenta corrección del déficit autonómico han influido diversos factores como la evolución de los recursos no financieros con los que cuentan los territorios. Estos han pasado de los 223.523 millones registrados en 2022 a los 236.453 millones de 2023, una subida del 5,8% que se explica, entre otras causas, por el aumento de los ingresos que se obtienen a través de la imposición tributaria. Sin embargo, el volumen de empleos no financieros también ha crecido hasta los 249.707 millones, lo que origina el citado agujero de 13.254 millones de euros.

Los rendimientos vía impuestos se situaron el pasado ejercicio en los 86.818 millones de euros, 10.000 millones más que los logrados en 2023. En este apartado, sin embargo, hay notables diferencias en función de cada figura. Mientras que los gravámenes sobre el capital y sobre la producción y las importaciones han caído un 5,6% y un 2,4% anual, respectivamente, los impuestos sobre la renta y el patrimonio se han disparado con un avance superior al 20%, desde los 53.633 a los 64.507 millones de euros.

Dentro de esta última rúbrica destaca el IRPF, con un aumento en su volumen de casi el 21% que se traduce en una cifra total de 62.565 millones, de los que 55.541 millones corresponden a las entregas a cuenta realizadas por el Estado. Se da la circunstancia de que los ingresos por este gravamen han crecido en un año marcado por las rebajas fiscales autonómicas, algo que se explica por el decalaje con el que funcionan los desembolsos que realiza el Estado a los territorios, y que se producen tras la liquidación definitiva del ejercicio en cuestión, dos años después. Es decir, será a partir de 2024 cuando empiecen a hacerse notar los efectos de las rebajas impositivas puestas en marcha en 2022, cuando comenzó la crisis inflacionista.

En los impuestos también destaca, aunque por el motivo contrario, patrimonio, con unos ingresos de 1.364 millones, un 7% menos. Entre otras razones, esto se debe a los cambios normativos que efectuaron varias autonomías al fijar bonificaciones en la cuota del impuesto del 50% y del 100%.

Otro apartado es el referente a los empleos no financieros, en el que destacan rúbricas como las transferencias recibidas por parte de otras administraciones públicas, las cuales se sitúan en 126.186 millones (+3,3% anual). En este subgrupo, las más representativas son las recibidas por el Estado, que llegan a los 106.140 millones (+2,5%). Esta evolución se debe al aumento de los pagos recibidos por el sistema de financiación, que pasan de 80.306 a 88.835 millones. De esta cantidad, 80.498 millones corresponden a las entregas a cuenta de 2023 y otros 8.337 millones, a la liquidación definitiva del sistema de financiación de 2021 —excluido el IRPF—.

Estos aumentos se han compensado, en parte, con el descenso de las transferencias recibidas al margen del sistema, que bajan de los 23.225 a los 17.305 millones de euros de un ejercicio a otro.

Otros indicadores llamativos que influyen en la evolución del déficit son la remuneración de los asalariados, que presenta un crecimiento del 6% —hasta los 101.601 millones— debido fundamentalmente al incremento salarial del 3% para los funcionarios. También destacan los intereses, que se disparan en más de un 70% hasta los 6.468 millones por la subida de tipos y por sus efectos en los préstamos del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas. No pueden olvidarse otros puntos como las subvenciones a determinados productos y servicios, costeadas en parte por los gobiernos regionales. Entre otras, destacan las rebajas del 30% al transporte público.

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