El Gobierno descarta un ajuste fiscal y fía al crecimiento la rebaja del déficit al 3%
Hacienda prepara un “paquete fiscal” para hacer permanentes los impuestos a la banca y las energéticas y adaptar el IRPF a la subida del salario mínimo
![La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presenta en rueda de prensa los datos de déficit de las administraciones públicas de 2023, el jueves en la sede del ministerio.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/QV6DWNKMXURGAZLH4P2Z7CE3IA.jpg?auth=f6250db608bc9210d49ab6f180051ae74f2c1b91e8bac2c5791bc0ace060e867&width=414)
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El Gobierno deberá hacer un encaje de bolillos millonario para lograr el objetivo de déficit que tiene previsto para este año, del 3% del PIB. Es el compromiso que ha asumido con Bruselas y el umbral máximo que permiten las reglas fiscales europeas. En concreto, el desfase entre ingresos y gastos públicos, se tendrá que achicar en siete décimas, algo más de 8.000 millones de euros, una reducción que Hacienda pretende conseguir sin realizar ajustes, sino fiándolo casi todo al crecimiento. “El Gobierno no tiene previsto aplicar ninguna política de recorte”, zanjó la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el jueves en la presentación de los datos de cierre presupuestario de 2023. Sí tiene previsto aprobar un “paquete fiscal” que iba a formar parte del proyecto de Presupuestos que finalmente ha decaído, y que servirá para convertir en permanentes el impuesto a la banca y a las energéticas, diseñar deducciones para este último, y adaptar el IRPF a la última subida del salario mínimo interprofesional (SMI).
Desde 2020, año en el que el déficit público marcó máximos de doble dígito a raíz de la pandemia, hasta el cierre del año pasado, los números rojos de las Administraciones públicas se han reducido en más de 6,4 puntos sin recortes ni grandes subidas fiscales, y pese al ingente escudo social desplegado. Eso sí, el crecimiento económico ha sido intenso, aupado por el efecto rebote tras la pandemia, el mercado laboral ha alcanzado cifras récord y la inflación ha impulsado los ingresos fiscales hasta máximos históricos.
Algunos de estos elementos, sin embargo, están perdiendo fuelle. Los precios se han moderado; el PIB creció un 2,5% en 2023, la mitad que el año anterior (5,8%), y para este ejercicio el Gobierno prevé un avance del 2%. La afiliación, al contrario, mantiene su dinamismo y, junto a la parcial y progresiva retirada de las ayudas anticrisis, seguirá dando algo de oxígeno a las finanzas públicas. De hecho, Montero sacó pecho de la gestión del Ejecutivo: aseguró que, en las cuentas que se iban a presentar, no se agotaba el margen fiscal del Estado, y que sin los “17.000 millones [en 2023 para mitigar el impacto de la inflación], el déficit habría cerrado en un 2,5%” en 2023.
Por el lado de los impuestos, el Gobierno intentará aprobar aquellas medidas que se quedaron pendientes: ajustar los rendimientos del trabajo a la subida del salario mínimo y aprobar deducciones en el impuesto a las energéticas para impulsar la transición verde. Estas dos modificaciones iban a incorporarse a los Presupuestos y ahora tendrán que tramitarse por otro canal, por ejemplo, vía decreto. El otro asunto que ha quedado en el aire es que los gravámenes a las energéticas y a la banca se conviertan en impuestos permanentes. En 2023, recaudaron conjuntamente unos 3.000 millones.
“No se prevén medidas adicionales a las comentadas y que estaban previstas ya”, dijo Montero el jueves. “La previsión es que este año cumplamos con el 3%” que recoge el Pacto de Estabilidad y Crecimiento sin renunciar al escudo social y a la mejora de los servicios”.
Prudencia en el gasto
La renuncia del Gobierno a confeccionar los Presupuestos para este año —una decisión anunciada tras la convocatoria electoral en Cataluña— no debería suponer ni un problema para el crecimiento, ni un obstáculo para contener el gasto. Al contrario, la congelación de varias partidas podría ayudar a hacer más liviano el ajuste que exigen las reglas fiscales europeas, que volverán a estar en vigor después de un largo paréntesis —llevan suspendidas desde 2020—.
Montero aseguró que habrá “prudencia en el gasto” y “se destinará gran parte de la recaudación a la bajada del déficit”. “El proyecto de Presupuestos Generales del Estado que casi presentamos tenía el 3% de objetivo”. También ha avanzado que la activación de las nuevas reglas fiscales supondrá cambios en el calendario presupuestario. Este año, previsiblemente, Bruselas no exigirá la presentación del Programa de Estabilidad en abril, y reenviará la presentación del plan de consolidación a septiembre. “En 2025 vamos a estar con unos niveles de déficit por debajo de la prepandemia”, aseguró.
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