Las cuatro grandes organizaciones agrarias usan las carreteras para medir sus fuerzas ante el Gobierno

La clarificación de la representatividad de las organizaciones agrarias se mantiene como uno de los retos pendientes más importantes que tiene sobre la mesa el Ministerio de Agricultura. A pesar de que se han celebrado elecciones en la mayoría de las comunidades autónomas con una tendencia continuista, la falta de elecciones a escala estatal ha hecho que las entidades empleen las tractoradas y las movilizaciones como una demostración de la fuerza de cada sigla en el campo, y no solo como un mero instrumento reivindicativo para exponer sus demandas.

En la actualidad, cuando los productores pongan fin a las protestas porque aprietan las siembras aplazadas por la sequía o para atender sus explotaciones ganaderas, al ministro Planas le corresponderá decidir qué siglas, a partir de las movilizaciones, van a ser sus interlocutoras. Es decir, si se mantienen solo las tres habituales, Asaja, UPA y COAG, si se da entrada también a Unión de Uniones, o si se conforma otra nueva sigla por conocer bajo el movimiento del 6F, a la derecha de Asaja.

La representatividad actual en el sector agrario viene dada por los resultados de las elecciones a escala estatal celebradas en mayo de 1978 a las Cámaras Agrarias, donde las siglas predecesoras de Asaja-Jóvenes Agricultores y las Uniones de COAG acaparaban un 40% cada una de los votos de 800.000 agricultores. UPA se quedó con menos del 20%. En las últimas décadas, la falta de convocatorias electorales estatales y la eliminación de las cámaras agrarias locales en los años noventa dieron paso a elecciones en la mayor parte de las comunidades autónomas que, en líneas generales, ofrecieron datos globales que confirmaban el peso de cada sigla. Asaja retuvo su potencial, mientras que COAG lo redujo por la escisión que se produjo en 2008 con salidas como la Unió de Pagesos o la Unió de la Comunidad Valenciana, entre otras, dando lugar a nuevas siglas como Unión de Campesinos en Castilla y León y al nacimiento de Unión de Uniones, que se ha convertido en la cuarta organización en disputa.

Ante la negativa del Ministerio de Agricultura a convocar elecciones en la apuesta para clarificar la representatividad de cada sigla en el campo para acceder a las ayudas públicas, se trató de responder con otros baremos como el número de cotizantes en cada sigla, el número de oficinas, de servicios a los afiliados, de su presencia en mesas con las Administraciones o cursos de formación. No cambió nada.

Miguel Arias Cañete trató de encauzar esa situación en 2014 con la aprobación de la Ley de Representatividad, por la que se constituía el Consejo Agrario y además se planteaba el desarrollo de unas elecciones cada cinco años. La ley no pasó de un puro intento porque la misma no tuvo desarrollo hasta su salida como ministro. Y tampoco lo hizo su sucesora, Isabel García Tejerina. De este modo, a efectos de representatividad estatal, se mantuvieron los porcentajes de representatividad de los años setenta.

Frente a esta situación, en 2017 la Unión de Uniones, donde se hallan diferentes Uniones de Agricultores antes integradas en COAG, así como otras de nueva constitución, planteron al Defensor del Pueblo su exclusión de las mesas de negociación con las demás siglas. Desde esa institución se instó al Ministerio de Agricultura a organizar un proceso electoral a escala estatal que, hasta la fecha, no se ha producido. En esa misma línea, a iniciativa de la misma organización y a través de Podemos, el Parlamento daba luz verde a una proposición no de ley por la que se instaba a Agricultura a convocar elecciones en un plazo de seis meses. Pero por ahora, los tractores siguen siendo el principal instrumento en manos del sector para demostrar la fuerza de cada organización y su legitimidad para estar en una mesa de negociación.

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