Planas insta a los agricultores a denunciar irregularidades en los contratos con los distribuidores

El último Observatorio de la cadena alimentaria, programado desde hace semanas, le ha venido como anillo al dedo al sector agrario que estos días han salido a protestar por las carreteras de todo el país. Las asociaciones mayoritarias del campo (ASAJA, COAG y UPA) han puesto sobre la mesa de esta reunión una de las principales reivindicaciones que exigen estos días: un mayor control de los precios que se pagan por los alimentos y las condiciones de los contratos. El ministro de Agricultura, Pesca y Ganadería, Luis Planas, ha admitido que hay “situaciones comerciales en las que de forma puntual sí ha habido mayores dificultades en la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria“. En consecuencia, ha instado a los agricultores a que denuncien con más frecuencia las irregularidades ante la Agencia de información y control alimentario (AICA), aunque también ha expuesto que se tenga en cuenta que los precios en origen (aquellos que se pagan por los productos del campo) han subido de “forma significativa” desde enero de 2022 hasta diciembre de 2023.

La Ley de la Cadena Alimentaria fue creada en 2021 con el fin de promover un equilibrio en toda la cadena de valor para que ningún eslabón —sobre todo los agricultores— se vea perjudicado. Esta normativa estipula que cada comerciante pague un precio superior o igual al coste de producción del vendedor. Es decir, que no se comercie “a pérdidas”.

El ministro califica de “positiva” la evolución de esta ley desde su creación en diciembre de 2021. Considera que la normativa ha conseguido subir los precios en origen al productor, aunque pide “fortalecer su aplicación” a través de un refuerzo en las inspecciones. La voluntad de mejorar su aplicación es semejante a la que expresó el presidente Sánchez en el Congreso, aunque todavía no se conocen detalles de cómo se van a mejorar estas inspecciones. Fuentes del ministerio descartan que se vaya a aumentar la plantilla. Y reconocen con cierta incredulidad que tendrán que mejorar los procesos para iniciar más investigaciones. Los agricultores también esperan que todos estos esfuerzos se exporten a la reunión que Planas mantendrá en Bruselas el 26 de febrero, donde el titular de Agricultura pretende desplegar una batería de medidas que alivien la situación del sector.

Una de las asociaciones agrarias invitadas, UPA, considera que las conclusiones de la reunión eran “las esperables“ y espera que este viernes, cuando las agrupaciones agrarias reúnan de nuevo con el titular de Agricultura, se concreten más resultados”. Una de las exigencias durante el encuentro, al que también han acudido los representantes de la mayoría de sectores que influyen en la cadena de precios, ha sido que se generen estudios de costes con más rapidez.

“Creemos que la Ley de la cadena va a funcionar realmente si tenemos estudios de costes que nos puedan servir como información a la hora de plantear la negociación con el siguiente eslabón“, ha indicado Montse Cortiñas, vicepresidenta de la Upa, una vez ha finalizado el encuentro.

La reunión se planificó en enero al margen de las protestas del mundo rural que por entonces ocurrían con especial intensidad en Francia. Los otros invitados a esta reunión, como es habitual, fueron los representantes de las grandes superficies, la distribución, la industria, los consumidores y la pesca. También han acudido delegados de todas las comunidades autónomas. El Observatorio se convoca al menos dos veces al año, es consultivo y no tiene estructura sancionadora. Se creó para aportar soluciones y buscar mejoras en el funcionamiento dela cadena alimentaria.

En los últimos años, como resultado de los problemas logísticos globales y la guerra en Ucrania, los costes de producción han subido con fuerza, con encarecimientos de la energía, las semillas, los fertilizantes o la maquinaria. Los trabajadores del campo denuncian la pérdida de rentabilidad y competitividad frente a las explotaciones masivas más baratas desde terceros países.

Es la segunda vez que las asociaciones agrarias acuden al ministerio de Agricultura desde que empezó el año. En la primera cita, que ocurrió el dos de febrero, las agrupaciones no llegaron a materializar ningún acuerdo con el titular de Agricultura, por lo que decidieron continuar con su horario de protestas.

Escasas denuncias por incumplir la ley

La AICA, por su parte, ha compartido que desde enero de 2023 hasta la actualidad solo hay registradas 195 sanciones “firmes” por infringir esta ley, que oscilan entre los 1.801 y 42.769 euros, con un monto total de 641.398 euros. Solo siete de todas estas sanciones alcanzan las cinco cifras y más de la mitad (104) se reducen a 1.800 euros.

El motivo más frecuente de las penalizaciones es el incumplimiento de los plazos de pago, con 128 incidencias, seguido de no formalizar por escrito los contratos alimentarios, causante de 41 de las multas. No hay rastro de sanciones por incumplir con la norma que rige que no se puede vender a pérdidas, una de las principales reivindicaciones de las protestas.

La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (Facua) denunció esta semana de que las ventas a pérdidas pueden darse tanto en origen, como en los supermercados, de los que Facua acusa de aplicar “sospechosos descuentos” en ciertos productos a precios por debajo de costes o que antes contaban con márgenes de beneficio absolutamente desproporcionados.

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