Ribera lanza una consulta con las eléctricas para un despliegue “ordenado” de las renovables

El Gobierno abrirá en los próximos meses una consulta con los principales actores del sector eléctrico para garantizar que el despliegue de las energías renovables en el territorio es “ordenado” y “justo”. Así lo ha anunciado este martes en el Congreso la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en su primera comparecencia parlamentaria de la legislatura.

El objetivo de este proceso, ha remarcado, será el de garantizar que la transición energética revierta también en el bienestar de los territorios en los que se instalan estos proyectos. “La transición verde tiene un potencial enorme de cohesión del territorio”, ha afirmado la número cuatro del Ejecutivo. En los últimos años, a medida que las renovables ganaban tracción, la contestación social contra estos proyectos ha crecido en varias comunidades autónomas. Algo que, ahora, el Gobierno quiere revertir de la mano de los desarrolladores de eólica y de fotovoltaica.

Ribera ha expresado su convicción en que el Gobierno logrará “en los próximos meses” la aprobación final del nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que contempla un peso de las renovables superior al 80% en la matriz eléctrica española, y ha sacado pecho por la notable caída en el precio de la luz el año pasado. “Concluimos 2023 con los precios de la electricidad más bajos del continente, a excepción de los nórdicos. Tenemos ventajas geográficas, de infraestructura y de habilidades que debemos aprovechar”.

En este sentido, la titular de Transición Ecológica ha subrayado la “importancia capital del binomio energía-industria” para que España pueda sacar partido de su precio más bajo de la electricidad atrayendo empresas electrointensivas que hoy operan en otros países del espacio europeo.

Redes y almacenamiento

Hay, sin embargo, varios asuntos pendientes en la agenda española. El primero, la transmisión de electricidad desde los nuevos parques eólicos y fotovoltaicos. “La inversión en redes inteligentes y digitalizadas es fundamental, así como la interconexión con nuestros vecinos”, ha esbozado. El segundo, el almacenamiento, “exigido para la integración de renovables”. El tercero, el combate contra la pobreza energética, un ámbito en el que Ribera ha emplazado a elaborar una “estrategia nacional” para combatirla. “La lucha contra la desigualdad también se libra en la energía”, ha deslizado. “Esta será una legislatura con claro compromiso social”.

La responsable del Gobierno para temas energéticos ha reiterado su apuesta por la segregación del actual superregulador —la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)— para regresar al esquema anterior de 2013, con la reinstauración de la Comisión Nacional de la Energía (CNE). “Son años de cambio intenso que requieren la recuperación de la CNE como herramienta fundamental”, ha remachado.

Eólica marina

Ribera ha planteado también como una de las prioridades de su departamento en materia energética para esta legislatura el despliegue de la normativa que se requiere para impulsar la implantación de proyectos de eólica marina: “Debemos activar todas las palancas para permitir su desarrollo”.

Esta es una de las asignaturas pendientes que tiene España en el desarrollo de las renovables. Y los primeros pasos dados por el Gobierno, como el establecimiento de las zonas marinas prioritarias para la instalación de los aerogeneradores flotantes, ha levantado las protestas de algunos sectores, como el pesquero. Galicia ha sido uno de los lugares en los que se han oído más protestas.

Ribera ha señalado que su departamento está tramitando y evaluando cinco proyectos en las costas de esta comunidad. El BNG ha pedio al ministerio que frene todos esos proyectos. Además, los nacionalistas gallegos han criticado la agilización de las normas para la implantación de proyectos renovables impulsada por Transición Ecológica.

En su comparecencia, la vicepresidenta ha repasado algunos de los efectos que está tiendo ya la crisis climática. Entre ellos ha destacado las afecciones al agua en forma de sequía. Ribera ha recordado que su departamento tiene como objetivo multiplicar por dos los recursos disponibles procedentes de la desalación y la reutilización de aquí a 2027. Y ha recordado también que la nueva planificación hidrológica, aprobada a finales de la pasada legislatura, contempla cerca de 23.000 millones de euros en inversiones relacionadas con el agua también hasta 2027.

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