Pepe Álvarez avisa a Trabajo sobre el salario mínimo: “No aceptaremos una subida menor del 5%, es una línea roja”

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha señalado este jueves que su organización no secundará una subida del salario mínimo interprofesional inferior al 5%. “Tenemos pocas líneas rojas, pero esta es una de ellas”, ha indicado, después de denunciar que los actuales 1.080 euros mensuales repartidos en 14 pagas “no representan el 60% del sueldo medio actual”, como defiende Trabajo. El líder sindical ha abogado por que se utilicen los datos que ofrecen la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y la oficina estadística europea Eurostat para calcular la media salarial del país, y a partir de ella delimitar una senda de subidas que permitan alcanzar el 60% de esa media, tal y como se comprometió a hacer el Gobierno durante la pasada legislatura. Al mismo tiempo, ha anunciado que su sindicato ha presentado una denuncia contra España ante el Comité Europeo de Derechos Sociales por no contemplar en su normativa laboral un sobrecoste de las horas extras “de al menos el 25%″, lo que, en su opinión, serviría para desincentivar una herramienta que en muchos casos ha considerado como fraudulenta.

Durante un encuentro celebrado este jueves en la sede de la central en Madrid, el secretario general de UGT ha anunciado cuáles serán las líneas de actuación de su sindicato para este año. Entre las más inmediatas está la resolución de la nueva subida del salario mínimo, que, tal y como ha adelantado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se resolverá en el encuentro al que han sido convocados los agentes sociales este viernes. “No aceptaremos ningún porcentaje que esté por debajo del 5%”, ha dicho Álvarez, lo que situaría la nueva cifra en, al menos, 1.135 euros brutos mensuales.

A pesar de esta rotundidad, el secretario general de UGT se ha mostrado dispuesto a moderar sus expectativas para lograr el apoyo de los empresarios. ¿Por qué? “Con la CEOE a tu lado es más fácil trasladar las subidas del SMI a los convenios, que con ella en contra. No es un chantaje, sino un reconocimiento al peso que tiene la patronal sobre las empresas”, ha indicado. CEOE y Cepyme anunciaron tras el último encuentro que no secundarán una subida del 4% —como propone el Ministerio de Trabajo y ellos mismos consideraron razonable al comienzo de la negociación—, puesto que sus otras dos peticiones —la indexación de la subida a los contratos públicos y bonificaciones en las contrataciones agrarias— no han sido aceptadas por el Gobierno.

Según Álvarez, la dificultad para delimitar el salario medio del país —algo que ha denunciado en varias ocasiones el comité de expertos convocado por Trabajo—, se resolvería empleado los datos oficiales en materia salarial que recogen tanto la Agencia Tributaria, como la Seguridad Social y Eurostat. “Tienen que emplearse datos oficiales, constatables y no discutibles”, ha sugerido el secretario general de UGT. Tomando como referencia estos estudios, la cantidad resultante sería de 28.360 euros anuales, lo que daría como resultado —aplicando el 60%— una nómina de 1.215 euros al mes en 14 pagas. “¿Esto quiere decir que hay que hacerlo en un año? No. Por eso, el mínimo para 2024 ha de ser del 5%, que lo situaría en los 1.135 euros”, ha indicado Álvarez.

El salario mínimo ha estado muy presente durante toda la exposición de Álvarez, hasta el punto de que para el líder de UGT este debería ser la referencia a la hora de calcular los subsidios de desempleo, y no el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). “Tiene que desaparecer como instrumento para determinar las rentas en nuestro país. Es un invento que se ha hecho para no subir las rentas sociales. Para engañarnos un poco todos. Además, el Gobierno no consulta si hay que revalorizarlo, y por eso queremos que desaparezca y que sea cambiado por un nuevo indicador transparente, que no dependa del buen humor del ministro o ministra de Hacienda de turno”, ha considerado.

Uso y abuso

La supresión del IMPREM no ha sido la única revelación inesperada de la comparecencia de Álvarez. Como ya sucediera con el coste del despido, UGT ha presentado una nueva demanda ante el Comité Europeo de Derechos Sociales contra el Reino de España, en este caso por no tener contemplado en su normativa laboral —el Estatuto de los Trabajadores— un sobrecargo para las horas extraordinarias, como así lo recoge la legislación europea. “En España se realizan en torno a 13 millones de horas extra mensuales, el equivalente a 180.000 puestos de trabajo permanentes. La mitad de ellas no se pagan, y si se pagan, se pagan ilegalmente”, ha denunciado el líder sindical. “Por ello, ayer [por este miércoles] denunciamos ante Europa que España está incumpliendo la Carta Social Europea y exigimos que el sobrecoste de las horas extra sea, por lo menos, del 25%”, ha añadido.

En relación con la demanda interpuesta hace más de año y medio acerca de la indemnización por despido improcedente —tanto UGT como CC OO recurrieron a instancias europeas al considerar que esta no resarce al empleado, como exige la normativa comunitaria—, Álvarez ha lamentado “los palos en la rueda” que ha puesto el Gobierno (más concretamente el Ministerio de Justicia) para retrasar una resolución que “debería producirse en febrero, pero veremos si es así”, ha dicho.

Este no ha sido el único pellizco que el líder de UGT ha propinado al Gobierno de coalición. Como ya hiciera el miércoles el secretario general de CC OO, Unai Sordo, Pepe Álvarez también ha reclamado que se le dé un mayor peso a la negociación colectiva, poniendo como ejemplo de lo contrario a la reforma del subsidio de desempleo que este miércoles tumbó el Congreso. “Nos van a encontrar poco en el debate y la gresca político-partidaria, y menos entre grupos políticos de izquierdas que nos gustaría que se entendieran. El horizonte de la izquierda en nuestro país tiene que ser el de aliviar los problemas que tienen las personas con menos recursos”, ha sugerido Álvarez, en referencia al voto en contra de Podemos a la reforma del subsidio de desempleo que cobran los parados mayores de 52 años planteada por Trabajo, y que no logró el apoyo suficiente para salir adelante.

La vicepresidenta Díaz ha anunciado que reunirá a los agentes sociales para abordar nuevamente esta reforma, frente a lo que Álvarez ha replicado que su sindicato “retomará el punto de partida” que planteó en esta negociación, y que se mantendrá a la espera de conocer “qué trae el Gobierno a la mesa”. “Anteriormente, nos topamos con un frontón cuando negociamos toda la reforma, por lo que me gustaría ver los nuevos elementos. Si son solo retoques o podemos hablar del fondo”, ha concluido.

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