La negociación del salario mínimo se cierra sin acuerdo: Trabajo advierte a CEOE de que el alza será mayor del 4% si no pactan

Nuevamente sin acuerdo. Así ha terminado la reunión de este lunes entre el Ministerio de Trabajo, la patronal y los sindicatos para subir el salario mínimo interprofesional (SMI), ahora fijado en 1.080 euros mensuales. El secretario de Estado de Trabajo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, daba este lunes el titular sobre la reunión para subir el salario mínimo, antes incluso de que se celebrase el encuentro: si los empresarios no se suman al incremento del 4% planteado por el Gobierno, la subida que finalmente se negocie solo con los sindicatos será mayor. Si finalmente las partes aceptaran la salomónica propuesta gubernamental —a medias de lo que piden los sindicatos (en el entorno del 5%) y lo que están dispuestos los empresarios (3%)—, la cuantía de esta renta para 2024 sería de 1.123 euros al mes en 14 pagas, pero para saber esto aún hará falta esperar algunos días más.

En concreto, Pérez Rey ha lanzado la siguiente advertencia: “Si no alcanzáramos un acuerdo en torno al 4%, si la patronal española no se alineara a suscribir un acuerdo con el Gobierno, naturalmente el Gobierno se desvincula de esa cifra, buscará un acuerdo bipartito, como ya ha hecho en otras ocasiones, e intentará acordar con los sindicatos una subida del SMI que, obviamente, no podrá estar ya en el 4%, estamos dispuestos, por tanto, a hacer una subida más ambiciosa”. De esta forma, el número dos de Yolanda Díaz ha sido tajante con los empresarios al decir que quien no firme, “pagará las consecuencias”, en forma de un mayor incremento del SMI, que es lo que rechazan firmemente las patronales.

En el encuentro de este lunes, el Ejecutivo ha reiterado esta propuesta del 4% y ha trasladado a los agentes sociales la negativa de Hacienda a que se indexen los contratos públicos, como reclaman especialmente la patronal y UGT, y tampoco se bonificará la subida del SMI en el campo, como exigen los empresarios. Con esto, el jueves o el viernes todos se volverán a reunir para intentar cerrar el futuro incremento. Si bien, los responsables empresariales no han querido hacer declaraciones tras el encuentro y, en su lugar, han preferido esperar a saber si el Gobierno cambiará de opinión respecto a la indexación o las bonificaciones al campo, por muy pequeño que fuera ese cambio, antes de tomar una decisión y descolgarse del pacto una vez más. De hecho, todo apunta a que CEOE-Cepyme no se sumarán al acuerdo si el Ejecutivo no acepta sus condicionantes, a pesar de la advertencia lanzada hoy por Pérez Rey, que no ha caído bien en las filas patronales.

En este escenario, solo los representantes sindicales han querido hacer declaraciones tras la reunión para reiterar que estarían dispuestos a aceptar una subida de entre el 4% y el 5% si la patronal estuviera dispuesta a ello. De lo contrario, la secretaria de Acción Sindical y Empleo de CC OO, Mari Cruz Vicente, ha apostado por negociar con Trabajo una subida “en el entorno del 5%. Mientras que el responsable de UGT ha ido más allá, ya que su vicesecretario general de Política Sindical, Fernando Luján, ha pedido “coherencia” al Gobierno para que el incremento del salario mínimo se sitúe en la franja de entre el 5% y el 6,9% que han aumentado las mínimas contributivas y asistenciales y el ingreso mínimo vital.

Al término de la reunión, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha eludido manifestarse sobre la falta de acuerdo para subir el salario mínimo, pero ha apostado por su incremento en abstracto al defender en su cuenta de X que “la subida del SMI es la mejor herramienta contra la desigualdad”. Tras esto, ha defendido que el Gobierno de coalición ha incrementado esta renta casi un 50% en los últimos cinco años, pero ha añadido: “No, no nos conformamos. Hay que reducir el diferencial de 25 puntos respecto a los salarios europeos. Esta va a ser la legislatura de los salarios y de la reducción de la jornada laboral”.

Más allá de la subida

Dicho esto, los representantes sindicales que han participado en el encuentro de este lunes han ido más allá de pedir una mera subida del salario mínimo. En concreto, la negociadora de CC OO, Mari Cruz Vicente, ha reclamado al Gobierno que una vez se apruebe el nuevo SMI, abra una mesa de diálogo con los agentes sociales para “clarificar” la redacción del propio decreto donde se recoge el incremento de esta renta porque es “confuso y discriminatorio”. Se refiere con ello a la necesidad de redactar con más claridad la negativa a que cualquier alza del SMI sea absorbida por otros pluses, como los de nocturnidad o penosidad, ha explicado Vicente.

Por su parte, el número dos de UGT, Fernando Luján, ha pedido a la patronal apoyo para intentar arrancar al Gobierno la citada indexación de los contratos públicos con las subidas del SMI, algo que debería hacerse a través de la negociación de un proyecto de ley que modificara la actual norma de desindexación de 2015 aprobada por el PP, ya que esto no puede cambiarse en un decreto como el que se usa para subir el salario mínimo.

Actualmente, el SMI está fijado en 1.080 euros brutos mensuales en 14 pagas, y lo cobran alrededor de tres millones de trabajadores. Lo que se está discutiendo es un incremento que parte del 4% —que ha puesto Trabajo como punto de partida— hasta el 5% al que quieren llegar los sindicatos. Si bien, este lunes se abre un nuevo escenario tras la demanda de UGT de superar ese 5% si la patronal no entrara en la ecuación. La principal duda de esta negociación se mantiene y es si la patronal, que se había mostrado dispuesta a incrementar el suelo salarial un 3% inicialmente —a diferencia de lo sucedido en ampliaciones anteriores—, se sumará o no al aumento que se determine, ahora que, además, los empresarios saben que Hacienda no indexará esta subida a los contratos públicos ni bonificará el SMI en los contratos agrarios. De no sumarse al acuerdo ahora, ya es seguro que Trabajo decantará la balanza hacia el lado sindical e incrementará esta renta en el entorno del 5% o más.

En cualquier caso, la subida que finalmente decida aplicar el Ejecutivo, tras las conversaciones mantenidas con los agentes sociales, entrará en vigor de forma retroactiva desde el 1 de enero y se sumará al incremento del 47% que ha experimentado esta renta en los últimos cinco años.

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