Madrid construye en nueve años casi tres veces más vivienda protegida que Cataluña

La vivienda de protección oficial (VPO) de alquiler en España se halla en una década perdida: las estadísticas apenas recuerdan menos construcción de pisos sociales. Pero esos bajos niveles no han impedido grandes diferencias por territorios, como que en la Comunidad de Madrid se hayan construido casi tres veces más vivienda con esa calificación que en Cataluña desde 2014, pese a que ambas autonomías cuentan con un peso de población similar. Es uno de los datos, procedentes de las estadísticas del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que recoge un estudio elaborado por la cátedra que comparten la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y la Asociación de Promotores de Cataluña.

El documento aflora una cuestión sintomática de la salud por la que pasan los pisos sociales: cada año hay más de diez comunidades que no han acabado ninguna vivienda de protección. En 2022 fueron 11, pero en 2018 llegaron a ser 15 las autonomías que no iniciaron ninguna vivienda social. La razón, según concluyen sus autores, es que “las Administraciones no han sido nada eficientes en articular un sistema adecuado y de confianza para los promotores, públicos o privados”.

Carles Sala, coautor del estudio La promoción de vivienda en los planes estatales y los fondos Next Generation junto a los profesores de la UPF José García Montalvo y Josep Maria Raya, ha calificado este miércoles las cifras de vivienda protegida en España de “ridículas”. Y acerca del caso específico de Madrid, donde más se VPO se ha construido en España: “Siguen siendo ridículas”.

Los datos que ilustran el estudio muestran como entre 2014 y 2022 en Madrid se construyeron 5.184 pisos protegidos, mientras que la segunda comunidad fue el País Vasco, con 2.231 viviendas. Cataluña se situó en las 1.856. El resto de gobiernos regionales quedaron a mucha distancia: el cuarto, el de Navarra, se quedó en 766 unidades. En total, en los nueve últimos años apenas se han construido 11.469 pisos de protección en toda España. Si se tiene en cuenta el parque total de vivienda, los más de 5.000 pisos de Madrid suponen un 0,13% del total, mientras que ese porcentaje escala hasta el 0,21% en el caso del País Vasco. Cataluña no alcanza la décima (0,05%) y Navarra obtiene el dato más alto, un 0,25%.

¿Por qué Madrid construye más vivienda de protección, en términos absolutos, que el resto de comunidades? Sala lo explica básicamente por un hecho: “Allí, hasta la aprobación de la Ley de la Vivienda (en vigor desde el 26 de mayo), los pisos protegidos no tenían esa calificación de forma permanente, sino que era temporal, de hasta 15 años”. El efecto es que al poder entrar tras ese periodo en el mercado libre, tanto en el de alquiler como en el de compraventas, su promoción como VPO era más rentable. En otras comunidades, como Cataluña, esa liberalización de la vivienda se bloqueó hace casi dos décadas.

Otras de las conclusiones a las que llega el estudio es que el 80,2% de la promoción de pisos de protección recae sobre las espaldas del sector privado, una demostración de la escasa inversión que están efectuando las administraciones españolas pese al creciente problema del déficit de vivienda. Los recursos públicos destinados a vivienda, según los autores del estudio, habrían caído un 61,5% entre 2007 y 2018 pese a las continuas promesas de que se promoverá más vivienda para responder a la alta demanda y a la escalada de precios en la que está instalada.

De hecho, el estudio denuncia esa falta de recursos y clama por que se recuperen medidas de financiación que habían sido básicas para la promoción de vivienda pública: los préstamos calificados para promociones (acordados por la Administración y los bancos), que se acabaron en 2012, los subsidios a estos para reducir los tipos de interés y las ayudas directas destinadas tanto a promotores como a adjudicatarios de las viviendas ya construidas. Sin recuperar esos instrumentos, señala el informe, será difícil lograr los objetivos marcados por la Ley de la Vivienda, conseguir en 20 años que el 20% de todo el parque de alquiler sea protegido en el caso de las denominadas zonas tensionadas: “Este es un reto de difícil cumplimiento, especialmente si no se incrementan sustancialmente las partidas presupuestarias destinadas a las políticas públicas de vivienda”, reza el informe.

15.000 viviendas de alquiler social al año

Carles Sala ha ido más allá, demandando que cualquier promesa de construcción de vivienda vaya acompañada de una preasignación presupuestaria. Incluso, ha criticado que la Administración del Estado se haya ahorrado en torno a 4.000 millones anuales de gasto desde que apostó por retirar las ayudas a la compra de vivienda, desaparecidas desde 2013 y al pago del alquiler a determinados colectivos. El profesor de la Universitat Rovira Virgili, exresponsable de Vivienda de la Generalitat de Catalunya, ha considerado que hubiera sido positivo que se derivaran esos recursos “hacia políticas directas de vivienda”.

De otra forma, no será posible el objetivo que demanda la población española. El estudio de la UPF recuerda que según la proyección de creación de nuevos hogares requerirá una media de 15.000 viviendas por año durante los próximos tres lustros. Y, como también recoge el informe, en los últimos nueve años apenas se han acabado 11.500 viviendas de ese tipo.

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