La edad media de los trabajadores en España ha aumentado en más de cuatro años desde comienzos de siglo

El mercado laboral no es ajeno a los cambios de la pirámide poblacional española —que de pirámide ya tiene poco—: afectada por la caída de la natalidad y el aumento de la longevidad, la edad media de los trabajadores en España ha aumentado más de cuatro años en lo que va de siglo, de acuerdo con la última publicación del estudio Papeles de Economía Española del think tank de la Fundación de cajas de ahorro, Funcas, dedicado al cambio demográfico.

La configuración de este nuevo paradigma se puede explicar con tres métricas a las que apuntan los autores del estudio: entre 2000 y 2022 la población ocupada ha aumentado en torno al 18%. Ese aumento, sin embargo, no responde a una entrada de sabia nueva: la población ocupada de 16 a 29 años se redujo a la mitad en este tiempo, mientras que la de 50 años o más se ha más que doblado. La franja de edad mayoritaria en España, tanto en hombre como en mujeres es la de entre 45 y 49 años, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

“Para frenar y revertir este proceso de envejecimiento y, por tanto, evitar el potencial efecto en la estructura productiva, son claves la inmigración y la natalidad”, señalan desde Funcas. Este es el camino que ha emprendido —con el recelo del Ministerio de Trabajo y de los sindicatos— José Luis Escrivá, ministro Inclusión, Seguridad Social y Migraciones: en junio aprobó la rebaja de los requisitos de formación para regularizar a extranjeros y que cubran vacantes, permitiendo a los extranjeros que llevan en situación irregular en España al menos dos años puedan lograr una autorización de residencia a través de cursos de formación, sin un mínimo de horas.

El envejecimiento, apunta uno de los artículos de la publicación, es especialmente intenso entre los trabajadores no asalariados, varones, asalariados del sector público, empleados de empresas pequeñas y comunidades autónomas del norte-occidental de la península. Respecto a los perfiles de ingresos laborales por edad, los autores observan “una desaceleración de los ingresos” a partir de los 45 años y una caída acusada a partir de los 60 años, que “sugiere una intensa disminución de la productividad en esos grupos de edad”.

Natalidad y condiciones laborales

La tasa de natalidad española es una de las más bajas de todos los países que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Una de las autoras que participa en la publicación, Virginia Sánchez-Marcos, apunta que detrás de este fenómeno se encuentra la inestabilidad laboral, que se deriva de la alta incidencia de los contratos temporales y del elevado desempleo en España. Además, la escasa flexibilidad laboral y, en concreto, la elevada incidencia de la jornada partida, “desincentiva la natalidad entre las mujeres, con un mayor coste de oportunidad de abandonar el mercado de trabajo”.

Y es que las condiciones laborales afectan a aspectos básicos de las vidas de los trabajadores: de acuerdo con Lydia Prieto y Judit Vall, dos de las expertas que participan en la publicación, estas se revelan como un factor “de especial relevancia” para explicar la relación entre demografía y economía. Para las autoras, que recuerdan que España es el segundo país de la UE con mayor temporalidad —y el primero en tasa de subempleo a tiempo parcial—, la temporalidad no solo está relacionada con una mayor mortalidad, sino también con una menor tasa de fecundidad.

Con este panorama demográfico, la atención se desvía a cómo va a sostener España su sistema de bienestar, sobre todo cuando se jubilen los trabajadores de la generación del baby boom. El envejecimiento del votante, apunta uno de los artículos de la publicación, tiene efectos directos sobre la política económica, y puede conducir a una mayor desigualdad intergeneracional en la distribución de dichos recursos”. Para paliarlo, los expertos proponen introducir el voto obligatorio, reducir la edad mínima para ejercer el derecho al sufragio o el establecimiento de consideraciones intergeneracionales a la hora de asignar el gasto público.

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