“Derogar el sanchismo” es una farsa

El lema de “derogar el sanchismo” es una farsa: lingüística, jurídica y política. No se derogan los movimientos (se prohíben) o personas (se las elimina), sino las leyes.

Además, confunde. Se emplea como sinónimo de abrogar (“abolir”) una o varias o todas las leyes de una era. Cuando la expresión alberga dos sentidos distintos: “Dejar sin efecto una norma” (RAE) y/o “cambiar parte de ella” (Oxford).

Dejar el sentido de su uso en la inconcreción lleva a engaño y conduce a la inseguridad prejurídica sobre sus intenciones. Eso es lo que ocurre con la consigna del PP. Y lo peor es que su programa —la parte económica, la que aquí nos interesa— la empeora. Más que un proyecto, es un catálogo caótico de medidas. No cuantifica sus objetivos. No fija plazos para lograrlos. No calcula su coste. Ni quiénes lo soportarán.

Así, lo fiscal es un agujero negro. Solo alude a la supresión del impuesto al patrimonio (“grandes fortunas”) y que se darían “alivios” de “la carga fiscal de las familias, de los autónomos, de las empresas”: o sea, de casi todos. Y como rehúye aumentar impuestos —en campaña, Núñez Feijóo critica los gravámenes a eléctricas y bancos, pero aprecia su recaudación— se infiere que para reducir déficit y deuda compensaría el menor ingreso recortando gasto. Y el grueso del gasto es el social.

En lo energético y medioambiental, la derogación se troca en abrogación: se plasma en la vecindad entre la derecha radical y la ultraderecha del Parlamento Europeo en su revisionismo climático. Que son recelosas o contrarias al coche eléctrico y militantes contra la nueva norma comunitaria de protección de la naturaleza. Es más, pretende implantar una nueva tasa a las renovables, curioso resquicio en solitario de hachazo fiscal, en el parloteo de sus voceros.

Así, propugna retrasar el calendario de la UE. Que fija para 2050 la neutralidad de las emisiones, escalonadamente. Aunque lo retuerce de modo inconcreto y subrepticio: utiliza el verbo “flexibilizar”, que nunca significa adelantar ni exigir más. Y parece ser favorable a la protección de los espacios verdes, como Doñana, parque al que cita expresamente, como si sus dirigentes no le estuvieran cortocircuitando el agua.

En el ámbito eléctrico propone suprimir la “excepción ibérica”, que ha ahorrado 5.106 millones de euros a los consumidores españoles, según cifras de la Administración. Y prolongaría la vida útil de las nucleares, sin fecha ni cálculo de los costes de la operación: el caso de Francia es distinto, cuenta con una poderosa industria de fabricación de esas plantas.

Dice el “Proyecto” que mejorará el Ingreso Mínimo Vital y procurará la sostenibilidad de las pensiones, sin especificar si eso implica volver al “factor” de un alza del 0,25% en vez de igualarlas a la inflación. Y de la reforma laboral, silencio absoluto, aunque Feijóo la calificó de “sustancialmente buena...” sin retirar su recurso al Constitucional. Evanescencia y misterio.

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