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La excepción ibérica, un mecanismo de ahorro energético en el punto de mira

El tope sobre el precio al que venden las centrales fósiles propició un ahorro sustancial para los consumidores adheridos del mercado regulado. Lleva sin aplicarse desde finales de febrero por la fuerte bajada del gas, pero el PP sugiere su eliminación

La comisaria europea de Energía, Kadri Simson, y la vicepresidenta tercera española, Teresa Ribera, el septiembre pasado en Bruselas.Foto: STEPHANIE LECOCQ (EFE) | Vídeo: EPV
Ignacio Fariza

Ser una isla energética tiene muchos inconvenientes —no te beneficias de los precios bajos del resto cuando los tuyos son altos y no puedes vender tus excedentes en las horas de gran generación renovable— y pocas, muy pocas ventajas. España y Portugal, sin embargo, han logrado sacar punta a este último apartado, el de los pros: la excepción ibérica, un mecanismo inédito y consensuado con Bruselas, permitió a ambos países desligar su mercado eléctrico del gas en los meses más crudos de la crisis energética. Ahora, el PP sugiere su final en el programa con el que se presenta a las elecciones generales del próximo día 23.

En retrospectiva, el resultado de la medida es nítido: en la segunda mitad de 2022 y en los primeros compases de 2023, en los que medio país consultaba el precio de la luz como quien en 2012 consultaba la prima de riesgo, la Península logró unos precios sustancialmente más bajos que en los principales países europeos, como Francia, Italia o Alemania. De febrero para acá, su impacto ha sido nulo: desde entonces, el esquema —que limita el precio al que generan las centrales de gas, a las que compensan a posteriori, para evitar que contaminen a todo el mercado eléctrico— permanece inactivo porque el precio del gas natural está por debajo del umbral pactado con la UE.

El mecanismo ha sacudido los sacrosantos pilares del marginalismo (a saber: el precio lo fija, cada hora, la última tecnología que entra en el mercado) y ha llevado a varios países del club comunitario a plantearse una medida similar. Los resultados, a la vista de todos, también han logrado cambiar el punto de vista de muchos socios europeos —Pedro Sánchez llegó a abandonar una cumbre europea ante la férrea negativa de Alemania y Países Bajos— y del propio Ejecutivo de Ursula Von der Leyen, que ha pasado de una fuerte reticencia inicial a dar el sí a la prórroga de la excepción hasta finales de este año, por lo que pueda pasar en el siempre volátil mercado gasista.

A partir de entonces, salvo que las cosas se tuerzan mucho, la excepción ibérica será historia. Aún más si el PP logra formar Gobierno tras los comicios de dentro de dos domingos: en su programa, el principal partido de la oposición apuesta por “evitar las medidas excepcionales de intervención del mercado mayorista eléctrico y eliminar las existentes”. Aunque el partido de Alberto Núñez Feijóo no habla explícitamente de la excepción ibérica, esta es la mayor de las intervenciones, junto con el recorte hasta 67 euros por megavatio hora (MWh) del beneficio de las eléctricas en los nuevos contratos, acordado en marzo del año pasado.

Tras unos primeros días sorprendentemente negativos, en los que la compensación a pagar por los consumidores a los dueños de las centrales de gas y carbón fueron incluso mayores que el descuento obtenido, las tornas cambiaron pronto: su primer mes en activo, la excepción ibérica ya había permitido un ahorro sustancial a los hogares y las empresas acogidos al mercado regulado, el que más había sufrido el zarpazo de los precios. Con el paso del tiempo, la ventaja se fue haciendo más visible: entre mediados de junio y febrero, el periodo en el que la herramienta estuvo activa ante los altos precios del gas, el ahorro para los consumidores españoles rondó los 5.000 millones de euros, según las cifras oficiales. Solo hasta octubre habían sido 2.900 millones.

Rafael Salas, profesor del departamento de Análisis Económico y Economía Cuantitativa de la Universidad Complutense de Madrid y uno de los economistas que más de cerca ha seguido la excepción ibérica, calcula para 2022 un descenso del 17% en el precio de la electricidad para los clientes del mercado regulado (también conocido como PVPC). “Es una medida extrema para momentos de precios del gas extremos, y en ese periodo fue muy efectiva”, valora el académico, que defiende su reciente prolongación hasta finales de año. “Sigue habiendo mucha incertidumbre sobre qué puede pasar con el precio del gas este próximo invierno: aunque la probabilidad de que se dispare es baja, me quedo mucho más tranquilo contando con este seguro”.

Vista su efectividad para rebajar el precio de la luz, las críticas pronto se situaron en otro ámbito: el aumento de las exportaciones de electricidad a Francia y la subvención que el mecanismo suponía para los consumidores del país vecino (y, también, para los portugueses). La oposición hizo bandera de ello en España. También algunas grandes eléctricas, a las que no les gustó nada una medida que, en última instancia, drena parte de sus beneficios en favor de los consumidores.

“Es cierto que las exportaciones a Francia han crecido mucho, pero ni mucho menos todo el aumento se debe a la excepción ibérica: es una falacia”, apunta Salas. Los cables que conectan España con Francia a través de los Pirineos, dice, ya iban cargados en sentido salida desde antes de junio, cuando la excepción ibérica entró en vigor. “Y en los últimos meses, ya con el mecanismo inactivo, las exportaciones han sido incluso mayores”. El abrupto aumento de las exportaciones a Francia responde, sobre todo, al parón técnico de una parte importante del vastísimo parque nuclear de ese país y al crecimiento exponencial en la potencia renovable instalada en España (sobre todo, fotovoltaica), que deprime los precios en las horas centrales del día y agranda la brecha de precios entre ambos países.

Sobre el segundo punto, el de las subvenciones, el mecanismo implica una subvención indirecta a los consumidores franceses desde el mismo momento en el que la Comisión Europea optó por no diferenciar entre el precio interior en la Península y el que rige para las exportaciones al resto del continente. “Sin embargo, las ventajas de la excepción han sido tan grandes, que ha merecido la pena. Por mucho”, sentencia el profesor de la Universidad Complutense de Madrid.

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Sobre la firma

Ignacio Fariza
Es redactor de la sección de Economía de EL PAÍS. Ha trabajado en las delegaciones del diario en Bruselas y Ciudad de México. Estudió Económicas y Periodismo en la Universidad Carlos III, y el Máster de Periodismo de EL PAÍS y la Universidad Autónoma de Madrid.

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