La mayoría de autónomos aún se resiste a adaptar sus cuotas a sus ingresos

El pasado 1 de enero entró en vigor el nuevo sistema de cotización a la Seguridad Social de los autónomos, que ahora ha quedado vinculado a sus ingresos reales. Desde esa fecha, los trabajadores por cuenta propia debían dirigirse a la Seguridad Social y comunicar cuáles serían sus ingresos estimados este año y encuadrarse en el módulo de cotización que correspondiera a dichas ganancias. Es más, en función de esos ingresos reales previstos pueden incluso cambiar de base de cotización hasta seis veces en un año.

Este cambio de elegir la base de cotización —como podían hacer estos trabajadores hasta este año— a cotizar según ingresos, implica no solo esa comunicación voluntaria de las ganancias estimadas y su encuadramiento dentro de la base que corresponda a esos beneficios. También supone que al año siguiente de las aportaciones efectivas la Seguridad Social y Hacienda harán un proceso de cruce de datos para hacer liquidaciones a todos estos autónomos y determinar si, en función de lo ganado, han abonado lo correspondiente, deben cotizar más a la Seguridad Social o, por el contrario, el sistema tiene que devolverles dinero por cotizaciones aportadas de más.

Este proceso de liquidaciones, o de regularización, como prefieren llamarlo en la Seguridad Social —que para este primer ejercicio con el nuevo sistema se realizará previsiblemente en octubre de 2024— será más fácil cuanto más autónomos decidan adecuar sus cotizaciones a ingresos reales durante este año. Sin embargo, distintas fuentes aseguran que, de momento, en esta primera mitad de año la mayoría de los autónomos habría decidido mantener sus cotizaciones previas al nuevo sistema, lo que obligará a una mayor regularización el próximo año. Las cifras apuntan a que prácticamente ocho de cada diez autónomos han cotizado históricamente por la base mínima.

Concretamente, fuentes oficiosas del entorno de la Administración aseguraban en marzo que en el primer trimestre apenas 150.000 autónomos de los más de tres millones que existen habían comunicado sus ingresos previstos y adecuado sus bases de cotización a ellos. En abril, el barómetro que elabora con opiniones de autónomos la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), presidida por Lorenzo Amor, y con más representatividad del colectivo, indicaba que eran unos 250.000 quienes cotizaban según el nuevo sistema. Mientras que los datos avanzados del barómetro del mes de junio apuntan a que en este primer semestre apenas el 12% de todos estos trabajadores adecuaban sus aportaciones a las ganancias previstas (unos 400.000).

Sin embargo, y ante la ausencia de datos oficiales, los cálculos elaborados por la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) elevan al entorno del 30% los trabajadores por cuenta propia que sí habrían modificado sus bases de cotización para adecuarlas al nuevo sistema. El presidente de UPTA, Eduardo Abad, precisa, además, que las modificaciones de muchos de ellos han sido al alza. Si bien, por el contrario, explica que se han registrado también recortes de cotización entre muchos de los autónomos societarios —aquellos que son no personas físicas y han creado una sociedad mercantil— que ya cotizaban por bases altas e incluso por pluriactividad.

De no mejorar estos porcentajes en lo que resta de año, la Seguridad Social y Hacienda tendrán que realizar un importante trabajo de regularización de las cuotas del colectivo que, sin duda, pondrá a prueba a ambos organismos, ya que del buen funcionamiento de estos ajustes en las cotizaciones depende una buena parte de los ingresos del sistema de pensiones, entre otras cosas.

No obstante, desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige José Luis Escrivá, consideran que el nuevo sistema de cotización de los autónomos está funcionando bien. Atribuyen que la mayoría del colectivo no esté todavía adecuando sus cotizaciones a ingresos a qué está esperando a poder estimar de manera más certera cuánto ganará en el año. Es más, fuentes de este departamento recuerdan también que no es obligatorio cambiar de base, ya que existe el proceso de regularización posterior.

Además, en la Seguridad Social consideran que “los procedimientos implantados están funcionando correctamente”, y añaden que no han detectado incidentes de gran relevancia. Según esto, y aunque no facilitan el número de trabajadores que efectivamente han modificado sus bases de cotización este año, sí aseguran que han recibido el triple de movimientos (altas y bajas) que en un año antes en un periodo similar (antes la base se podía modificar trimestralmente y a partir de enero, cada dos meses). Concretamente, se han registrado 330.000 incrementos de base y 183.000 disminuciones (aunque estos datos no corresponden a número de personas, sino a movimientos, ya que un mismo autónomo puede hacer cambios bimestralmente). Y hacen hincapié en que los aumentos de bases han sido 2,4 veces más que un año antes.

En cualquier caso, distintas fuentes del sector aseguran que los autónomos que más están adecuando sus bases a ingresos son aquellos que pertenecen a sectores más organizados como el taxi, el transporte por carretera o los profesionales colegiados, porque son quienes están más informados por sus asociaciones. Por ello, los representantes del colectivo creen que el Ejecutivo debería insistir en campañas publicitarias públicas para advertir a los autónomos de que si adecuan su base ya no recibirán después un susto con la liquidación de las cuotas, que les obligue a pagar más cotizaciones. Desde la Seguridad Social se defienden asegurando que han realizado varias campañas divulgativas del nuevo sistema y que tenían previsto hacer más, pero se vieron suspendidas por las elecciones municipales y, ahora, son imposibles de llevar a cabo por el adelanto electoral al 23-J.

Las protestas de los gestores

Ante estas quejas de falta de información, muchas veces son los gestores administrativos los encargados de informar a sus autónomos clientes de cómo funciona el nuevo sistema y aconsejarles la adecuación de la base que más les conviene. Esto ha incrementado su carga de trabajo en este último año, lo que les ha llevado a protestar ante la Administración. A esto se suma que, con el fin de agilizar el futuro proceso de regularización del colectivo el próximo año, se aprobaron en junio de 2022, incluso antes que el nuevo sistema viera la luz, algunas novedades burocráticas que han puesto en pie de guerra a los graduados sociales al frente de los miles de gestorías administrativas que llevan el papeleo de más de tres millones de trabajadores por cuenta propia y empresarios de toda España.

La principal novedad que ha despertado parte de las quejas del colectivo de gestores administrativos consiste en una modificación del reglamento de altas y bajas a la Seguridad Social que se aprobó a finales de junio del año pasado y que exigía que los autónomos que estuvieran de dados de alta en el sistema antes del pasado 1 de enero, y que tuvieran algún tipo de “peculiaridad” dentro de los regímenes especiales de trabajadores por cuenta propia, debían de facilitar nuevamente una serie de datos que ya fueron comunicados en el momento de darse de alta. El plazo para hacer estas comunicaciones terminará el próximo 31 de octubre de 2023.

Por ejemplo, según explica el director del Área Jurídica de la asociación de autónomos ATA, José Carlos Piñero, más de un millón de autónomos societarios deben comunicar la razón social y CIF de las sociedades de las que formen parte; los consejeros o administradores (siempre que no tengan control efectivo de la sociedad) deben comunicar el porcentaje de participación propio y de familiares convivientes y su filiación. En el caso de los autónomos económicamente dependientes (conocidos como trade), tienen que comunicar el CIF del cliente principal; los obligados a estar colegiados, el colegio al que pertenecen, entre otras exigencias. “Además, muchas veces el sistema informático requiere de muchos minutos para admitir cada dato que se le comunica de cada autónomo, lo que convierte este ingreso masivo de datos en algo imposible de realizar”, se queja Piñero.

Ante esta situación, el presidente del Consejo de Graduados Sociales, Ricardo Gabaldón, recuerda a Hacienda y a la Seguridad Social, que una Administración no puede reclamar a los ciudadanos información de la que ya disponen los registros públicos, algo que ya se produce en la inmensa mayoría de los datos antes citados. Por ello, a petición del colectivo de gestores administrativos, la Seguridad Social ha creado una comisión técnica para abordar posibles soluciones a esta problemática, según informa Gabaldón y confirman fuentes administrativas.

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