El Gobierno admite ante Bruselas que subirá las cuotas de los autónomos

El Ministerio de Seguridad Social ha puesto en marcha un nuevo sistema para que los autónomos coticen por sus ingresos reales comunicados a la Agencia Tributaria, una vez restados los gastos por desarrollar su actividad. Este nuevo mecanismo transitorio fue pactado con la patronal, los sindicatos y los representantes de los autónomos. Cuando se anunció, el ministerio aseguró que el efecto en el conjunto era neutral para la recaudación de la Seguridad Social. Así lo certifican analistas como Fedea. Eso sí: los de ingresos bajos pagan menos y los de ingresos altos, más. Y seguirá así hasta el 1 de enero de 2026. A partir de entonces, según ha comprometido el Gobierno con Bruselas, tendrá que haber un importante aumento de los ingresos al igualar el tratamiento de las cotizaciones de los autónomos a las de los asalariados, algo que más adelante también elevará las prestaciones. Este sistema de contribución debería estar plenamente vigente antes de 2032, como se recoge en la legislación.

Así se refleja en el documento en el que se examinan las inversiones y reformas para hacer el tercer desembolso de fondos europeos, por valor de 6.000 millones. En este papel, los técnicos de la Comisión Europea señalan respecto a la reforma de los autónomos: “Las autoridades españolas han entregado proyecciones que muestran que el cambio gradual a los ingresos declarados a Hacienda como base de contribución aumentará las aportaciones totales al sistema de pensiones. Los servicios de la Comisión consideran estas proyecciones plausibles”. Y, en consecuencia, dan el visto bueno a esta reforma concreta.

Es decir, la idea del Gobierno es que dentro de tres años las contribuciones de los autónomos empiecen a subir gradualmente con revisiones cada tres años hasta que el sistema entre en vigor de forma plena antes de 2032. ¿Cuánto se recaudará para entonces? Según fuentes comunitarias y fuentes al tanto de las negociaciones, se podría ingresar hasta un máximo del 0,5% del PIB al año, unos 6.500 millones.

De alcanzarse esa cifra, supondría elevar los ingresos totales que aportan los autónomos a la Seguridad Social en un 50% durante la próxima década. Si bien en estos números se contemplan fenómenos como el crecimiento económico, la mejora de la productividad o la aplicación de la factura electrónica, por la que se prevé que afloren ingresos. La recaudación ahora por sus cuotas ronda los 12.000 millones. Aunque este acuerdo está en principio pactado con los agentes sociales, se trata de un incremento de bases de cotización que enfrentaría la oposición frontal del colectivo de los autónomos y que tendría que aprobar el siguiente Gobierno. El problema quedaría en manos de quien ocupe La Moncloa en la próxima legislatura.

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha explicado este jueves en Barcelona que la reforma se aplicará de forma “muy paulatina”. Y, sobre el aumento de las cotizaciones para los autónomos, ha añadido: “Nada ha cambiado. Lo que sí hay es una reformulación del cálculos de ingresos por el afloramiento de economía sumergida” y otras variables. Y ha descartado grandes subidas de las cotizaciones a los autónomos.

El cambio de sistema es una reforma que respaldaron todos los partidos en el Pacto de Toledo. El colectivo de los trabajadores por cuenta propia siempre ha sido criticado por el tacticismo a la hora de contribuir. Más del 80% escogía la base mínima y solo aumentaban las cuotas cuando se aproximaba la jubilación para elevar así la prestación. Con esta reforma, la idea es tapar uno de los agujeros por el que se escapa mucha recaudación. Y se acabaría con la discriminación que existe entre los costes laborales que soporta el puesto de trabajo de un asalariado y el de un autónomo, y que hace que muchas empresas opten por el trabajador por cuenta propia.

“De este modo se ha de corregir la distorsión generada por la facultad de elección de la base de cotización que supone una merma de recursos para el sistema y un nivel más bajo de acción protectora para los autónomos”, explicaba el plan de recuperación en su componente 30. El régimen de los trabajadores autónomos presenta un déficit anual por pensiones que se espera que en 2022 sea de casi 5.000 millones de euros.

Cerrar la reforma de las pensiones

En todo caso, el problema que tiene el Gobierno es conseguir que se pacte una reforma completa de pensiones que asegure la sostenibilidad fiscal. En la primera parte, que ya está aprobada, el Ejecutivo ha vuelto a actualizar las prestaciones con el IPC y ha suprimido el factor de sostenibilidad, un mecanismo que aprobó el Gobierno de Rajoy y que reducía la pensión inicial en función del aumento de la esperanza de vida. Estas dos medidas suponen que el gasto suba en torno a 3,5 puntos de PIB de aquí a 2050, según las propias proyecciones del Ejecutivo o de organismos como la Autoridad Fiscal. Eso es el equivalente a cerca del 40% de la recaudación por IRPF. Con los incentivos para alargar la vida laboral no se prevé obtener más allá de unas pocas décimas de PIB. Y con los autónomos, hasta 0,5 puntos. Además, ya se han aprobado otros 0,2 puntos del PIB de subida de cotizaciones con el mecanismo de solidaridad intergeneracional. Faltarían alrededor de 2,5 puntos del PIB.

El ministro José Luis Escrivá sostiene que dentro de una década se podrían ajustar otros 0,8 puntos, un compromiso que figura sin definir en el mecanismo de equidad intergeneracional. Y negocia una fuerte subida de las cuotas: con el destope total de las cotizaciones, incluyendo un recargo solidario, lograría en torno a un 0,7% del PIB, lo que equivale a hacer que los sueldos altos coticen de forma íntegra, pues su aportación está limitada a partir de unos 54.000 euros anuales.

Pese a estos números, la Comisión se está mostrando bastante más flexible, en parte porque tiene un interés en que tengan éxito los fondos Next Generation que diseñó. Y razona que se ha producido una mejora del comportamiento del mercado laboral y que ha habido un afloramiento de economía sumergida, a pesar de que todo ello generará también más derechos.

De modo que la Comisión se conformará con bastante menos de los 3,5 puntos. Pero, aun así, pide que se haga algo por el lado del gasto con la ampliación del periodo de cómputo para calcular la pensión. Esta medida hace que se reduzca la pensión inicial al incluir en el cálculo años más lejanos en los que se cobraba menos. Sin embargo, según explican varias fuentes conocedoras, las propuestas que ha presentado Escrivá sobre el periodo de cálculo son, de hecho, neutrales o, incluso, aumentan el gasto al dar más libertad al trabajador para escoger los años que utiliza para el cálculo.

Con la ampliación del periodo de cálculo, Escrivá ha tenido un problema: ni los sindicatos ni los socios de Gobierno lo apoyan. Y ahí ha estado el principal obstáculo para lograr un pacto que cierre la reforma de las pensiones: conseguir que la Comisión acepte una reforma que solo contempla un aumento progresivo de los ingresos. No obstante, diversas fuentes apuntan que el acuerdo está muy cerca.

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