Escrivá plantea a Bruselas una cotización adicional en la reforma de pensiones para los sueldos más altos

La reforma de pensiones que tiene pensada el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, para cuadrar las cuentas del sistema pasa más por un aumento de ingresos que por una rebaja de las prestaciones futuras. Y ese esfuerzo deberían hacerlo, especialmente, quienes más cobran. Sobre este colectivo, el que tiene los sueldos más altos, el Ejecutivo se plantea añadir un recargo adicional en las cuotas, según apuntan fuentes al tanto de estos planes. Esta medida, que se estaría negociando con agentes sociales y grupos parlamentarios, se sumaría al aumento progresivo del 30% en las bases máximas de cotización a lo largo de 30 años, también en conversaciones, y a las seis décimas extraordinarias en los tipos porcentuales de cotización que ya se están pagando.

Escrivá viajó a Bruselas el 26 de enero para exponer las líneas básicas de estas alternativas. Se reunió con el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, y altos cargos del departamento de Economía y Finanzas del Ejecutivo comunitario, apuntan varias fuentes europeas. También les habló de los plazos para aprobarlo. Algo importante, porque la reforma de pensiones es clave en el cuarto pago del plan de recuperación español, que asciende a 10.000 millones, y, como lo fue la reforma laboral, es una de las piezas angulares de ese plan.

En el Ministerio de Seguridad Social admiten que en ese encuentro se les presentó a los interlocutores las diferentes opciones que se negocian en este momento tanto con agentes sociales como con grupos parlamentarios. El objetivo es que todos los actores que participan en esta reforma (agentes sociales, grupos parlamentarios, Comisión Europea) estén al tanto de lo que se cuece porque los tiempos para cumplir con los plazos orientativos del Fondo de Recuperación aprietan. Se trata de que todo pueda ir rápido una vez se haya aprobado la reforma, aunque haya cambios al final o propuestas que se quedan por el camino.

Fuentes comunitarias señalan, por su parte, que en Bruselas hay expectación por ver los detalles finales. Recuerdan que España tiene un déficit estructural en sus cuentas públicas del 2% del PIB y que el Gobierno se comprometió en su plan a asegurar la viabilidad financiera del sistema de pensiones a medio y largo plazo. Además, las mismas fuentes añaden que las cotizaciones no dejan de ser un impuesto al trabajo y que eso, con una tasa de paro como la española —cerca del 13%—, tiene riesgo, ya que puede castigar la competitividad de las empresas y el empleo.

Las reformas de pensiones siempre han sido un asunto espinoso entre Madrid y Bruselas. El plan de recuperación contempla esta vez desplegarla en dos partes. Una ya se aprobó a finales de 2021 (entre otros asuntos, recogió la actualización de pensiones con IPC) y costó una advertencia de la Comisión sobre los posibles desequilibrios fiscales de la Seguridad Social.

Ahora toca la otra pata, que se tiene que focalizar, precisamente, en asegurar la viabilidad financiera cuando se cierne sobre España la presión demográfica que genera la jubilación de los nacidos en la generación del baby boom. Para hacerlo, el Gobierno ha optado por aumentar ingresos. Ahí se enmarca la opción de extender hasta 2050 las seis décimas de cotización adicionales para todos los trabajadores, independientemente de su sueldo. Esta aportación extraordinaria se aprobó en 2021 hasta en 2032. También se ubica en este contexto el aumento de las bases máximas de cotización un 30% a lo largo de unos 30 años. Con la regulación actual en España, la parte de los salarios más altos que superan la base máxima (4.495 euros mensuales en 2023) está exenta de cotizar. Se trataría de elevar ese tope en términos reales, es decir, 30 puntos porcentuales más la evolución de los precios.

Pero incluso así, puede que haya salarios que queden por encima de ese nuevo límite. Lo que baraja la Seguridad Social es incluir algún tipo de recargo adicional en esa franja más alta de remuneraciones. Y esto es lo que está negociándose con los agentes sociales y con los socios del Gobierno, por lo que está sujeto a cambios.

Con este planteamiento acerca de aumentar los ingresos, parece posible un acuerdo de la Seguridad Social con los sindicatos; del PSOE con Unidas Podemos; y del Gobierno con los socios parlamentarios. La perspectiva se complica mucho cuando se añade un elemento que afecta a los gastos del sistema de pensiones: el periodo de cómputo para calcular la prestación del nuevo jubilado, que ahora se sitúa en 25 años.

Escrivá siempre ha tenido la intención de incrementar ese periodo. Así aparece en el documento pactado con la Comisión Europea sobre el plan de recuperación. Sobre la mesa está la opción de alargarlo hasta los 30 años, aunque eliminando los dos con menores cotizaciones. Como norma general, cuanto más tiempo se emplea para calcular la pensión, esta resulta más baja. Pero la opción de eliminar esos dos años malos, introduce un elemento amortiguador importante. En consecuencia, no está tan claro que esto en el futuro acabe produciendo prestaciones menores y, por tanto, se traduzca en una contención del gasto para el sistema.

A pesar de esto, los escollos en esta parte de la reforma de pensiones se multiplican. Las posiciones del PSOE con Unidas Podemos, especialmente con la vicepresidenta Yolanda Díaz en este caso, no están alineadas. La también ministra de Trabajo ha rechazado en público esta medida: “Estamos haciendo cambios en el mercado de trabajo que avanzan en la recuperación de derechos. Esto no es recuperar derechos, es recortar derechos”. Y la posición histórica en el Pacto de Toledo como ERC o Bildu, socios parlamentarios habituales del Ejecutivo, llevan a pensar que será difícil convencerles.

Y si finalmente todo esto acaba aprobándose, faltaría la opinión de Bruselas, decisiva a la hora de liberar los pagos del plan de recuperación. El tercer pago debería ver la luz verde en los próximos días o semanas, y entonces se debe proceder a la solicitud del cuarto, en el que la reforma de pensiones juega un papel destacado. En teoría, la evaluación de la Comisión no llega hasta que está hecha la solicitud formal. Pero también es cierto que ambos ejecutivos cambian opiniones constantemente. Ahí se enmarca la reunión de la última semana de enero. Además, el Gobierno es consciente de que este asunto y la materia que aborda, las pensiones, resultan capitales en un año electoral.