El Gobierno quiere recaudar hasta 5.000 millones con el destope de las cotizaciones

El Gobierno trata de avanzar con la segunda parte de la reforma de las pensiones. Tras haber recuperado las revalorizaciones con el IPC, necesita tomar medidas que ayuden a hacer sostenible el sistema. Una de las que ha puesto sobre la mesa de negociación es el destope de las cotizaciones sociales, que implica que los sueldos altos contribuyan a la Seguridad Social en una mayor proporción. En la actualidad, sus aportaciones están topadas en cerca de 54.000 euros. Y el destope se quiere hacer subiendo este techo todos los años con la inflación más un 1,154% anual hasta llegar en 2050 a un incremento acumulado superior al 30% en términos reales. De esta forma, según la información a la que ha tenido acceso EL PAÍS, se quiere recaudar en 2050 el 0,42% del PIB anual, el equivalente a unos 5.000 millones de euros con el tamaño actual de la economía.

Durante los primeros años apenas se logrará un 0,02% del PIB en 2025, unos 250 millones con el PIB vigente; un 0,03% en 2026; un 0,05% en 2027; un 0,06% en 2028, y así hasta llegar a un 0,1% en 2030, unos 1.200 millones utilizando el dato de PIB de 2022. De esta forma, progresivamente, en 2036 se alcanzaría el 0,21% del PIB; en 2040, el 0,27%; en 2045, el 0,35%, y en 2050 se obtendría el 0,42%. Aunque estimaciones como las de Fedea o las del observatorio de pensiones de la aseguradora WTW lo dejan entre el 0,15% y el 0,2%.

En paralelo, se elevaría de forma muchísimo más leve la pensión máxima: un 3% más la inflación. Y empezaría a costar algo en 2030: un 0,01% del PIB. En 2035 supondría el 0,02% y en 2040, el 0,06%. En 2050 el gasto sería del 0,15% del PIB. Una vez se resta este aumento de los desembolsos a la recaudación por el destope, el ahorro neto sería del 0,27% del PIB, según las cifras del Gobierno, unos 3.400 millones con el PIB actual.

Este incremento de cotizaciones tiene el rechazo frontal de la CEOE, que ya se desmarcó del acuerdo cuando se aprobó subir cotizaciones un 0,6% para recaudar el 0,2% del PIB anual, unos 2.400 millones, con el llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que destinará esos ingresos a la hucha de las pensiones. Así que el Ejecutivo tendrá que tramitarlo sin el respaldo de la patronal. Los sindicatos sí que se muestran a favor. Incluso defienden junto a Unidas Podemos que haya un destope total de manera que coticen íntegramente los salarios. En ese caso se podrían lograr, según sus números, hasta un 0,7% del PIB, unos 10.000 millones.

Sin la CEOE, la negociación se centrará en conseguir el apoyo de la mayoría de la investidura y de los sindicatos. Sin embargo, hay una parte que está comprometida con Bruselas, y que Podemos y los sindicatos rechazan abiertamente: la ampliación del periodo utilizado para calcular la pensión inicial. El Ministerio de Seguridad Social propone que suba de los 25 últimos años que se usan ahora hasta los 30 años, pudiendo descartar los dos peores. Según los números a los que ha tenido acceso EL PAÍS, esto implicaría que en media la pensión mejoraría un 0,42% (un 0,63% la del hombre y un 0,01% la de la mujer). Pero con las medidas pensadas para cerrar la brecha de género aumentan en promedio un 0,68%. Estas suponen que el Gobierno mejora su aportación por los años sin cotizar a partir del mes 49 hasta el 72 del 50% de la base mínima al 60% (así sube un 0,72% la de la mujer y un 0,63% la del hombre, pues también se les aplica por las excedencias para el cuidado de hijos).

En opinión del Gobierno, estos cálculos muestran que las mejoras por cambiar el periodo de cómputo son superiores a las pérdidas. Y aquellos que pierden lo hacen muy poco. En el caso de las carreras cortas apenas se ven afectadas gracias a los complementos a mínimos, recuerda. El sistema actual es lesivo para quienes sufren períodos sin cotizar. Este nuevo esquema, aduce el Ejecutivo, protege mejor las cuantías de las pensiones en un contexto en el que hay carreras menos estables. Sin embargo, sindicatos y Podemos consideran que se perjudican carreras estables como las de los funcionarios.

La Comisión Europea ya dijo que podría surgir un desfase significativo en las cuentas al volver a ligar las prestaciones al IPC y suprimir el Factor de Sostenibilidad, que aprobó el PP y que ajustaba la pensión inicial en función de la esperanza de vida. El propio Gobierno calcula que supondría elevar el gasto en pensiones en unos 3,5 puntos de PIB. Ya tiene un 0,2 con el Mecanismo de Equidad. Y 0,27 con el destope. Pero necesita bastante más para compensarlo. En privado sostiene que con el nuevo sistema de cotización de los autónomos se podría en el futuro subir la contribución para lograr hasta un 0,8% del PIB. Y argumenta que dentro de una década, como contempla el MEI, el Gobierno y los agentes sociales tendrían que sentarse y pactar otro 0,8% del PIB de ajuste, por gastos o ingresos, si se desvían las previsiones. Pero ninguna de esas medidas están automatizadas, lo que no gusta a Bruselas. Además, la ampliación del periodo de cómputo tendrá un efecto neutro.

El Gobierno ya ha incumplido el plazo comprometido con la UE para aprobar esta reforma: el 31 de diciembre del 2022. Sin embargo, el año pasado ya se retrasaron varios hitos y el Ejecutivo simplemente demoró la petición de fondos a Europa hasta el pasado 31 de abril. Así que podría volver a hacer lo mismo: retrasar la petición hasta que haya cerrado el acuerdo. Este cuarto desembolso son unos 11.000 millones de euros.