Fedea cree que el nuevo sistema de cotización de los autónomos les beneficia frente al resto de trabajadores

El nuevo sistema de cotización por ingresos reales para los autónomos favorecerá a los trabajadores por cuenta propia que tengan los ingresos más bajos por delante de aquellos por cuenta ajena con las mismas rentas. Así lo estima un estudio publicado este miércoles por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), donde se analiza el nuevo esquema de cotización por tramos de rendimientos diseñado por el Ministerio de Seguridad Social. Esta nueva fórmula entrará en vigor en 2023 y, aunque terminará de desplegarse en 2032, por ahora tiene desarrollados únicamente los próximos tres ejercicios (hasta 2025).

El informe del think tank de las grandes empresas, firmado por Miguel Ángel García Díaz, valora positivamente la voluntad del departamento que dirige José Luis Escrivá de equiparar en su trato con la Seguridad Social a todos los trabajadores, independientemente de si son autónomos o asalariados. Sin embargo, considera que la configuración del sistema podría poner en riesgo la consecución de este objetivo.

Después de analizar minuciosamente las entrañas de la nueva norma —compuesta por 15 tramos de rendimientos de los que se derivan cuotas de entre 200 y 590 euros—, García Díaz concluye que aquellos autónomos situados en los tramos inferiores de renta serán tratados como trabajadores a tiempo completo, “aun cuando declaren rendimientos inferiores al salario mínimo” (de 1.000 euros mensuales repartidos en 14 pagas). Este efecto, además, podría acarrear otras contraindicaciones, como el fomento por parte de las empresas del “uso de falsos autónomos por las empresas” y la ocultación de los ingresos por los autónomos para pagar menos cuota; “lo que afectaría en la recaudación del IRPF y el IVA”, señala el autor.

El desequilibrio en la balanza fiscal entre autónomos y asalariados —los primeros están afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y los segundos al Régimen General—, se produciría también en el lado más elevado de la curva de ingresos. Según concluye el estudio, aquellos autónomos con rendimientos netos superiores a la pensión máxima (en 2023 será de 3.016 euros al mes) cotizarán siempre por debajo de esta (oscilará entre los 1.634 y los 1.928 euros), y, por tanto, “no están obligados a realizar el esfuerzo exigido a los trabajadores asalariados cuya base de cotización máxima (4.139,40 euros mensuales) es superior en un 28% a la pensión máxima”.

Competencia desleal

Según los últimos datos de afiliación al RETA, en agosto se contabilizaron 3.327.436 autónomos, de los cuales, algo más de dos millones son personas físicas. Entre este grupo de trabajadores por cuenta propia, según señalan desde las organizaciones que los representan, la mayoría de ellos se encuentran en el tramo más bajo de rendimientos; pero otro nicho importante cuentan con ganancias de entre 1.300 y 1.500 euros mensuales. El estudio de Fedea afirma que “la evolución de la base de cotización y la cuota de la tarifa reducida hasta 2025 en el RETA diverge respecto a la actual base de cotización y cuota mínima del Régimen General, mostrando una tendencia hacia la consolidación de un trato más favorable a los afiliados al RETA con ingresos inferiores a 1.700 euros al mes”. Una circunstancia que “puede generar competencia desleal con las empresas que utilicen el trabajo asalariado”.

Este cruce de intereses entre empresas y autónomos repercutiría también sobre el empleo en opinión de García Díaz. “No parece que vaya a mejorar la calidad y estabilidad en el empleo, un sistema que segmenta aún más a los trabajadores de menos renta al consolidar ventajas comparativas para los tramos inferiores de rendimientos netos de afiliados en el RETA”, señala.

Desde el Ministerio de Seguridad Social han defendido que este nuevo sistema será beneficioso para las cuentas de la Seguridad Social (muchos autónomos pagarán una cuota más alta) y su sostenibilidad financiera. Algo que el estudio de Fedea pone en cuestión, alegando que “la alejada relación entre aportación y pensión supera con creces el crecimiento del PIB español”.