El Supremo insta al Gobierno a reembolsar a Naturgy, Endesa e Iberdrola más de 320 millones de euros por el bono social

El Tribunal Supremo ha instado al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico a abonar a Endesa, Naturgy e Iberdrola los más de 320 millones de euros que se les adeuda tras declararse inaplicable el bono social eléctrico fijado. Esta prestación lleva en los tribunales desde 2014, cuando varias comercializadoras acudieron a la justicia para reclamar que los gastos de la ayuda no se les repercutieran. Esta prestación, que ha sufrido varias actualizaciones, recoge la figura de consumidor vulnerable y en ella se proponen subvenciones para los hogares de renta baja en materia de consumo energético. En los fallos, el Tribunal sentenció que es el Estado y no las eléctricas el que tiene que afrontar los pagos derivados de esa prestación en el recibo de la luz.

El año pasado, el Supremo declaró inaplicable el régimen de financiación del bono social eléctrico y anuló varios artículos del decreto de 2017 —promulgado durante el Gobierno de Mariano Rajoy para modificar la normativa anterior— que regulaba esta figura, por considerar que carecía de “justificación objetiva y razonable” y provocaba un “trato discriminatorio”. En concreto, declaraba “la inaplicabilidad del régimen de financiación del bono social y del régimen de cofinanciación con las Administraciones Públicas de aquellos suministros a consumidores que tengan la condición de vulnerables severos acogidos a tarifas de último recurso y que estén en riesgo de exclusión social”, establecidos en la Ley 24/2016 del Sector Eléctrico, y en el Real Decreto-ley 7/2016.

El alto tribunal entendió que se produjo un trato discriminatorio “al no imponerse la financiación a todas las empresas eléctricas, sino exclusivamente a las empresas comercializadoras sin una justificación objetiva y razonable”. En el caso de Naturgy, el diario económico CincoDías adelantó el pasado mes de junio que, según un auto del tribunal, se le debía pagar un importe de 64,2 millones de euros, además de los intereses legales correspondientes. Las otras dos empresas que tienen derecho a compensaciones son Iberdrola, que recibirá 103 millones de euros, y Endesa, que será compensada con 152,2 millones. Por el momento las cantidades aún no han sido abonadas.

Nueve años de periplo judicial

El caso del bono social —cuyo coste total ascendió a los 800 millones, según los cálculos de la CNMV— lleva años en los tribunales y ha enfrentado al erario público y a las comercializadoras eléctricas en varias etapas distintas. En las tres sentencias que se han emitido hasta ahora, los tribunales han fallado a favor de las compañías al considerar que incumple la directiva de 2009 sobre mercado interior de la electricidad.

Las diferencias entre empresas y Gobierno se remontan a 2014, cuando Viesgo, Endesa, Iberdrola y Naturgy acudieron a los tribunales al considerar que el esquema del bono social vigente por aquel entonces les endosaba cargas injustas. En 2016 el Supremo les dio la razón, pero el Gobierno de Mariano Rajoy recurrió el dictamen ante el Constitucional, que en marzo de 2019 admitió el recurso y criticó que no se hubiese pedido opinión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Fue entonces cuando el Supremo elevó una consulta prejudicial a ese organismo y el caso acabó llegando a Luxemburgo. En medio de este proceso, en diciembre de 2016 el Gobierno de PP modificó por real decreto el mecanismo, aunque el proceso de reclamación siguió adelante.

Finalmente, en octubre de 2021, el alto tribunal europeo anuló por “discriminatorio” el antiguo sistema de financiación de este descuento, que recaía casi íntegramente sobre las comercializadoras de referencia. De nuevo la pelota volvía al tejado del Supremo, que en las sentencias sucesivas reconoció el derecho de las eléctricas a ser compensadas. Tras el fallo definitivo, emitido en enero de 2022, ya solo quedaba por dirimir el importe de las indemnizaciones que se ha conocido hoy.

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