El Gobierno aprueba el nuevo bono social eléctrico
El Ejecutivo introduce el criterio de renta, que especificará en un futuro reglamento
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el decreto ley pactado entre el PP, el PSOE y Ciudadanos para establecer el nuevo mecanismo de financiación del bono social de electricidad y reforzar las medidas de protección para los consumidores vulnerables, prohibiendo los cortes del suministro eléctrico a aquellos considerados severos que estén siendo atendidos por los servicios sociales.
La nueva normativa introduce el criterio de la renta o ingresos como factor decisivo en la recepción del bono, aunque no se conocerá cuáles son los baremos que permiten acogerse a la medida hasta que se apruebe el reglamento. Sí es de aplicación inmediata la recuperación del descuento del 25% de la factura eléctrica para aquellas familias con todos sus miembros en paro; familias numerosas; personas con 60 o más años que perciben la pensión mínima; o aquellas con una potencia contratada inferior a 3kW.
El Tribunal Supremo anuló en octubre el sistema del bono social al considerarlo discriminatorio, puesto que solo afectaba a las cinco principales compañías, que representan el 94% de la industria. Ahora se aplicará a todas, según Álvaro Nadal, ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital.
“Habrá al menos cuatro tipo de consumidores”, ha dicho Nadal. “Los ordinarios; los vulnerables, con una ayuda sobre el precio; los que tendrán un descuento mayor por tener una renta inferior; y los casos de personas atendidas por servicios sociales, en los que la Administración se hace cargo del pago y recibe una aportación adicional por parte del sistema eléctrico”.
Así, el bono social pasa de ser una simple rebaja en la factura a cofinanciarla en los casos más graves. Para encontrar el encaje dentro de la ley del sector eléctrico se modificará el artículo 52 de la legislación, estableciendo la imposibilidad de interrumpir el suministro eléctrico a las familias que están declaradas como vulnerables, lo que se aplicará durante todo el año, no solo en los meses de invierno. El Gobierno, además, amplía de dos a cuatro meses el plazo de preaviso para suspender el suministro a determinados grupos de consumidores vulnerables en caso de impago. Finalmente, también establecerá un índice para que los ciudadanos puedan comparar las ofertas de las compañías eléctricas.
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