El Gobierno cambia la tarifa de la luz de uno de cada tres hogares para reducir la volatilidad en sus recibos

Cambios de calado en el recibo de la luz de más de tres de cada diez hogares españoles. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una reforma del mercado regulado de la luz para tratar de dar más estabilidad sobre el precio que pagan los hogares acogidos a él: a partir del 1 de enero, su tarifa no dependerá únicamente de la cotización del megavatio hora (MWh) en el siempre volátil mercado al contado, sino que también beberá de los precios a largo plazo.

El cambio, ideado hace meses pero que no ha recibido la luz verde final hasta este martes —a poco más de un mes vista de las elecciones generales y tras una larga travesía en el Consejo de Estado—, no significará que los hogares que optan por el llamado precio voluntario del pequeño consumidor (PVPC) vayan a pagar necesariamente más o menos, pero sí que la variabilidad de su factura entre unos días y otros será mucho menor que hasta ahora. Y llega después de que estos nueve millones de consumidores, que históricamente han pagado recibos mucho menores, fuesen los más golpeados en los meses más crudos de la crisis energética, cuando el mercado mayorista eléctrico se disparó al son del gas natural y estos clientes sufrieron en consonancia desde el minuto cero. Quienes estaban en el mercado libre, en cambio, tuvieron unos meses de tregua hasta que sus facturas empezaron a dispararse.

“Los consumidores no tendrán que hacer nada, pero las facturas que pagarán serán más estables y estarán menos expuestas a los periodos de volatilidad”, ha afirmado la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, la encargada de describir someramente la reforma en la rueda de prensa posterior al cónclave ministerial ante la ausencia de la vicepresidenta tercera y titular para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. El Gobierno calcula que la oscilación entre las horas más caras y las más baratas se reducirá en un tercio.

La nueva tarifa PVPC es uno de los compromisos de España con la Comisión Europea cuando recibió el visto bueno a la llamada excepción ibérica, hace justo un año, aunque llega con cerca de ocho meses de retraso respecto al calendario comprometido entonces. Al ser un real decreto y no un decreto ley, el texto no tiene que pasar por el Parlamento y —por tanto— no se ve afectado por la reciente disolución de las Cortes.

A partir del próximo 1 de enero, los hogares acogidos al mercado regulado verán cómo sus tarifas pasarán de depender el 100% de lo que ocurre en el mercado al contado —en el que el precio varía hora tras hora— a hacerlo en un 75%. El 25% restante beberá de los mercados de futuros, más estables por definición. En 2025, la relación de fuerzas pasará a ser del 40% al contado y del 60% a largo plazo, respectivamente. Y a partir de 2026 —y en los años siguientes—, esta será del 55% y el 45%.

“La época de precios estables se ha terminado, tanto por la variación del precio del gas como la de los combustibles fósiles en general. Con esta reforma nos preparamos para esta nueva realidad”, apuntan fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica. Esta creciente montaña rusa de precios en el mercado al contado entre las horas en las que las energías renovables —de largo las más baratas— y aquellas en la que las centrales de gas fijan el precio es un fenómeno “nuevo pero estructural”, según estas fuentes. “Lo que queremos es que el PVPC tenga un balance adecuado entre las señales de precio a corto plazo y una estabilidad a largo”.

Los técnicos gubernamentales no se han atrevido a ofrecer un horizonte de precios en el mercado regulado, pero sí garantizan que insuflará una estabilidad mucho mayor preservando los incentivos económicos para que los hogares acogidos al mercado regulado desplacen su consumo a las horas más baratas y también más limpias. “No queremos distorsionar las señales de precio a corto plazo y siempre vamos a seguir manteniendo una cierta exposición al mercado al contado, el diario”, agregan las citadas fuentes, que inciden en que la curva “se mantendrá con los mismos picos y valles en función del volumen de renovables que hay en cada momento”.

Los consumidores vulnerables, que están acogidos al bono social, seguirán obteniendo los mismos descuentos que hasta ahora. Tampoco percibirán ningún cambio, más allá de la mencionada estabilidad tarifaria, quienes cuentan con una instalación de autoconsumo fotovoltaico en el tejado y optan por el mercado regulado.

Solo para usuarios domésticos

Hasta ahora, al PVPC podían acogerse indistintamente hogares y empresas: el único límite es que la potencia contratada sea de menos de 10 kilovatios (KW), algo que contraviene la directiva europea. Cuando la reforma entre plenamente en vigor, el año próximo, sí habrá una “limitación clara” para que solo los consumidores domésticos y las microempresas puedan acogerse a ella. El proceso, sin embargo, se llevará a cabo “de manera gradual”, según explican fuentes del Ejecutivo, que no han ofrecido detalles sobre cuántas empresas están hoy en el mercado regulado y —por tanto— tendrán que marcharse al libre.

Aunque el nuevo diseño de la tarifa regulada de la luz no tendrá ninguna repercusión para los consumidores hasta el 1 de enero del año que viene, sí lo tendrá para las cuatro comercializadoras que operan en el mercado regulado —Energía XXI (Endesa), Curenergía (Iberdrola), Comercializadora Regulada Gas&Power (Endesa) y Baser (TotalEnergies)—, que tendrán que empezar a contratar la energía a futuro a partir del próximo 1 de julio para incorporarla a las cestas de futuros.

La tarifa regulada de la luz es, desde hace años, motivo de disputa entre las grandes eléctricas y el Gobierno de turno. Las compañías, que prefieren las del mercado libre —donde su margen de ganancia no está fijado por ley y, por tanto, es mayor—, abogan por restringirla únicamente a los consumidores vulnerables. El Ejecutivo actual, en cambio, considera que “sigue siendo necesaria”. Un punto en el que también coinciden las asociaciones de consumidores. Aunque algo más de uno de cada tres contratos de la luz están en el mercado regulado, según los últimos datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), estos representan solo el 6% de la demanda eléctrica española.

Horas después de su puesta de largo, la patronal eléctrica Aelec (a la que pertenecen Iberdrola, Endesa y EDP) ha valorado “positivamente” la reforma. “Proporciona mayor estabilidad al precio para el pequeño consumidor, no pierde completamente la variación horaria de los precios, dando las señales adecuadas para que la demanda traslade su consumo a las horas de menor precio y generará más liquidez en los mercados a plazo”, subraya en un comunicado. No obstante, la asociación echa en falta una actualización de los márgenes de las cuatro comercializadoras que ofrecen la tarifa regulada e insisten en una de sus reclamaciones más repetidas en los últimos tiempos: que la financiación del bono social “no debería corresponder a ninguno de los sujetos que operan en el sector eléctrico, sino que, por tratarse de políticas públicas, debería financiarse a través de instrumentos también públicos”. Es decir, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

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