El Gobierno planea endurecer los visados de oro por comprar vivienda

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones estudia endurecer el sistema por el que concede las golden visa, como se conocen popularmente los visados dorados, que conceden permisos de residencia a cambio de notables inversiones económicas. El objetivo es elevar el listón del sistema por el que se conceden los permisos de residencia a extranjeros que inviertan más de 500.000 euros en una vivienda en España. Así lo aseguran fuentes del ministerio que dirige José Luis Escrivá, y confirman fuentes de Más País, el partido que lidera Íñigo Errejón, que negocia esa medida con Seguridad Social e Inclusión.

Las golden visa son un instrumento que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) en 2013 a través de la ley de emprendedores, en un momento en que el sector inmobiliario languidecía por el pinchazo de la burbuja del ladrillo, y la inversión extranjera huía en estampida por la crisis de la deuda soberana que precipitó el rescate bancario español hace ya más de 10 años. La Comisión Europea pidió a los socios de la UE que dejaran de concederlos hace unos meses. Irlanda y Portugal han tomado medidas restrictivas recientemente.

En España, la norma permite obtener un permiso de residencia por un periodo de tres años, ampliable por otros dos, al extranjero que lleve a cabo una inversión inmobiliaria de al menos 500.000 euros en España sin contar las cargas o hipotecas. El mecanismo también se aplica para inversiones de más de un millón de euros en depósitos o en acciones de sociedades de capital español, o de más de dos millones en bonos del Estado. Este permiso de residencia está a disposición de los profesionales altamente cualificados y se prevé, a su vez, para casos de reagrupación familiar.

El uso del supuesto de inversión residencial concentra más del 94% de las autorizaciones concedidas a fortunas extranjeras. En los últimos años, esta vía se ha acelerado frente al resto de opciones de inversiones financieras o societarias, que se han quedado prácticamente sin uso.

España concedió 2.462 permisos de residencia en 2022 a inversores que compraron inmuebles por más de medio millón, lo que supuso un aumento de casi el 60% sobre el año anterior. Los inversores que utilizaron otras vías, como la compra de deuda pública, la inversión en empresas o los depósitos de más de un millón de euros, apenas sumaron unas decenas de permisos. El año pasado, solo seis extranjeros lograron autorizaciones de residencia por invertir en deuda pública española.

Desde que las golden visa están en vigor, se han concedido 11.464 autorizaciones individuales. A estas habría que sumarles otras 19.805 autorizaciones por reunificación familiar. En total, se han otorgado permisos de residencia a 31.000 personas, el 94% de los casos con la compra de vivienda como origen.

Fuentes al tanto de los análisis de Seguridad Social consideran que el límite de 500.000 euros en una inversión inmobiliaria para obtener el permiso de residencia ahora es insuficiente, sobre todo en las grandes capitales, donde una vivienda de ese importe ya no puede ser considerada como de lujo. Por ese motivo, creen que este mecanismo de inversión residencial ha quedado obsoleto.

Junto a las negociaciones que mantiene con Más País, Seguridad Social lleva a cabo conversaciones con el ministerio de Asuntos Económicos y el de Transportes para definir el nuevo esquema para estos visados. Un portavoz del ministerio de Economía admite que están dispuestos a abordar el asunto, pero insiste en que el tema aún está verde.

Presión sobre la vivienda

Fuentes conocedoras de las negociaciones explican que este instrumento que incentiva la compra de vivienda en manos de fortunas extranjeras estaría aumentando la presión sobre el mercado inmobiliario, sobre todo si se tiene en cuenta la actual situación de tensión, caracterizada por la escasez de vivienda de obra nueva en las grandes capitales y las tensiones en el mercado del alquiler.

El Gobierno aún no ha decidido qué vía utilizará para limitar las golden visa para inversión residencial. Baraja dos opciones: por un lado, acercar la inversión en viviendas a los límites de otras inversiones financieras, de al menos un millón de euros. Y, por otro, suprimir los permisos de residencia a cambio de inversión en casas. El Ejecutivo pretende redirigir estas inversiones inmobiliarias a otras que sean más productivas, como la toma de participaciones societarias, entre otras.

Argumenta que la posibilidad de obtener la autorización de residencia como inversor inmobiliario con un importe más bajo de inversión que en el resto de figuras (compra de deuda pública, depósito de más de un millón...) desincentiva otras inversiones más productivas, como las relacionadas con proyectos empresariales o participaciones sociales.

La medida, que aún está en estudio, no es nueva. El grupo parlamentario Más País presentó en febrero una proposición de ley para eliminar los visados de oro. Íñigo Errejón, portavoz de esta formación, justificó la iniciativa porque considera que estas credenciales fomentan la especulación del mercado inmobiliario. Errejón sostiene que estos permisos no benefician a la economía nacional y expulsan a la población local, generando un efecto muy negativo sobre el mercado. Más País asegura que esta situación “está disparando los precios y expulsando a los residentes de sus barrios”.

La iniciativa no tuvo suficientes apoyos, pero la formación política volvió a la carga y presentó una enmienda a la ley de vivienda. La iniciativa tampoco salió adelante por una cuestión parlamentaria, la ley de vivienda ya estaba cerrada y los responsables prefirieron no abrir una negociación que había sido muy complicada, según sostiene Más País y corroboran en el Ministerio de Transportes, que también están al tanto de las negociaciones. “Está todo abierto y vamos a explorar vías legales para ello”, dicen fuentes de Más País, que remarcan que la relación con Escrivá es directa y fluida.

En retroceso en otros países

En los últimos meses, Portugal, Irlanda, Grecia o Malta han eliminado o endurecido la vía para conceder permisos de residencia o golden visa a millonarios extranjeros que realicen una inversión inmobiliaria.

En 2022, la Comisión Europea pidió a los Estados miembros que dejaran de vender la ciudadanía a los inversores con más recursos. Reclamó a los países que comprobaran si las personas sancionadas a causa de la guerra tenían un pasaporte dorado. El Parlamento Europeo ha expresado en reiteradas ocasiones su enorme preocupación ante la falta de mecanismos adecuados de control para conceder estos visados de residencia para inversores, permitiendo la entrada de personas y sus familiares con capitales de dudosa procedencia y sin llevar a cabo una investigación rigurosa sobre el origen de los fondos, explicaban en un artículo en EL PAÍS Manuel Villoria Mendieta y David Martínez, ambos directivos de Transparencia Internacional. “Los riesgos de blanqueo y de permitir la entrada en España a delincuentes son enormemente altos”, advertían.

Lo cierto es que desde el estallido de la invasión de Ucrania por parte de Rusia se están extremando estos permisos de residencia. El Colegio de Registradores calcula que cerca de un millar de ciudadanos rusos han obtenido el permiso de residencia en España por compra de inmuebles.

Portugal es uno de los países que han actuado más rápido y de forma más contundente. En abril terminó con los visados de oro. Su sistema fue creado en 2012 en un esquema similar al que luego adoptaría España.

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