España gana margen en Bruselas para acelerar las ayudas industriales del plan de recuperación

España ha logrado buena parte de lo que buscaba con la nueva regulación de las ayudas de Estado: más margen para gastar el Fondo de Recuperación y acelerar la distribución de ayudas a proyectos industriales, especialmente aquellos enfocados al negocio de la descarbonización. La reciente relajación de las normas que las regulan ha aumentado las cantidades que se pueden dar a proyectos (llega a haberlas de 350 millones de euros); ha subido los porcentajes que se pueden financiar a las pequeñas empresas, que en algunos casos llegan al 55% de la inversión; y ha ampliado los sectores a los que se puede dar dinero público. El Gobierno español buscaba esa mayor flexibilidad para gastar el dinero que España ha recibido o va a recibir del plan de recuperación y otros fondos europeos, que se acercará a 200.000 millones entre 2021 y 2027, que constituyen la respuesta que la UE preparaba a los multimillonarios subsidios que conceden Estados Unidos, China o Japón para la doble transición ecológica y digital.

Los cambios que vieron la luz en marzo dan mucho más margen a España para que no suceda lo que pasó en el reparto de recursos del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) para el vehículo eléctrico. La Comisión Europea ha cambiado la norma general de ayudas de Estado y la específica para afrontar la crisis provocada por la guerra y facilitar la transición energética, pero entonces las nuevas regulaciones todavía no habían entrado en vigor. Los duros requisitos vigentes en aquel momento jugaron una mala pasada. Fue en octubre del año pasado, y apenas se pudo gastar un 29% de los 2.975 millones de los que disponía el Ministerio de Industria en su primera convocatoria.

Todas las fuentes consultadas, tanto del Ejecutivo como las conocedoras de la regulación, coinciden en que a partir de ahora será más sencillo conceder las ayudas. Una fuente del Gobierno español señalaba que la nueva configuración aprobada “facilitará y acelerará la ejecución” de fondos europeos, aportando mayores facilidades a la asignación de los 2.100 millones pendientes para la reconversión del sector del automóvil, pero también para otras actividades económicas que recibirán subvenciones. Por ejemplo, a la vez que se aumentaba la cuantía posible de asignar, también se ha abierto la mano en cuanto al tipo de inversiones susceptibles de recibir los fondos para la recuperación a las inversiones en terrenos, la construcción de instalaciones o la compra de maquinaria, activos que hasta ahora estaban vetados porque únicamente se consideraban subvencionables inversiones operativas como, entre otras, la investigación y el desarrollo y la innovación (I+D+i).

Uno de los ejemplos que podrían salir ganando en la próxima convocatoria del PERTE del vehículo eléctrico, por ejemplo, es la construcción de fábricas de celdas de baterías para este tipo de automóviles. La de Volkswagen en Sagunto ya tiene asignadas las ayudas de la anterior convocatoria, complementadas con ayudas adicionales del Ministerio de Industria y de la Comunidad Valenciana, pero en la próxima convocatoria podrían beneficiarse la que plantea el grupo chino Envision en Extremadura y cualquier otra si algún fabricante se animara a construir en España. “Los PERTE”, indican fuentes empresariales, “han quedado totalmente superados por el nuevo esquema de ayudas”.

En ese tipo de grandes proyectos las inversiones irán acompañadas de mayores recursos. Se prevé, por ejemplo, que una inversión pueda beneficiarse de hasta 150 millones de euros de ayudas, una cuantía que se incrementará hasta los 200 millones en zonas menos desarrolladas y hasta los 350 millones en el caso de las más deprimidas, como sería el caso de la inversión anunciada en Extremadura. Se trataría de subsidios preasignados, que no necesitarían pasar por la aprobación de Bruselas para salir adelante. Con esto, se pueden reducir los plazos de tramitación y ser algo más previsible con el resultado final de los expedientes de ayudas. Eso da certidumbre, apuntan en el Ejecutivo, sobre las inversiones de las empresas.

No obstante, la alegría no es completa, ya que estos nuevos marcos de ayudas no llegarán hasta el año 2028, como reclaman algunos inversores. Estos han hecho llegar al Gobierno la necesidad de alargarlos más allá de finales de 2025 o 2026 —cada regulación extraordinaria concluye en uno de esos años—. El Gobierno español —como el italiano o el portugués— verían muy bien esta prolongación, pero es algo más complicado. Ya no se trata solo de los criterios para dar subvenciones, sino del reglamento del Fondo de Recuperación, de donde proceden los recursos, que da de plazo hasta 2026 para gastar ese dinero.

Además del margen que logran los PERTE, Industria confía en otro camino que se ha abierto para gastar las ayudas que queden huérfanas. Ya no solo en la regulación extraordinaria para afrontar la crisis y la transición energética, también en la norma general se elevan los umbrales por los que no hay que notificar a Bruselas la concesión de ayudas. La variación de los umbrales era una de las discusiones que dividía a los grandes países industriales, como Francia y Alemania, de otros más pequeños, como Países Bajos. Los primeros abogaban por retirarlos para ganar libertad total en el reparto de fondos, mientras que los segundos, sin tanta capacidad industrial ni de gasto, demandaban reducirlos. La Comisión ha establecido ciertas salvaguardas a sus ayudas. Por ejemplo, las inversiones que reciban esas subvenciones no pueden proceder de deslocalizaciones en los dos años anteriores dentro de la Unión Europea ni motivar cambios de ubicación en los dos siguientes. Y debe existir un compromiso del preceptor de la ayuda de que mantendrá su proyecto al menos durante cinco años tras finalizar la inversión. En el caso de pymes, ese periodo se reduce a tres años.

Después de todos estos cambios, el volumen de ayudas que no se notifican a la Comisión Europea para su control crecerá mucho. Ahora el Ejecutivo europeo no examina el 91%, como advirtió la propia vicepresidenta del Ejecutivo y responsable de Competencia, Margrethe Vestager, por lo que ese porcentaje todavía escalará más.

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