Bono social, bonificación a los carburantes y deducciones por maternidad: cuando las ayudas no distinguen por renta

Hay ayudas públicas que se conceden tanto a hogares que no llegan a fin de mes como a ciudadanos con sueldos de triple dígito y patrimonios abultados. No tienen en cuenta la renta. Es el caso del bono social eléctrico, un descuento en el recibo de la luz para hogares desfavorecidos que se ha convertido en el epicentro de un terremoto político tras descubrirse que se benefician de ello tanto el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, como la líder de la oposición, Mónica García (Más Madrid). ¿La razón? Ambos forman parte de una familia numerosa, un criterio que los convierte en consumidores vulnerables sin importar su nivel de ingresos. La polémica ha causado tal revuelo que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado que modificará los criterios para acceder a la rebaja energética, una promesa que el PSOE ya había pactado con Podemos en 2018. Entonces, las dos formaciones llegaron al acuerdo de reformar el bono eléctrico y vincular su percepción al nivel de renta.

Ese pacto iba vinculado a la aprobación de los Presupuestos de 2019, que nunca vieron la luz. La propuesta cayó, como muchas otras, en saco roto. Pero, por sorprenderte que parezca, el bono social solo supone una de las muchas ayudas públicas que no tienen en cuenta la renta. Ocurre con varias deducciones en el IRPF: por vivienda, por obras, por invertir en una empresa de nueva o reciente creación, por maternidad, familia numerosa y para mayores de 65 años que vendan su vivienda. No importa el sueldo o el patrimonio acumulado. “No están pensadas para pobres o ricos, sino para una determinada acción”, resume una fuente de la Administración.

Muchas ayudas públicas, de hecho, se han diseñado para fomentar determinadas políticas, reducir la desigualdad o promover ciertos comportamientos, y por ello no se asignan en función de la renta. Ocurre con el IVA reducido para ciertas actividades económicas o bienes —por ejemplo, el turismo o los productos de higiene femenina—; las deducciones sociales en el IRPF para madres o familias numerosas pretenden impulsar la natalidad y mitigar la brecha de género; la exención en el impuesto de matriculación para los coches menos contaminantes se propone acelerar la renovación del parque de automóviles.

¿Y los descuentos para la factura eléctrica? “Si el objetivo de los bonos energéticos es proteger a los más vulnerables ante subidas de los precios de la energía, estos deberían dirigirse hacia los hogares vulnerables. En el caso español, en torno a un cuarto de las familias numerosas se sitúa en niveles de renta altos teniendo en cuenta el tamaño del hogar, lo que genera serias dudas sobre la eficacia distributiva de una medida tan generalista”, señala Xavier Labandeira, catedrático de Economía en la Universidad de Vigo y coautor del Libro Blanco para la reforma fiscal.

Antes de que estallara la crisis energética, el descuento reconocido por el bono social eléctrico oscilaba entre el 25% y el 40% del precio final del recibo, en función de que el consumidor se considerara vulnerable o vulnerable severo. Con la espiral inflacionista, las rebajas han sido ampliadas hasta el 65% y el 80%, respectivamente. Quien se beneficia de esta ayuda también tiene derecho al bono social térmico, destinado a gastos de calefacción y aprobado en 2018.

Los requisitos para acogerse al bono social eléctrico, en vigor desde 2009 y reformado en distintas ocasiones, son varios, y es suficiente con solo cumplir uno de ellos. Por ejemplo, ser beneficiario del ingreso mínimo vital o tener un determinado nivel de renta, de una vez y medio el IPREM de 14 pagas en el caso de un consumidor vulnerable que viva solo. Estos son 12.600 euros al año, frente a los más de 100.000 que cobra Osorio. Sin embargo, él cumple con el requisito de familia numerosa: este título —se puede solicitar, en términos generales, al tener tres o más hijos— convierte de facto al hogar en vulnerable, independientemente de los sueldos o patrimonio de sus componentes, según detalla el Ministerio de Transición Ecológica en su guía sobre el bono social.

De acuerdo con la Comisión de los Mercados y la Competencia (CNMC), a septiembre de 2022 había 1,28 millones de consumidores acogidos al bono social. De ellos, el 30% eran familias numerosas, 244.141 consideradas vulnerables —aquí se contabilizan las familias de Osorio y García—, y 103.722 vulnerables severas —en este caso se exige también un determinado nivel de renta—.

Las familias numerosas también pueden deducirse entre 1.200 y 2.400 euros en el IRPF, sin importar cuánto ganan sus miembros. Las mujeres con hijos menores de tres años, con independencia del salario, tienen derecho a desgravarse hasta 1.200 euros. Según la Autoridad Fiscal (Airef), deducciones sociales como estas sí logran reducir la brecha de género y fomentar la natalidad, pero tienen un efecto “reducido”. “Hay mujeres que ganan mucho dinero y también reciben la ayuda. Sería mejor condicionarla a un determinado umbral de renta”, opina Alejandro Esteller, catedrático en la Universidad de Barcelona. “Igual conseguimos que algunas de ellas no se vayan del mercado laboral. En otro caso, es probable que estemos tirando el dinero”.

Medidas antinflación

Un análisis aparte merecen las medidas generalizadas puestas en marcha para frenar la inflación. Tanto la Airef como el Banco de España, la Comisión Europea, el FMI o la OCDE han recomendado en repetidas ocasiones que se tuviera en cuenta el nivel de ingresos y se enfocaran los esfuerzos hacia los más vulnerables. Porque, en este caso, su objetivo primario era ayudar a la población. En este saco caen la bonificación de 20 céntimos por litro de carburante que estuvo vigente hasta el año pasado, la más polémica por ser también la más cara y regresiva —“su eficacia fue limitada por el desbordamiento hacia consumidores de altas capacidades económicas”, además de causar “perjuicios importantes en eficiencia energética”, considera Labandeira—, la reducción de los impuestos eléctricos o las ayudas al transporte público.

La Airef alertó a finales del año pasado que la rebaja generalizada de la fiscalidad eléctrica tiene más impacto en las rentas altas, ya que su consumo es proporcionalmente superior, y que en general las decilas altas absorbían “una parte importante del coste de las medidas” antinflación. Asimismo, Fedea calculó que de los 17.000 millones desplegados en descuentos fiscales a la energía y subvenciones a los carburantes hasta finales de 2022 se podrían haber entregado cheques de 1.889 euros a los nueve millones de familias con renta neta mensual menor de 2.000 euros. También el Banco de España ha pedido un cheque para los más vulnerables: ha calculado que una transferencia de 860 euros a los hogares vulnerables supondría un gasto de 4.790 millones, la mitad de lo que el Estado ha dejado de ingresar con las rebajas fiscales a electricidad, gas, combustible y alimentos.

Las ayudas por el lado del gasto vía transferencias directas son, sin embargo, más complicadas de diseñar, ya que implica conocer los posibles destinatarios a través de datos de los que, muchas veces, la Administración no dispone. A falta de un sistema bien engrasado de subvenciones, tampoco los incentivos que se conceden vía renta son una panacea: los contribuyentes sin ingresos o con rentas bajas no están obligados a presentar la declaración del IRPF.

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