Solo 9.000 hipotecados en apuros se acogen al nuevo protocolo en sus dos primeros meses de funcionamiento

La actualización del Código de Buenas Prácticas, así como la creación de un nuevo protocolo para hogares vulnerables y los que están en riesgo de serlo, se está quedando cortas en su arranque. Al menos está muy por debajo de las previsiones que hacía el Gobierno a finales de noviembre del año pasado. La noche en la que hubo fumata blanca, el Ministerio de Economía avanzaba que las medidas servirían de alivio para más de un millón de familias con hipotecas variables afectadas por el incremento del euríbor. Sin embargo, los números todavía están muy lejos de esa cifra. “Desde enero, se han recibido 9.000 solicitudes, se han multiplicado por 15 respecto a lo que se recibía antes”, ha destacado la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, tras la reunión mantenida con las patronales bancarias y asociaciones de usuarios financieros.

Según ha avanzado en diversas ocasiones el Banco de España, el grueso de los deudores en apuros aflorará este 2023. De hecho, en enero hubo solo alrededor de 1.000 peticiones, por lo que se ha acelerado en febrero. Pese a ello, sigue por detrás de lo augurado, aunque falta por ver lo que ocurre en los próximos meses con el euríbor todavía al alza. Para corroborar cómo evoluciona, las partes se han vuelto a citar en junio, cuando se podrá valorar mejor la eficacia de los códigos de buenas prácticas y el zarpazo que ha supuesto la rápida subida de tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) y del euríbor. “Hay que mantener el seguimiento y tratar de adelantarnos a los problemas para dar un catálogo de ayudas a las familias”, ha incidido Calviño.

Las razones de este avance a un menor ritmo del esperado se debe, según el Ejecutivo, a la fortaleza de la economía española y del mercado laboral, clave para contener los impagos. “Había mucha incertidumbre cuando se pactó el acuerdo”, ha recordado la vicepresidenta, que ha destacado la relevancia de la revalorización de las pensiones y la subida del salario mínimo interprofesional para apuntalar la situación financiera de las familias.

Las medidas aprobadas se dividen en dos protocolos: uno, mediante la ampliación del Código de Buenas Prácticas, en vigor desde 2012, donde se añadieron ayudas para las unidades familiares que ingresen hasta 25.200 euros anuales (tres veces el IPREM, el indicador público de renta de efectos múltiples, en 14 pagas), que la carga hipotecaria se les haya incrementado y cuya cuota mensual supere la mitad de los ingresos netos del hogar, lo que se conoce como la tasa de esfuerzo. Estas familias podrán optar a un periodo de carencia de cinco años del capital con un tipo de interés reducido. Por otro lado, se sacó adelante un nuevo código para familias en riesgo de ser vulnerables con rentas de hasta 29.400 euros, cuya tasa de esfuerzo supere el 30% y esta, a su vez, se haya aumentado al menos un 20%. Estos se podrán acoger a una congelación de la cuota durante 12 meses, alargar también hasta siete años el plazo de amortización del préstamo y acogerse a un tipo de interés menor sobre el principal aplazado.

En el encuentro se ha abordado el trabajo realizado para la mejora de la atención al colectivo de mayores y personas con discapacidad. En este sentido, las patronales bancarias —la Asociación Española de Banca (AEB), la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Unacc)— se han comprometido a mantener las libretas bancarias. “Hemos detectado cierta inquietud de los consumidores y por eso nos comprometemos a mantener las cartillas y a incluirlo de forma expresa en los protocolos que ya existen”, ha afirmado José María Méndez, director general de CECA.

En concreto, el sector financiero ha incidido en que el compromiso es fuerte y que todos los clientes que ya tengan una cartilla bancaria la podrán mantener. Carlos San Juan, promotor de la campaña Soy mayor, pero no idiota, ha aplaudido esta decisión: “Me alegro mucho de que la cartilla vaya a seguir vigente para todos los mayores”. Por otro lado, las entidades financieras han adaptado la red de cajeros para los colectivos vulnerables y abierto nuevos puntos de atención en 79 municipios que no tenían.

Tono cordial, con algunas diferencias

Las partes han repetido en varias declaraciones el tono constructivo y cordial de la reunión. Aunque ha habido algunas diferencias. La principal, la escasa remuneración del ahorro de los bancos en España. “No se ha llegado a ningún tipo de conclusión porque no era este el foro”, ha asegurado Calviño, unos minutos después de decir que se había abordado el diferente efecto de la subida de tipos de interés sobre la revalorización de los préstamos y los depósitos. “En un entorno de libre competencia no procede que la Administración adelante más elementos en este sentido… Solo ha habido un intercambio de puntos de vista”, ha zanjado la vicepresidenta.

Sobre la atención de los mayores de 65 años, las partes han afirmado que se ha atendido a 6,3 millones de personas de este colectivo en el horario extendido de las oficinas bancarias pactado el año pasado. “Hemos avanzado mucho en el último año y estamos dando un ejemplo que ojalá sirva de inspiración para otros agentes, tanto públicos como privados”, ha lanzado Alejandra Kindelán, presidenta de la AEB.

La ministra de Economía también ha sido preguntada por la decisión de CaixaBank de recurrir el impuesto extraordinario a la banca, conocido la semana pasada. “No procede comentar una decisión específica donde hay un evidente conflicto de interés. Desde el Gobierno, se trata de un gravamen oportuno y absolutamente legal para que los sectores con beneficios extraordinarios contribuyan a sufragar las medidas de apoyo para afectados por la crisis económica”, ha zanjado Calviño.

Desde las organizaciones de usuarios, Patricia Suárez, presidenta de Asufin, ha criticado por su parte que se pueda rebajar la tasa que deberán pagar los bancos y aseguradoras por cada reclamación que reciban en la futura Autoridad de Defensa del Consumidor Financiero. “No se va a generar más litigiosidad por este motivo. El problema no son las reclamaciones de los clientes, el problema es el abuso de algunas entidades”.

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