¿Cuánto de más se paga en impuestos por la subida de las pensiones?

Costosas, insostenibles, insuficientes, demasiado bajas o muy altas… Los adjetivos que acompañan la palabra pensiones suelen ser muchos y categóricos. De aquellos que polarizan, y que se hacen aún más grandilocuentes cuando se producen cambios en el sistema. Ocurrió a finales del año pasado: el Gobierno anunció que subiría las prestaciones un 8,5% en 2023, en línea con el IPC y como marca la ley, y se granjeó tantos partidarios como detractores. La polémica revivió en enero, con el primer cobro actualizado. Esta vez el debate giraba en torno a cuánto de la subida se quedaría Hacienda. “La mitad”, llegó a lamentar alguno en las redes sociales. En realidad, depende de las circunstancias de cada jubilado y con qué se compara. Si se toma la pensión media cobrada, el aumento en la cuota del IRPF es de entre un 3% y un 4%; para las mujeres este porcentaje es menor, aunque por un efecto perverso: porque son más perjudicadas en origen, al percibir pensiones más bajas.

Estas diferencias dependen de la misma lógica del impuesto, que es directo y progresivo. Es decir: quien más gana, más paga al fisco. Por ello, la revalorización de las pensiones supone abonar más IRPF, que se calcula a partir de una base mayor. Lo mismo ocurre con las subidas salariales: cuando los sueldos suben, también aumenta lo que se queda Hacienda. Siempre y cuando se alcance el umbral mínimo de tributación, un supuesto que muchas veces no se cumple hablando de pensiones.

Para poner ejemplos concretos sobre cómo cambia la cuota a pagar tras la subida de las pensiones se puede partir de la pensión bruta de jubilación media de todos los regímenes a nivel nacional. Esta habría sido de 17.636,87 euros sin la actualización del 8,5%; con la revalorización, sube hasta los 19.136 euros (un salto de 1.499,13 euros). En cambio, la cuota de IRPF que sale a pagar varía en función de la comunidad, ya que la mitad de la escala de tipos está gestionada por los Gobiernos regionales. En el caso de Andalucía, se pagarán 681,24 euros más al fisco —siempre y cuando el pensionistas no tenga más rentas—. ¿Es mucho o poco? ¿Cuánto supone en términos porcentuales?

Es un 3,6% más sobre la pensión sin actualizar, según un informe elaborado por el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). Si solo se consideran las pensiones de jubilación del régimen general, estos ciudadanos pasan a cobrar 1.674,38 euros más y su tributación crece en un 4% en Andalucía. Si el jubilado tiene discapacidad y gastos de asistencia, la subida fiscal es inferior o hasta nula; quienes cobran la pensión máxima (42.823 euros) pagarán un 2,8% más en IRPF.

Gestha ha llegado a estos resultados al comparar la prestación media a nivel nacional revalorizada al 8,5% y la que se hubiese cobrado sin la actualización en siete comunidades —Andalucía, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia y Comunidad Valenciana—. Para ambos casos ha calculado cuánto se queda Hacienda, incorporando todas las modificaciones en el IRPF que han entrado en vigor este año, tanto estatales como autonómicas. Finalmente, ha determinado la diferencia en la cuota a pagar a Hacienda sobre el total de la pensión, y no sobre el aumento de la prestación.

En este segundo caso, sí se puede decir que Hacienda se queda con cerca de la mitad de la actualización, “pero no tiene ningún sentido económico comparar el aumento de la cuota del IRPF con el importe de incremento de la pensión”, defiende José María Mollinedo, secretario general de Gestha y coautor del informe. De calcular el aumento del impuesto sobre la actualización se alcanzaría un tramo marginal hasta por encima del 50% para pensiones de menos de 20.000 euros. “Es algo que no existe en ninguna comunidad autónoma. Si cogemos Andalucía, entre los 20.000 y los 21.000 euros el tipo medio es del 21%, pero el marginal está entre el 27% y el 30%. Hay que considerar el conjunto de la renta”, añade.

Brecha de género

En el caso de las mujeres, la subida fiscal, también en Andalucía, solo es de 94,43 euros, un 0,6% más, frente a una pensión que sube en 1.240 euros. Esta supuesta mejora es un espejismo debido a que la brecha salarial se traslada también a las pensiones. Las mujeres tienen una prestación media más baja por haber cotizado menos a la Seguridad Social, reflejo de sueldos inferiores, jornadas parciales, mayores lagunas en su vida laboral por atender los cuidados familiares o tratarse de pensiones de viudedad. En concreto, hay unos 5.000 euros de diferencia al año en la media de todas las pensiones: 15.840 euros frente a los 20.810 de los hombres.

En las demás comunidades analizadas por Gestha la situación es parecida. En Madrid, la autonomía con el IRPF más bajo de España, la cuota aumenta en 824,15 euros en el caso de jubilación del régimen general. Se trata de un 3,9% más comparado con la prestación sin revalorizar; en cambio, las mujeres abonan en IRPF un 0,6% más por el alza de la media de todas sus pensiones. En la Comunidad Valenciana, que al contrario se encuentra entre las que tienen la fiscalidad más alta, el incremento es del 4% para los exasalariados y un 2,8% para las pensiones máximas, que solo suponen el 4% del total de los casi 10 millones de pensionistas que hay.

Esto porque las pensiones máximas ya tributaban al tipo más alto, así que el efecto de la subida en el IRPF es menor en porcentaje. En cambio, hay otros contribuyentes que han superado los 21.000 euros y pierden la reducción fiscal por obtención de rentas del trabajo tras la subida del 8,5%.

Exentos de tributar

Las pensiones se consideran rentas del trabajo a efecto fiscales y por eso tributan en el IRPF. Este impuesto está conformado por varios tramos, en función de los ingresos, a los que se aplican tipos crecientes, que varían ligeramente según la comunidad autónoma, en una función matemática lineal que impide los saltos de tramo. Por ejemplo, un trabajador que cobra 20.200 euros anuales pagará un 19% de IRPF para los primeros 12.450 euros, y un 24% sobre la cantidad que excede esta cifra hasta los 20.200 euros (que son 7.750 euros). Además, existe una miríada de variables como deducciones, exenciones o mínimos exentos que entran en juego y que reducen lo que se acaba aportando a las arcas públicas.

Este año, además, el Gobierno ha ampliado de los 18.000 euros a los 21.000 la reducción por los rendimientos del trabajo. De esta manera, a todos los trabajadores y pensionistas que ingresen menos de 15.000 euros al año están exentos de tributar en el IRPF. Más de la mitad de los jubilados tenían a enero de este año pensiones por debajo de este importe, según la Seguridad Social. “Y hay circunstancias personales y familiares que aumentan el mínimo exento, como la edad, el tener reconocidas discapacidades o precisar de gastos de asistencia”, concluye Mollinedo.

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