Los ministros del PSOE enfrían la propuesta de Podemos para bonificar la cesta de la compra

La propuesta de Podemos para bonificar en un 14% los precios de hasta 20 productos de la cesta de la compra ante la escalada de precios, como se hacía hasta diciembre con la gasolina, ha avivado aún más la polémica en torno al extraordinario encarecimiento de los alimentos. La medida, adelantada por EL PAÍS, ha sido cuestionada este jueves por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que duda de su viabilidad. Otros dos Ministerios del ala socialista del Gobierno, Economía y Agricultura, han defendido que, de momento, hay que dar tiempo para que surta efecto la bajada del IVA de algunos alimentos, que entró en vigor en enero, y el cheque de 200 euros para las familias con rentas inferiores a 27.000 euros.

La extraordinaria subida de los precios de los alimentos ha dado pie en los últimos meses a varias iniciativas por parte de Unidas Podemos y ha provocado fricciones con sus socios del PSOE en el Gobierno. Ninguna de las propuestas —las más destacadas han sido poner topes a los precios de los alimentos e imponer un gravamen a los beneficios extraordinarios de los supermercados— ha salido adelante, mientras los socialistas han preferido hacer hincapié en medidas fiscales más dirigidas a los sectores especialmente afectados por la inflación.

La última propuesta de Podemos consiste en una bonificación del 14,4% sobre el precio de una cesta básica de 20 alimentos, lo que permitiría abaratarlos hasta el nivel que tenían en febrero de 2022, cuando estalló la guerra de Ucrania. El modelo que se utilizaría sería el mismo que se aplicó a los carburantes hasta diciembre: la bonificación se haría efectiva al pagar en caja y aparecería reflejada en el tique.

Preguntada al respecto, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reconocido “diferencias” dentro de la coalición a la hora de abordar la cuestión y ha vuelto a señalar a los supermercados, con los que propone llegar a un acuerdo para diseñar una cesta básica más asequible “a costa de los márgenes empresariales”. Esta proposición la puso Díaz sobre la mesa en septiembre y se topó con el rechazo de la distribución y con fuertes reticencias por parte de otros ministros. La iniciativa de Podemos, que en principio se aplicaría a todas las compras, independientemente del nivel de renta del consumidor, se hace con cargo a las arcas públicas y tendría un coste de 5.000 millones de euros.

La más contundente del lado del PSOE ha sido la ministra María Jesús Montero. En una entrevista a TVE, la también vicesecretaria general de la formación ha insistido en que la mejor medida para ayudar a las familias vulnerables es la rebaja del IVA, que entró en vigor en enero, y el nuevo cheque de 200 euros, que ya ha recibido 570.000 solicitudes en las primeras 24 horas. Montero ha sido muy directa sobre la posible bonificación de alimentos: “Cualquier propuesta que se quiera poner encima de la mesa tiene que ser viable y esto significa que se tiene que poder aplicar. No puede ser una medida simplemente para el debate político”.

Viabilidad de la propuesta

Desde Economía, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha asegurado que “hay distintas propuestas [sobre la mesa], siempre con la mejor intención”. Durante la presentación de un nuevo informe sobre el plan de recuperación sufragado por fondos europeos, Calviño ha sostenido que el Gobierno tiene que “analizar con seriedad” todas las iniciativas que reciba para “ver si son viables, si tienen el impacto deseado o si pueden tener efectos colaterales”.

En este sentido, ha indicado que hay que tomar decisiones tras haber hecho un análisis de la situación, y ha añadido que las medidas adoptadas hasta el momento aún “tienen recorrido” y están funcionando, como se ha demostrado con el precio de los alimentos en enero.

Ante la petición de que valorase lo que propone Podemos, la vicepresidenta ha remitido a la reunión que el ministro de Agricultura, Luis Planas, mantendrá el lunes con organizaciones de productores, distribuidores y consumidores de la cadena alimentaria. “Sobre esa base se tomará la decisión de si hace falta o no tomar otras medidas”, ha explicado la responsable de Asuntos Económicos, que ha insistido en que la rebaja del IVA y otras medidas adoptadas “seguirán desplegando sus efectos” y han mostrado ya un impacto en los datos del IPC de enero.

Planas también ha destacado que las medidas ya aplicadas se han trasladado al dato de inflación de enero. “Cualquier otra medida no sería más eficaz que las que estamos adoptando”, ha asegurado el ministro. Los alimentos subieron un 15,4%, frente al 15,7%, una ligera remisión que coincide con la entrada en vigor de la bajada del IVA, aunque los precios siguen en niveles históricamente altos.

El titular de Agricultura ha advertido esta semana que el problema principal detrás del incremento de precios es una inflación de costes y materias primas, que afecta a toda Europa, y que confía en que empiece a remitir a partir de ahora, pero ha avisado de que será de forma muy progresiva. Agricultura también acaba de publicar la lista de beneficiarios de ayudas por 300 millones para hacer frente a la escalada del precio de los fertilizantes, otro de los factores detrás del incremento de precios.

Planas también ha mostrado, una vez más, su rechazo a la idea de imponer topes a los precios de los alimentos: “No me parecen correctos los topes, porque no solo no son posibles legalmente, sino que económicamente perjudicarían mucho a la cadena alimentaria y sobre todo al sector primario”, ha afirmado tras una reunión con asociaciones agrarias. La Ley de Cadena Alimentaria prohíbe vender a pérdidas para evitar abusos dentro de la cadena por parte de las empresas a sus proveedores.

Mientras Díaz se ha mostrado partidaria de cargar el peso de la medida sobre los beneficios de las grandes distribuidoras, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, secretaria general de Podemos, ha abogado por la estrategia de intervención del precio: “La mejor propuesta, la más barata, es la del tope a una cesta básica de alimentos”. “Es una medida bienintencionada, pero no tiene sentido en una economía de mercado”, apuntó al respecto Planas el miércoles. “La idea de poner tope al precio de los alimentos no es adecuado”, concluyó en una intervención en la Comisión de Agricultura.

Las iniciativas sobre la vivienda

Las propuestas para topar las hipotecas con tipo variable y el establecimiento de un precio máximo a los alquileres llevan también tiempo sobre la mesa de la coalición de Gobierno. La propuesta de Podemos para acotar el precio de los alquileres pasaba por establecer controles estrictos, mientras que del lado socialista se prefería una política de incentivos fiscales para los propietarios que alquilasen barato. La solución final, que se recoge en el proyecto de ley de vivienda, es punto intermedio en el que se establecen topes para grandes propietarios de vivienda e incentivos fiscales para los caseros particulares.

En materia de hipotecas, la búsqueda de un punto de acuerdo es más compleja. Podemos aboga por establecer un techo para las hipotecas variables con una cuantía inferior a 300.000 euros. Una medida que tendría un año de duración y estaría destinada a contener el efecto que las subidas de tipos tienen en el euríbor, que es el índice de referencia de las hipotecas. En este asunto el PSOE y Unidas Podemos mantienen posturas aún alejadas. La propia vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, se mostraba cauta a principios de febrero y abogaba por “no poner en riesgo la estabilidad financiera” por los posibles efectos colaterales de la medida. Por su parte, Díaz cerraba este jueves su ronda de preguntas con los medios pidiendo “un poco más” para intervenir el incremento en los tipos de las hipotecas. “La subida de una cuota hipotecaria, para cualquier persona, del entorno de 250 euros es imposible”, concluyó.

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