Un preso agrede sexualmente a una funcionaria en la cárcel de A Lama, en Pontevedra

Una funcionaria del centro penitenciario de A Lama, en Pontevedra, sufrió una agresión sexual el pasado viernes por parte de un preso, según confirman fuentes de Instituciones Penitenciarias. Al interno se le aplicó una medida de internamiento y los hechos han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía, según las mismas fuentes. El sindicato ACAIP-UGT, mayoritario entre los trabajadores penitenciarios, ha hecho público este lunes lo ocurrido. Según su versión, la víctima fue arrinconada en una pared por el interno, que la besó a la fuerza y le produjo heridas en un labio. La mujer logró liberarse, pero el agresor la persiguió, acosándola verbalmente. “El ataque ha generado una profunda indignación y ha reabierto el debate sobre las medidas de protección en el entorno penitenciario”, subrayan en el sindicato.

El interno, identificado con las iniciales M.B. y con “un historial conflictivo”, según el sindicato, se acercó a la funcionaria cuando ella vigilaba la segunda galería del centro penitenciario. Según la versión de ACAIP, la sorprendió en una de las escaleras alegando que debía entregarle un documento. “Cuando la funcionaria se acercó para leer el papel, el interno la sujetó por el cuello, arrinconándola contra la pared y tratando de besarla a la fuerza”, explican. “A pesar de la resistencia de ella, el agresor logró introducir su lengua en su boca, mientras presionaba su cuerpo contra el de ella, llegando a morderle el labio superior y produciéndole heridas”, añaden. Cuando logró zafarse, fue perseguida por el interno, que continuó acosándola verbalmente. Entonces, la mujer llegó a una cabina de seguridad, donde se encontraban otros compañeros, y el jefe de servicio, que ordenó el traslado provisional a aislamiento del interno, continúan.

“La situación es una de las más graves y más complicadas que se han vivido en los últimos años”, señala el portavoz del sindicato, Joaquín Leyva. Aunque las lesiones no sean graves ―la mujer tiene una pequeña laceración en el labio― “las consecuencias psicológicas pueden ser muy duras”, añade. El sindicato destaca la “diligencia” del centro en este caso, pero protestan porque este tipo de situaciones no queden registradas en el protocolo de prevención de las agresiones si no hay una agresión física o una lesión.

“No es un caso aislado, sino el reflejo de una problemática más amplia que afecta a las trabajadoras penitenciarias”, añade este portavoz. Este lunes, día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, el sindicato también ha detallado otras situaciones con las que se encuentran las funcionarias de prisiones, como que los internos aparezcan desnudos en los recuentos a sabiendas de que será una funcionaria quien abra la mirilla, y que les digan frases como “abre la puerta y entra, te estaba esperando” o “sé que te gusto, mira qué polla tengo para ti, zorra”. También que las embistan con sus genitales durante un cacheo o que se saquen el pene delante de varias funcionarias y les digan que se los chupen.

El sindicato denuncia que Instituciones Penitenciarias no les ha facilitado el número concreto de denuncias de acoso, agresión o amenaza hacia las funcionarias entre 2021 y 2023, como le pidieron a través del Portal de Transparencia, diciendo que es imposible hacer una “explotación estadística” de los datos. “Existe una obligación desde mayo de 2021 de llevar un control estadístico”, subraya Leyva, en referencia a la resolución que creó el departamento de igualdad de Instituciones Penitenciarias que obliga a recabar estos datos, desagregados por sexo, para la promoción de acciones de igualdad y por razón de sexo. “Negar el problema no nos protege”, inciden. “Todos los incidentes de acoso sexual, todos los incidentes de exhibicionismo están registrados en el sistema informático con una categoría propia”, asegura un portavoz de Instituciones Penitenciarias.

La respuesta de Instituciones Penitenciarias a ACAIP-UGT, recibida el 14 de agosto y a la que ha tenido acceso EL PAÍS, asegura que no es posible hacer la “explotación estadística” que le solicitó el sindicato “a través de las herramientas informáticas de la Secretaría General”. “Significaría hacer un estudio caso por caso, centro a centro, mediante un análisis jurídico en soporte papel (expediente personal de los internos e internas) de cada denuncia que hubiera sido conocida por este centro directivo”, añaden. El escrito, firmado por el director general de Ejecución Penal y Reinserción Social, Miguel Ángel Vicente Cuenca, concluye que “no es abordable” realizar un análisis estadístico ad hoc porque implicaría la dedicación de recursos humanos “con cualificación jurídica” en los 80 centros penitenciarios dependientes de la Administración General del Estado, y que dejarían de hacer sus tareas de atención a la población reclusa.

Entre las principales demandas del sindicato se encuentra la incorporación de las agresiones sexuales en los protocolos de prevención de agresiones, el cumplimiento riguroso de los procedimientos para investigar y sancionar estas conductas, y la recopilación y análisis de datos específicos sobre acoso y violencia por razón de sexo en los centros penitenciarios. “El trabajo penitenciario, ya de por sí complicado y estresante, no puede convertirse en una experiencia marcada por la tensión constante ante posibles agresiones”, añaden.

“Desde el año 2007, cuando se produjo la unificación de las escalas, han ido entrando más mujeres funcionarias. Ahora tenemos entre un 30% y un 35% en servicio de vigilancia en prisiones de hombres. Este problema va a ir a más. Todos estamos expuestos a agresiones, pero las compañeras se encuentran con un plus que es el de la violencia sexual. Quizás es el momento de abordar este tema, porque el riesgo cero no existe, pero hay que minimizar los riesgos”, valora el portavoz sindical.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.