Tensión en Pontevedra: el Supremo decide si la fábrica de Ence al pie de la ría debe ser desmantelada

Quedarse o marchar. El futuro de la fábrica de celulosas de Ence en Pontevedra (83.000 habitantes), ubicada desde 1959 en terrenos públicos al pie de la ría que se adentra en la ciudad, ha dividido durante años a los vecinos y a la clase política frente a la unidad de una plantilla que, con el apoyo de los sindicatos, defiende la continuidad de los puestos de trabajo por encima de todo. La posibilidad de que esta factoría pueda seguir operando otros 60 años más en suelo afectado por la Ley de Costas pende del dictamen que el Tribunal Supremo emitirá este martes.

Tras los recursos del Ayuntamiento y Greenpeace contra la prórroga que le otorgó el Gobierno del pontevedrés Mariano Rajoy en 2016, el alto tribunal debe decidir si se cierra la planta, lo que abriría la puerta a un posible traslado que la empresa ve inviable en Galicia. “Después de tres años de espera, nos sentimos marionetas de los políticos, que han sido incapaces de negociar una alternativa al cierre para mantener los 5.000 puestos de trabajo que genera esta industria”, esgrimen los trabajadores sobre el impacto indirecto de una planta que emplea a unas 500 personas entre oficinas y fábrica.

Los magistrados de lo Contencioso se reunirán este martes para votar y fallar sobre el recurso de casación de Ence contra la sentencia de la Audiencia Nacional que en 2021 anuló la prórroga que le había concedido el Gobierno de Rajoy cinco años antes y que extendía al año 2073 el límite temporal para su actividad. El tribunal admitió el recurso del Ayuntamiento de Pontevedra a la medida. El gobierno de izquierdas presidido por el BNG desde 1999 defiende el traslado de la pastera a otro emplazamiento para “luchar contra la contaminación”, en línea con el movimiento ecologista Greeanpeace, que también recurrió. Otro recurso, el de la Asociación en Defensa de la Ría (PDRA), está pendiente de resolución.

En este contencioso en el que el tribunal ha entendido que Ence no justificó que su emplazamiento a pie de ría fuese “imprescindible”, el Gobierno de Pedro Sánchez se allanó, lo que supuso un cambio de criterio de la Abogacía del Estado, que con Rajoy en La Moncloa había abierto la puerta a la prórroga de Costas. Ante este frente judicial, Ence congeló las inversiones millonarias para modernizar la factoría y nació un movimiento social y sindical (CC OO, CIG y UGT) contra el cierre de la planta que nunca antes había provocado tanta división, aunque solo encontró el apoyo de la Xunta del PP. Las polémicas instalaciones de la factoría empezaron a cuestionarse hace casi 20 años, durante el mandato del socialista Emilio Pérez Touriño al frente del Gobierno autonómico.

El desánimo ha impregnado a la plantilla, que apela a la cordura del alto tribunal como única salida: “Se acerca el día y estamos con los ánimos bajo cero porque la cosa pinta mal, ya nos lo han dicho los abogados, y nos sentimos marionetas de los políticos que han sido incapaces de buscar una salida. Mientras, ellos defienden su sillón y nosotros, nuestro trabajo, que es lo único que está en juego si hay cierre”, explica un trabajador a la salida de la fábrica junto a otros tres compañeros. “No pongas nombres, ya tenemos bastantes problemas y no queremos represalias por estar en medio de esta guerra política, la gente está muy nerviosa porque esta incertidumbre ha durado mucho tiempo”, añade.

Hace apenas un año que hubo elecciones sindicales y CC OO volvió a ser el sindicato mayoritario, seguido de la CIG y UGT. “No hemos tenido ningún tipo de apoyo de la Administración central, parece que nuestros empleos son de segunda categoría en este país y aun así estamos esperanzados de que se imponga la cordura que no han tenido los políticos, porque el impacto que tendrá está decisión judicial es vital para el sector forestal gallego, no solo es un golpe para la plantilla”, proclama Rubén Fernández, secretario del comité de empresa.

El representante de CC OO lamenta que el prometido estudio estatal sobre la posible reubicación en Galicia de la planta sea papel mojado. “No tenemos la más mínima seguridad de futuro y da miedo pensar en el golpe económico que pueda producirse, y no entendemos que hayan pasado estos años dejando un asunto tan trascendental en el ámbito laboral y de tejido industrial solo en manos de unos jueces. Por eso nos sentimos maniatados, sin apoyo y a expensas de los gobiernos de turno. Pero viendo cómo responde la clase política, ya no nos extraña nada”, reprocha Fernández.

Hace más de un año, tras la sentencia de la Audiencia Nacional, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, se comprometió en Pontevedra a buscar una posible reubicación de la planta en una mesa de seguimiento con trabajadores y sindicatos. Morán manifestó el pasado jueves que “no hay un plan A o plan B, hay obligación de ejecutar la sentencia en todos sus términos”, y garantizó “apoyo” a los trabajadores de la planta. Morán delega la responsabilidad sobre el futuro de la fábrica en la propia compañía: “Tratar de anticiparse a la sentencia sería bastante osado, confiamos en que la empresa estará pensando en su propia capacidad de continuidad en el tiempo y la garantía de los empleos, y, ahí, Ence tendrá el apoyo de la Administración del Estado para que no vaya en menoscabo de los empleos”.

El secretario de Estado se mostró escéptico con el informe técnico que Ence elaboró en el que exploraba distintos polígonos y áreas industriales de Galicia, susceptibles de una factoría similar a la de Lourizán. El documento no encuentra una ubicación alternativa, argumentando factores técnicos como el impacto visual, el volumen de agua requerida o la superficie.

Consecuencias en el sector maderero

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, participó el pasado viernes en un coloquio en Santiago sobre la industria forestal con el director territorial en Galicia del grupo Ence, Antonio Casal. Dio su apoyo a la pastera y apostó por su permanencia en la ría de Pontevedra. “Es una industria que desde el punto de vista medioambiental cumple todas las exigencias que se implementan por lo que su futuro es responsabilidad de todos”, subrayó.

Un acto casi paralelo reunió ese día en Pontevedra a representantes de sectores empresariales y sindicales que reivindican un fallo del Supremo a favor de la continuidad de la pastera. “Galicia como país no puede perder una empresa tractora como Ence”, señala Elier Ojea, presidente de la Federación Empresarial de Asociaciones y Rematantes de Maderas de Galicia (Fearmaga), que vaticina el cierre de muchas pymes si el fallo es desfavorable para la factoría. Ojea pone encima de la mesa los datos del sector: Galicia corta la mitad de la madera de España, con el 7% de territorio de todo el Estado, y con 3.000 pequeñas empresas que dependen de esta industria. “Esto es más grave de lo que parece, ya que este sector genera más empleo que el textil o el pesquero en Galicia y se vería seriamente dañado con el cierre”, añade.

En el ámbito político gallego las posturas siguen enfrentadas. El vicepresidente primero de la Xunta y conselleiro de Economía, Francisco Conde, acusa al Gobierno central de “provocar esta situación con la intención de echar a la papelera de Galicia”. La posición de Conde encalla con la esgrimida por la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón. “Esperamos que la sentencia de la Audiencia Nacional se ratifique porque lo contrario sería sorprendente”, declaró recientemente en una visita a Pontevedra para apoyar al alcalde de su partido que se presenta en mayo a la reelección.

Contestación ecologista

Los colectivos ecologistas llevan décadas reclamando el cierre de Ence. Activistas de Greenpeace, que ahora forma parte de la contienda judicial contra la planta, han protestado de muchas formas, incluida una ocasión en que se encadenaron en los años 90 a la fachada principal de las instalaciones y devolvieron parte de los residuos que vertía en la ría. También destaca la contestación de la Asociación pola Defensa da Ría, que ha organizado manifestaciones a las que han acudido miles de personas. La empresa fue condena por delito ecológico continuado entre 1985 y 1992, al que se avinieron sus responsables, patente en una sentencia judicial de 2002. La compañía defiende que se ha producido una mejora sustancial de la depuración de residuos desde entonces.

En marzo de 2021 la Fiscalía de Pontevedra inició una investigación sobre las condiciones de seguridad de la planta, tras las declaraciones realizadas por el presidente de Ence, Ignacio Colmenares, “sobre un riesgo ambiental con posible afectación de las personas”. Colmenares hizo las polémicas declaraciones en un contexto interno de la compañía, cuando este se dirigía a los trabajadores a propósito del futuro de la factoría. El ministerio público solicitó informes sobre el estado de la planta a la Policía Judicial de la Unidad de la Guardia Civil del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y a varias delegaciones de la Xunta, para valorar si las instalaciones entrañan un riesgo para la seguridad de la población de su entorno. Poco después, la denuncia fue archivada por la Fiscalía e inadmitida por el Juzgado de Instrucción Número 2 de Pontevedra.