El Supremo estima el recurso de Ence y permite a la fábrica de celulosas mantenerse en la ría de Pontevedra

El Supremo ha despejado definitivamente el camino para que la fábrica de Ence de Pontevedra siga operando hasta 2073 en un terreno protegido actualmente por la Ley de Costas. La sentencia comunicada este martes por la mañana pone fin al largo recorrido judicial del Ayuntamiento, la Asociación Pola Defensa da Ría (APDR) y Greenpeace contra una factoría que remodeló la fachada marítima a mediados del siglo pasado —y cambió buena parte del paisaje forestal gallego forzando el monocultivo del eucalipto—.

La Sección Quinta de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo le da la razón a la empresa y estima sus recursos frente a la sentencia de la Audiencia Nacional de 2021 que a punto estuvo de expulsar a Ence de Galicia. En esencia, valida la prórroga que en 2016 le concedió el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy y que le valió al expresidente ser declarado persona non grata por el Ayuntamiento pontevedrés.

La reforma impulsada por el PP en la Ley de Costas unos años antes, en 2013, siendo ministro de Agricultura y Medio Ambiente Miguel Arias Cañete, fue determinante para que el Gobierno de Rajoy pudiese otorgar esa prórroga. Sin ella, la compañía tendría que haber desmantelado la planta en 2018.

A falta de conocerse el fallo, ya que el Tribunal tiene dos semanas para comunicarlo a las partes con todos los detalles y argumentos jurídicos, los magistrados consideran que se pueden prorrogar las concesiones anteriores en un suelo afectado por la Ley de Costas de 1988 siempre que consten informes medioambientales favorables, como era el caso.

Ence ocupa, en virtud de una orden ministerial otorgada en la dictadura franquista, varios miles de metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre en la marisma de Lourizán desde el año 1959. Ese enclave, delante de un rico banco marisquero situado en la boca de la ría de Pontevedra (83.000 habitantes), ha dividido durante años a los vecinos y a la clase política frente a la unidad de una plantilla que, con el apoyo de los sindicatos, ha defendido hasta la sentencia de este martes la continuidad de los puestos de trabajo por encima de todo.

Ahora la empresa, líder europea en fabricación de celulosa de eucalipto, respira tranquila. En un comunicado, resalta que “las sentencias del Tribunal Supremo despejan la incertidumbre sobre el futuro de esta instalación y de las 5.100 familias vinculadas a su actividad. De este modo, aportan a la compañía la seguridad necesaria para acometer sus planes de futuro en esta biofábrica”.

También las cuentas del grupo lo notarán, y mucho. “La reversión de los deterioros de activos y provisiones de gastos registrados en los estados financieros de 2021, como consecuencia de las sentencias de la Audiencia Nacional, tendrá un impacto positivo estimado de 169 millones de euros en el beneficio de la empresa de 2022″, reconoce el grupo. Las acciones en Bolsa cerraron a 3,87 euros tras un alza de un 27%, y durante la jornada su capitalización avanzó en 202 millones de euros, hasta los 950 millones. Ence tiene como accionista mayoritario, con el 29,4%, a Juan Luis Arregui, fundador de Gamesa, que dejó la presidencia en 2019 tras 13 años en el cargo. La compañía de origen público vinculada al antiguo Instituto Nacional de Industria (entre 1950 y su salida a Bolsa en 1990), tiene en su accionariado a destacados empresarios, como José Ignacio Comege o Víctor Urrutia, según los registros de la CNMV.

Los colectivos ecologistas siempre han reclamado el cierre de la fábrica de Lourizán por motivos medioambientales y sociales y recurrieron ante la Audiencia Nacional la concesión de la prórroga que ahora ha dado como válida el Supremo. Activistas de Greenpeace llegaron a encadenarse en los años noventa a la fachada principal de las instalaciones y devolvieron parte de los residuos que la planta vertía en la ría. También la APDR organizó numerosas movilizaciones para denunciar los efectos medioambientales de la pastera gallega.

La empresa fue condenada por delito ecológico continuado en 2002 en un juicio de conformidad en el que seis de sus directivos asumieron los cargos y tuvieron que indemnizar con más 432.000 euros a la Xunta para destinarlos a la recuperación de la ría. Las condenas consistieron en multas de 30.000 euros para cada uno por vertidos entre 1985 y 1992.

Desde entonces, la compañía, que en el pasado sentó en su consejo a expolíticos del Partido Popular, como la exministra Isabel Tocino, el expresidente del Senado con el PP, Juan Ignacio Barrero o José Carlos del Álamo, exconsejero en gobiernos de Manuel Fraga en la Xunta, ha defendido la mejora sustancial de la depuración de residuos en sus instalaciones con inversiones puntuales en la factoría. Aseguran que su biofábrica de la capital de las Rías Baixas es una de las primeras del mundo en “desempeño medioambiental”, y es una de las dos únicas factorías de Europa que produce pasta de papel totalmente libre de cloro, a partir de madera de eucalipto producida en cultivos forestales de Galicia. Un gran porcentaje de la producción es convertida en papel tisú, si bien la pasta también es usada para realizar otras aplicaciones papeleras. Ence defiende que la planta cumple con todos los estándares de seguridad posibles, como una certificación AENOR que acredita el cumplimiento de la normativa internacional y “un robusto sistema de gestión de la seguridad”, acreditado en varios informes.

Sin embargo, en marzo de 2021 la Fiscalía de Pontevedra abrió una investigación de oficio sobre las condiciones de seguridad de la planta, tras las declaraciones realizadas por el presidente de Ence, Ignacio Colmenares, “sobre un riesgo ambiental con posible afectación de las personas”.

Colmenares hizo estas afirmaciones en un contexto interno de la compañía, cuando este se dirigía a los trabajadores a propósito del futuro de la factoría y se filtró la grabación. En esencia, alertaba de que la inseguridad jurídica derivada de la oposición social limitaba la apuesta del grupo por Pontevedra, no de un peligro inminente. El ministerio público solicitó informes sobre el estado de la planta a la Policía Judicial de la Unidad de la Guardia Civil del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y a varias delegaciones de la Xunta, para valorar si las instalaciones entrañaban un riesgo para la seguridad de la población de su entorno. Poco después, la denuncia fue archivada al ser desestimada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Pontevedra.

Proceso de diálogo

El grupo es consciente de que, más allá del fallo, una gran parte de la sociedad, desde organizaciones ecologistas a entidades vecinales y el propio Ayuntamiento, seguirán peleando contra su permanencia aunque la sentencia sea firme. Por eso el presidente de la firma, Ignacio Colmenares, se ha apresurado a pedir calma. “Queremos seguir escuchando la voz de todos”, aseguró en el comunicado. “Esta invitación al diálogo y a la escucha activa incluye también a los colectivos más críticos con la actividad de Ence Pontevedra, a los que volveremos a invitar a reunirse con nosotros”.

Uno de los puntos que su empresa deberá abordar será la reanudación de las inversiones paralizadas por la incertidumbre que hasta ahora pesaba sobre su futuro. Inversiones que durante los últimos años fueron redireccionándose hacia su fábrica de Navia, para la que aprobó un plan de 105 millones en mejoras. Por el momento, la empresa ha mencionado que su compromiso se trasladará al plan social que desarrolla en la comarca “de forma inmediata”.

Las reacciones al pronunciamiento del tribunal, sin embargo, reflejan lo profundo del conflicto con la celulosa. El presidente de la Xunta, el pontevedrés Alfonso Rueda, lo calificó a través de su cuenta de Twitter como “una victoria para muchas familias que van a poder seguir viviendo y trabajando” en la capital gallega. “Gana la sensatez y gana la legalidad, y después de muchos meses de incertidumbre, los puestos de trabajo quedan asegurados”.

Frente a Rueda, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, cree que la sentencia “será recordada por injusta e inexplicable. Sabemos que las multinacionales tienen poderes en la sombra. Nada nos impedirá seguir luchando para sacar a Ence de la ría de Pontevedra. Hoy con más fuerza que nunca”. También Greenpeace se lamenta porque “el medioambiente sale perdiendo”, al permitir a la empresa seguir trabajando “en una actividad altamente lesiva y que resulta incompatible con la Ley de Costas, ya que podría desarrollarse en cualquier otro lugar”. El último en pronunciarse en la jornada de este martes no lo hizo con ningún comunicado, sino en una rueda de prensa. El alcalde nacionalista de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores cree que el veredicto “es una gran sorpresa y supone cargarse la Ley de Costas y la recuperación del litoral. Nunca dejaré de luchar por todas las vías posibles para ver cumplido un sueño que tienen la inmensa mayoría de los pontevedreses para recuperar un espacio de alta calidad ambiental”. El político recordó la lucha “desigual contra el Estado y el gran capital, pero como diría Quevedo, poderoso caballero es don dinero”. El Ayuntamiento analizará los fundamentos jurídicos de la sentencia cuando tenga el texto completo.